martes, 30 de octubre de 2012

DOMATO: EL GENOCIDA QUE ENTREGÓ SU NIETA.

30/10/2012

(MDT) El juez federal subrogante de Formosa, Pablo Nuñez Pividori, procesó con prisión preventiva al tenebroso represor Horacio Rafael Domato, quien actuara en la dictadura como responsable del Centro Clandestino de Detención Regimiento 29 de Infantería de Monte 29 de Formosa. Tambien actuó en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita de San Antonio" de la Policía de la Provincia de Formosa.

Domato estuvo prófugo de la justicia durante seis años. En diciembre del año 2011, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Filial Formosa, denunció judicialmente que el represor continuaba cobrando sus haberes como gendarme retirado en la ciudad de Córdoba, donde se presentaba a la Policía para que le extiendan certificados de supervivencia. Ello posibilitó su detención en Mayo de 2012.

Cuando la comisión policial enviada especialmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación se presentó al domicilio de su hija en la Provincia de Córdoba, el represor se presentó como un amigo de la familia. El engaño estaba por funcionar hasta la llegada de su nieta de la escuela quien, delante de los policías lo abrazó diciéndole ¡abuelo!.

Hasta entonces, Domato realizaba actividades comerciales en la venta de cueros en Asunción del Paraguay y comia asados en Formosa asiduamente con personajes de la vida política y social.

Trasladado a Formosa, resultó imposible obtener una fotografía actual de el dada la protección que le brinda el Servicio Penitenciario Federal en ese sentido.

En este mes de octubre Domato fue procesado por asociación ilícita en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad (32 hechos) y por tormentos agravados en 27 hechos.  También por la desaparición forzada de los militantes del PRT Fausto Augusto Carrillo, Mirta Insfran y Ricardo Borgner, y el policía Luciano Ramón Díaz. Por cierto no fueron los únicos delitos cometidos por el torturador ya que por los Centros Clandestinos de Detención formoseños pasaron centenares de detenidos, muchos de los cuales continúan hoy desaparecidos.

Entre los delitos cometidos se destacan las horribles torturas cometidas contra el soldado conscripto Carlos Rolando Genes, acusado de “bailar con una subversiva en una fiesta”, quien apareció suicidado en su celda del Regimiento que debía cuidarlo por estar bajo bandera. El homicidio de Genes quedó en el tintero del auto de procesamiento, independientemente de si se trató de un homicidio o un suicidio. Genes era hermano de un Ramón Gumersindo Acosta, un gendarme que cayó combatiendo en Malvinas durante la dictadura.

El mantenimiento de su prisión preventiva se fundó en el carácter de delitos de lesa humanidad que se le endilgan.

domingo, 28 de octubre de 2012

Los principios sagrados

28/10/2012

A fines de 1976, el capitán Oscar Alfredo Castro arengaba a colimbas a participar de la “nueva gesta libertadora” mientras sus hijos llevaban seis meses de cautiverio en Campo de Mayo. “Hicimos un pacto” de no pedir explicaciones a otras fuerzas, se justificaba entonces. “¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”, propone ahora desde su arresto hogareño.


Por Diego Martínez

El capitán habla de guerra. “Claro que hubo una guerra.” El capitán condujo “eficazmente” la Fuerza de Tareas 2, “empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”, lo elogió el vicealmirante Luis María Mendía a fines de 1976, mientras los hijos del capitán estaban secuestrados en Campo de Mayo. Esa tarde, en la base de Puerto Belgrano, caracterizó al enemigo: “Grupos siniestros, renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos”. Antes de tomarles juramento a 3500 conscriptos dijo que “la Providencia” los había elegido para la “nueva gesta libertadora”, que debían defender un estilo de vida “a cualquier costo y por todos los medios” y dejó constancia de su “amor a la libertad dentro del marco de la familia”. Sus hijos llevaban medio año con capucha y grilletes. “¿Qué estaban haciendo?,” apuntó a las víctimas cuando supo del segundo secuestro. “No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto”, se justificó. Treinta y seis años después, detrás del muro que construyó antes de ser arrestado en su casa de Gonnet y a meses de ser juzgado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el capitán reniega de la actual “dictadura” aunque admite estar “feliz y contento”. En su living hay cuadros de Jesús crucificado y de la virgen María, pero nada recuerda a sus hijos desaparecidos. “Ya pasó, terminemos –propone–. ¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”

El primer secuestro de los hermanos Castro fue el 22 de mayo de 1976, en su casa de Ciudad Jardín. Alfredo, de 21 años, estudiaba derecho en la UBA y había militado en la Juventud Universitaria Peronista. Luis, de 18, estudiaba en la Escuela Técnica 12 de San Martín, militaba en la JP de Caseros y había sido detenido en 1975. Su padre se había alejado de la familia ocho años antes, cuando el menor de sus cuatro hijos tenía cuatro meses. Desde 1972 dejó de nombrarlos hasta en los censos del personal superior de las Fuerzas Armadas.

Soldados con pelucas puestas se llevaron primero a Luis. Alfredo alertó al tío materno, el coronel Ezequiel Montero, quien sugirió que se trataba de “un tema de polleras”. La patota volvió y se llevó a un amigo de Luis que vivía en la casa. El tío prometió estar a las ocho. “Te cuelgo que vuelven”, dijo Alfredo antes de que lo cargaran en un Fairlane colorado. Esa noche también fueron secuestrados Fernando Barro y los hermanos Andrés y Daniel Barciocco con sus padres. Los Barciocco eran compañeros de Luis en el grupo scout de la parroquia San Francisco de Asís de Villa Bosch, que entre 1976 y 1977 sumó 18 desaparecidos.

Luis Marcelo Casto Montero. Militante de la Union
de Estudiantes Secundarios,
La madre de los Castro, testigo del secuestro, centró las primeras esperanzas en su hermano, coronel retirado pero en servicio en Inteligencia de Ejército. Quelito la acompañó a hacer la denuncia y desapareció de escena.

Con el capitán al frente de la Fuerza de Apoyo Anfibio y desde el 1º de julio de la F.T.2 en Puerto Belgrano, que acumulaba secuestrados en el buque 9 de Julio y en la sexta batería histórica de Punta Alta, fue su hermano quien indagó sobre Alfredo y Luis. El primer dato que obtuvo el capitán retirado Miguel Horacio Castro, en ese entonces empleado de seguridad del diario Clarín, lo aportó el amigo de Luis, liberado a los 22 días: habló de un galpón, una pista de aterrizaje, helicópteros, un campo y una fábrica de ladrillos. El marino concluyó que estaban en Campo de Mayo (allí estuvieron los Barciocco según el ex sargento Víctor Ibáñez) y por el número de secuestrado pudo saber que sus sobrinos habían sido registrados con el anterior y el posterior.

La única gestión conocida de Castro por sus hijos tuvo como destinatario al cura Mario Bertone, referente del grupo scout, con quien se formaron y construyeron la parroquia, donde hoy se los recuerda desde un mural. Castro buscó a Bertone en su casa de Villa Bosch. “Casi tiran la puerta abajo”, recuerda la viuda del ex sacerdote, que dejó los hábitos para casarse. “Mis hijos desaparecieron por tu culpa y lo vas a pagar caro”, gritó el capitán. “Estaba con dos o tres hombres, pensé que nos llevaban”, confiesa la mujer. “Tenía un odio terrible con Mario, que lo conocía de la pastoral de familia de Palomar –explica–. Después nos rajamos, sabemos que nos estuvieron buscando.”

En noviembre alguien llamó a la casa de los hermanos y dijo que no podía identificarse. La madre exigió que le hablaran de frente, el diálogo terminó a los gritos y siguió días después:

–Necesito saber cómo va a encauzarlos –la indagó el secuestrador–. Queremos dárselos al padre y (los hermanos) no quieren. Queremos dárselos a su hermano (el coronel) y no quieren. No quieren salir de aquí si no es con usted.

–Son muy buenos hijos. Buena o mala son mi obra –se enorgulleció la mujer–. He sido padre y madre así que pienso seguir siéndolo. Si pretenden más... imposible.

Mientras la madre luchaba por sus hijos, el padre arengaba a 3500 colimbas en el cierre del “año naval”. El 26 de noviembre, en el estadio de Puerto Belgrano, el vicealmirante Mendía elogió “el celo” de la Infantería por “haber soportado el mayor peso de las actividades antisubversivas”. Castro, que ese día festejó el primer año de los mellizos que tuvo con su segunda esposa, advirtió a los conscriptos que “la Nación, sus instituciones, sus hombres y mujeres, están nuevamente en peligro”. “Renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos pretenden destruirlos y reemplazar aquellos principios sagrados que dieran razón de ser a nuestra comunidad por bastardos argumentos, ajenos al sentimiento nacional”, dijo, rodeado por la plana mayor de la Armada y por el general Adel Vilas.

“Deben estar listos a reafirmar con su sacrificio la voluntad nacional de mantener a cualquier costo aquellos principios que desde siempre informaron a la República”, leyó. “La Providencia los ha elegido” para “apuntalar los conceptos primigenios de la argentinidad: nuestra profunda fe en Dios, vocación de soberanía e independencia, acatamiento al orden jurídico del Estado, amor a la libertad dentro del marco de la familia y de los límites que nos fija el bien común de la sociedad, y nuestra irrevocable decisión de impedir a cualquier costo y por todos los medios que nadie nos imponga otro estilo de vida”.

Cuando “pronunciéis el sí juro quedáis (sic) formalmente enrolados en esta nueva gesta libertadora a la que todos los argentinos de bien ya se han incorporado espiritualmente”, lo citó el diario La Nueva Provincia. El capitán no sólo se había incorporado espiritualmente. El mismo día, en su legajo, Mendía apuntó que Castro “conduce eficazmente el planeamiento, la organización y ejecución de las acciones a desarrollar por su Fuerza de Tareas, empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”. Lo conocía de destinos anteriores, pero lo calificaba “exclusivamente” como “comandante en acción de combate”, aclaró.

Liberación

A 700 kilómetros, la madre de sus hijos golpeaba puertas. El 21 de diciembre, la voz sin nombre le informó que los liberaría. Los largaron el 23. “Tenían la barba larga, sucios, un olor acre. Estaban con la misma ropa. Luis flaco, Alfredo gordo, había pasado meses en una celda donde apenas entraba acostado y sólo comía pan. Se había tenido que romper los pantalones, le habían engordado las piernas”, recuerda su novia Marita, que prefiere ser citada sólo como la llamaba la familia. Del cautiverio dijeron poco: que estuvieron vendados, encapuchados y atados, custodiados por perros y gendarmes; que los torturaron con picana, que estuvieron en un galpón con muchos secuestrados, algunos desde el año anterior, y que en octubre Alfredo fue aislado en una celda.

Luis contó que conversaba, encapuchado, con alguien que su madre asoció con la voz sin nombre: el coronel Fernando Verplaetsen, su vecino en Ciudad Jardín y jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. La mujer de Verplaetsen, maestra de la Escuela 28, le rogaba que no lastimaran a Luis ya que lo recordaba con cariño porque lo había visto cuidar a su hermano menor, Danielito. La mujer había visto cómo Luis llevaba y traía de la guardería al niño abandonado por su padre a los cuatro meses, y que a los dos años moriría ahogado en la pileta de la casa.

Cuando supo de la liberación, el capitán Castro se reunió con los dos mayores de sus ya siete hijos y les aconsejó irse del país. “Tenés que convencerlo”, le pidió a la novia de Alfredo. “Pensar que he visto morir compañeros y vengo de Puerto Belgrano”, murmuraba indignado por el destino de esos pibes que a fin de cuentas eran sus hijos. Salir de la Argentina no figuraba entre las alternativas que barajaban Alfredo y Luis. Ambos se sabían controlados, incluso en la Nochebuena posterior a la liberación, una pareja en un Falcon se instaló frente a su casa toda la noche, a la espera de algún contacto que nunca llegó.

En el verano de 1977, mientras el capitán asumía como subdirector de la Escuela de Guerra Naval, a metros de la ESMA, Luis empezó a repartir cosméticos con el Citroën de su madre y consiguió autorización para hacer sexto año libre. Alfredo pudo volver a caminar despacio, consiguió trabajo, retomó Derecho, compró colchón y heladera para casarse, aunque insistía en que no podía alejarse de su madre. Pero el 30 de junio de 1977 le dio la razón a Marita: no podían vivir aterrados, iban a casarse y a radicarse en el interior. Esa misma noche se lo llevaron para siempre junto a su hermano.

Segundo secuestro

El hombre alto, de tez blanca y ojos claros que llevaba la batuta no hizo preguntas. Apenas ordenó revisar la biblioteca y el Citroën.

–¿Qué es esto? –indagó al ver balas en una repisa.

–De mi ex marido, capitán de navío.

El militar no se inmutó ante un dato que conocía y ordenó a los hermanos que se vistieran. “Vamos a hacer un memo a la comisaría de Caseros”, mintió. Alfredo y Luis se despidieron de su madre con un beso. Caminaron 50 metros y los cargaron en una camioneta.

Descartada la ayuda del hermano coronel, la madre, que ese año marcharía en Plaza de Mayo, fue en busca de la voz sin nombre que interrogaba a Luis.

–¿Cómo no me vino a ver antes? –preguntó Verplaetsen, que vivía a 150 metros.

–En la escuela no me enseñaron qué hacer cuando nos secuestran un hijo –-le explicó.

El jefe de Inteligencia de Campo de Mayo le dijo que desconocía los operativos de la noche anterior, sugirió que “gente de Palomar” (léase base de la Fuerza Aérea) había “entrado sin autorización” a su jurisdicción y le recomendó volver días después. Cuando Esther fue al Colegio Militar, le dijeron que “seguro fueron los terroristas”.

–Mire, señor, las manos de los que vinieron a buscar a mis hijos son las mismas manos del que vivió conmigo doce años. Esas manos no las tienen los terroristas, las tienen los que están en un escritorio con tintorería y peluquería al lado –describió a Castro.

Al día siguiente Verplaetsen le pidió que no volviera. Le dijo que sus hijos estaban “metidos en problemas” y que debería esperarlos “muchos años”.

Cuando supo del segundo secuestro, el capitán puso la lupa sobre sus hijos: “¿Qué estaban haciendo?”, preguntó. “Si no los tiene la Marina, no puedo hacer nada –le explicó a Marita–. No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto y tenemos que cumplirlo.”

–¿Para qué pueden tener tanto tiempo a la gente detenida? ¿Les lavarán el cerebro? –le preguntó la novia de Alfredo.

–No, eso sale muy caro –le explicó el capitán.

Fuente: Pagina12

miércoles, 17 de octubre de 2012

MATANZA RINCON BOMBA: "Leandro Santos Costas murió impune y protegido por la justicia"

17/10/2012

Así lo indico el defensor de los Derechos Humanos y de los pueblos originarios Dr. Luis Zapiola al referirse a la muerte de quien tuviera un destacado papel, como jefe de ametralladoras pesadas, en la Matanza de Rincón Bomba ocurrido en Octubre 1947 perpetrada contra el pueblo Pilagá; una comunidad que se ubica a unos cuatrocientos metros de la entrada a la localidad de Las Lomitas de la provincia de Formosa. Costas, ex juez federal de Formosa, estaba acusado en el juzgado federal de varios delitos calificados como de lesa humanidad que incluye desaparición de personas, delitos sexuales, homicidio etc. "digo que estuvo protegido por la justicia porque la causa tiene 6 años y no se pudo conseguir que  preste declaración indagatoria". 




El defensor de los derechos humanos y de los pueblos originarios de Formosa Luis Zapiola manifestó su indignación y malestar porque la causa que investiga la masacre de una importante cantidad de personas pertenecientes a la comunidad pilaga no avanza sin embargo siguen muriendo personas que tuvieron un papel preponderante como ser el Dr. Leandro Santos Costas, además de testigos claves que sobrevivieron a lo que fue calificado  judicialmente como un crimen de lesa humanidad.

Zapiola explico que en ese momento costas ocupaba el cargo de alférez de la gendarmería nacional y estaba a cargo de la ametralladora que fue utilizada para la masacre donde inocentemente fueron acribillados niños, niñas, mujeres y hombres. 

Recordó que en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa tramita una causa por delitos de lesa humanidad donde se investigan estos hechos y que en el mes de junio de 2012, Costas se había sustraído a prestar declaración indagatoria presentando un certificado médico.

Los imputados por la masacre de Rincón Bomba son numerosos, la inmensa mayoría fallecidos, como numerosos son los sobrevivientes que demandan justicia por la muerte de sus familiares: Hace dos años murieron dos abuelas sobrevivientes en La Bomba: Lichet´a y Marta, y Desaén, de nombre en el DNI Julio Suárez, y hace solo unos días falleció otro sobreviviente: Santiago Cabrera. 

"Lo mínimo que necesita la sociedad formoseña es la verdad histórica. No puede ser que hayan pasado 6 años sin justicia cuando se entiende que la justicia justamente esta para investigar. Hasta la fecha para los desheredados de la tierra, no hay justicia" lamento Zapiola.

Fuente: FM Nueva Provincia. 

martes, 16 de octubre de 2012

IMPUNIDAD: CRIMENES DE LESA HUMANIDAD CONTRA LOS PILAGÁ

16/10/2012


Murió en Formosa a los 88 años de edad el ex juez federal Leandro Santos Costas, quien tuviera un destacado papel en la Matanza de Rincon Bomba en 1947 perpetrada contra el pueblo Pilagá.

En el mes de junio de 2012, Costas se había sustraído a prestar declaración indagatoria sobre este hecho presentando un certificado médico.

En Octubre de 1947, centenares de originarios pilagá fueron masacrados en un lugar llamado “Rincon Bomba”, a cuatrocientos metros de la entrada a la localidad de Las Lomitas en la provincia de Formosa.

Hoy, en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa tramita una causa por delitos de lesa humanidad donde se investigan estos he
chos, que dieran origen al documental de Valeria Mapelman “Octubre Pilagá – Relatos Sobre el Silencio”. Se trata de la causa “Costas Leandro Santos”.

Cuando la Ministra Nilda Garré ocupaba el Ministerio de Defensa, desclasificó y ordenó al Estado y a la Gendarmería remitir todos los antecedentes del caso, que hasta ese momento revistaban el carácter de “secreto de estado”. También ordenó que se conteste ítem por ítem la requisitoria de los fiscales intervinientes.

Leandro Santos Costa era en ese momento un joven alférez de Gendarmería. Participó activamente en la masacre de los pilagá.

Por Orden 2595 el Director General de Gendarmería Nacional lo felicita por la “valerosa y meritoria intervención llevada a cabo contra el alzamiento de indígenas pilagá el día 14 de octubre de 1947, en cuya emergencia no titubearon en afrontar la grave situación para su vida que el caso les deparaba”. Tambien lo ascendieron.

Costas era el jefe de sección Ametralladoras Pesadas. En su ascenso se tuvo en cuenta la “valerosa y meritoria intervención llevada a cabo contra el ‘alzamiento de indígenas pilagás el 14 de Octubre de 1947, en cuya emergencia no titubeó en afrontar la grave situación para su vida que el caso le deparaba”.

Costas se retiró en 1960 de la Gendarmería, y luego, ya como abogado, llegó a ser Juez Federal de Formosa, en el mismo juzgado en que hoy tramita su causa por crímenes de lesa humanidad.

Los imputados por la masacre de Rincon Bomba son numerosos, la inmensa mayoría fallecidos, como numerosos son los sobrevivientes que demandan justicia por la muerte de sus familiares: Hace dos años murieron dos abuelas sobrevivientes en La Bomba: Lichet´a y Marta, y Desaén, de nombre en el DNI Julio Suarez, y hace solo unos dás falleció otro sobreviviente: Santiago Cabrera.

Para los desheredados de la tierra, no hay justicia.

domingo, 14 de octubre de 2012

MEMPO GIARDINELLI: Sobre el odio y la paz en democracia

  • 14/10/2012

Por Mempo Giardinelli

Con la reciente rebelión de gendarmes y prefectos, si una cosa quedó clara es que todo discurso democrático pierde sentido y credibilidad cuando no se corresponde con un comportamiento democrático a la par.

Días después, y cuando se observa un desplazamiento de la política hacia el terreno judicial, cabe concluir que el golpismo en la Argentina existe y cambia de formas. Y ha de ser por eso, porque está vivo y actuante, que cada vez que ante manifestaciones de este tipo algunos salimos a decir que hay peligro de golpe, se nos acusa de exagerados o de agitar fantasmas.

Se discute entonces al emisor del mensaje pero no el mensaje. Y, argentinamente, se paraliza y deforma el debate.

Esto sucede, además, en circunstancias como las actuales, en las que la oposición política cede protagonismo a los medios y no sólo deteriora así su propia representatividad sino que autoriza, aunque no lo quiera, el aventurerismo y el maximalismo de sectores muy retardatarios por derecha y también por izquierda.

Así, el enfrentamiento con el Gobierno no se enmarca en construcción política alguna, propositiva y pacífica con vistas a ser alternativa en 2013 y 2015. Al contrario: lo que hay son expresiones heterodoxas, que incluyen griterío y provocación, funcionales a intereses empresarios y a nostálgicos de la dictadura.

De tal modo parece surgir una oposición que no es tal. Las protestas y acusaciones inorgánicas debilitan aún más a los ya desdibujados partidos políticos, a la vez que exaltan el rol de algunos comunicadores expertos en efectismo y espectáculo, y en muchos casos de dudosa moralidad.

Esa heterodoxia e inorganicidad conlleva, en esencia, valores destituyentes, porque esmerilan las bases de la democracia con discursos inflamados de fervor antipolítico y desprecio por las formas de la democracia (que en esencia es un conjunto de formas a respetar), con lo que impiden o eluden debates y subrayan solamente una supuesta, inexistente ingobernabilidad.

Es un hecho, y lamentable, que mucha gente cree que cree lo que los medios y sus periodistas todo terreno les hacen creer que creen o que deben creer. Así de sencillo y retorcido es el asunto.

Y sucede que con esos ciudadanos, muchos de los cuales pertenecen a las clases medias y medias bajas, no hay que enojarse ni hostigarlos, por más que sean muchos de ellos los que más hostigan. Hay que tratarlos con extrema paciencia y tolerancia, porque aunque no vayan a cambiar es necesario serenarlos para que no se salgan de los carriles democráticos.

Ellos son las verdaderas víctimas de la impresionante manipulación informativa que impera hoy en la Argentina –basada en el arte de titular con lo que no sucede como si fuera inminente que sucederá– y con la cual se inoculan un odio y un resentimiento absurdos. Y desde ya que no es imposible vivir en una sociedad partida al medio mientras se cumplan las reglas de la democracia, pero de todos modos es complejo, arduo y peligroso.

Y es que el odio es un sentimiento inferior, innoble, que degrada más al que odia que al odiado. Desprovisto de ética alguna aunque el odiador se autoconvenza de que su odio deviene de razones morales, odiar imposibilita todo diálogo y acuerdo. Anula acercamientos porque ensancha abismos. Y deviene enfermedad, patología que bien puede ser colectiva.

Además es un hecho que todo gobierno es cuestionable por errores, omisiones y en algunos casos abiertas comisiones como algunas que bueno sería que en el presente se investigaran y sancionaran. Pero también es un hecho cierto que los cambios que la democracia ha traído a este país son cada vez más profundos, igualitarios y modernizadores. Razones éstas por las cuales los odiadores se enfurecen, gritan, desprecian y se cierran a todo análisis, comprensión y diálogo. Porque no soportan la democracia. No es que no la quieren; es que no la toleran, les resulta tóxica.

Desde ya, está claro que el odio y la negatividad generalizados no son patrimonio exclusivo de quienes no apoyan al Gobierno. También hay blogs y expresiones kirchneristas que agitan las aguas, en la idea de que quienes no acuerdan con el Gobierno son golpistas o “enemigos”, y a veces en tonos tan belicosos como los del sistema multimediático. Eso no es bueno, y debieran tomar nota de ello los que sostienen, o dicen sostener, al Gobierno.

El odio y el resentimiento, como el golpismo, la desestabilización y el ánimo destituyente existen, pues, y se activan cada tanto en la Argentina. Guste o no a algunos lectores, denunciarlo a propósito de escarceos como el reciente de gendarmes y prefectos, es un imperativo democrático.

Y acaso también pretende ser una suave docencia para que los disconformes, los de veras afectados y los opositores de todo calibre puedan expresar sus ideas en forma pacífica, exponiendo razones y proyectos en lugar de alaridos y provocaciones. Y se sometan así a la suprema voluntad de la Constitución y las leyes. Y a su estricto cumplimiento. Como debe hacerlo la ciudadanía toda.

Fuente: Pagina12

sábado, 13 de octubre de 2012

Genio y figura

Por Horacio Verbitsky

El apoderado de las ultramontanas asociaciones “Pro Familia” y “Cristo sacerdote”, que recorre el país hasta encontrar un juzgado que acepte impedir que dos enamorados se casen, que un artista exhiba sus obras o que una pobre chica violada pueda abortar, conoce el fuero judicial desde adentro. Pedro Javier María Andere-ggen era Secretario de la Cámara Federal de la Capital cuando se inició el juicio contra las juntas militares en 1985 y actuó como quinta columna dentro del tribunal, hasta que renunció con un portazo en busca de escándalo. Andereggen tiene dos cuñados militares y fue parte de una maniobra tendiente a deslegitimar los procesos, en una exitosa operación sicológica emprendida por el abogado que contrató el Ejército para coordinar las defensas en todas las causas en las que se procesaba o imputaba a personal militar, Sergio Andrés Marutian. Se trató de una tentativa de anular el juicio contra los ex generales Ramón Camps y Ovidio Riccheri, alegando que el tribunal había entregado al fiscal Julio Strassera un borrador de la sentencia. En realidad se trataba de un resumen de las pruebas de la causa, que la Cámara puso a disposición no solo del fiscal sino también de los procesados. Marutian efectuó varias visitas a la jueza Lydia Amelia Berraz de Vidal instándola a convertir el escandalete político en un episodio judicial, pese a lo que la magistrada desestimó una denuncia del reo Camps. Lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia ante una denuncia de los abogados Eduardo Marquardt y Marcelo y Ricardo Saint Jean, miembros del equipo que coordinaba Marutian. Fracasada la instancia tribunalicia, se hizo hablar al hasta entonces sigiloso Andereggen, quien en su renuncia al Poder Judicial adujo que se había entregado al fiscal “parte de un proyecto de sentencia”. Comenzó entonces otra carrera, en el ejercicio de la profesión, como abogado en el estudio de Marutian.

Fuente: Pagina12

jueves, 11 de octubre de 2012

Horacio Verbitsky: De Tortolo al Centinela

Imagen: Rafael Yohai
Por Horacio Verbitsky

El capellán de la Gendarmería Nacional Gerardo Fernández Rizzo, separado a raíz de su participación en los actos de indisciplina por la liquidación de los sueldos de setiembre, fue secretario del ex Arzobispo de Paraná y Vicario General Castrense Adolfo Servando Tortolo y ante pedidos de auxilio de familiares de personas detenidos-desaparecidos justificó la represión contra “los subversivos”. Fernández Rizzo sugirió que el sacerdote provisoriamente a cargo del Obispado Castrense, Pedro Candia, lo expulsó por presión del gobierno nacional, y “cedió para preservar la continuidad de la diócesis castrense”. En declaraciones a medios del Grupo Clarín lamentó que lo echaran “no por pedófilo, no por ladrón, sino por cumplir con mi tarea sacerdotal. Lo único que hago es proclamar el Evangelio”, que “no es una proclama revolucionaria para derrocar a las autoridades competentes”. Añadió que “debemos perder el miedo de decir toda la verdad”. En respuesta a esta exhortación, vale la pena recordar su desempeño como el más próximo colaborador de Tortolo. En el juicio de Bahía Blanca varios ex alumnos de la Escuela Técnica secuestrados cuando eran adolescentes denunciaron el “encubrimiento eclesiástico”. Uno dijo que el sacerdote Aldo Vara visitaba en el Cuerpo V de Ejército a los seis estudiantes que antes habían sido torturados en el campo clandestino de concentración La Escuelita. “Nos traía galletitas, cigarrillos, nos preguntaba cómo habíamos llegado ahí. Pero no les avisó a nuestros padres, como le pedíamos.” Otro narró que el arzobispo Jorge Mayer les dijo a sus padres que “algo habrán hecho” los secuestrados. Varios prelados prometieron a los padres de la detenida-desaparecida bahiense Elsa Alicia Nocent interesarse por la muchacha ante las autoridades. Pero Fernández Rizzo les advirtió que no debían usarse “los derechos humanos como un instrumento político, ya que la subversión continúa asesinando a mansalva para imponer la dictadura comunista”. Ante un reclamo del padre de la desaparecida a la Conferencia Episcopal, su entonces presidente, Raúl Francisco Primatesta, interpretó que Fernández Rizzo “no ha tenido la intención de molestarlo” y negó que la hiriente respuesta implicara que “el fin justifique los medios”. Pasados 36 años y pese a los esfuerzos de los últimos gobiernos por sanear ese foco de fanatismo y violencia antidemocrática, Fernández Rizzo seguía en funciones, ahora en la Gendarmería, a la espera de un pretexto para pronunciarse en contra de las autoridades nacionales. Esto reafirma la necesidad de denunciar el concordato castrense en el que se basa la existencia de esa institución, vacante desde 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner desconoció como funcionario público al último obispo castrense, Antonio Baseotto, por su reivindicación pública de los métodos del terrorismo de Estado. El gobierno nacional propuso al Vaticano un acuerdo negociado, pero la Iglesia Católica ha dado largas al asunto, a la espera de un cambio de autoridades nacionales que vuelvan las cosas a su cauce tradicional. Como lo evidencia el caso de Fernández Rizzo, la única solución es terminar con esa institución anacrónica, de modo que tanto el personal militar como el de las fuerzas de seguridad pueda practicar el culto de su elección en los mismos templos a los que concurren quienes ejercen otras profesiones, como los escribanos, las manicuras y los cartoneros.

Fuente: Pagina12

lunes, 8 de octubre de 2012

EDUARDO ALIVERTI: Los que enrarecen

Por Eduardo Aliverti

Los acontecimientos de estos días llevan a que desde numerosos sectores, oficialistas y no, se hable de un clima enrarecido. Es comprensible, sobre todo por los reflejos instantáneos que se activan en esta sociedad cuando la cara visible de una protesta son grupos de fuerzas militares o de seguridad. La pregunta –tan clave como obvia– es quiénes son los que enrarecen. Sólo a través de la respuesta puede determinarse la peligrosidad del enrarecimiento o de lo que, tal vez, simplemente se percibe como tal.

En primer término, cabría decir que ocurrió un hecho puntual pero no aislado de la agitación promovida por los medios de comunicación opositores (es decir, por la única oposición realmente existente). Y en particular por uno de ellos mediante su figura sobresaliente, a cuyo servicio se ofrece la infraestructura del Grupo con una intensidad inédita, descomunal y, si se quiere, insólita. Nunca se ha visto que el aparato completo de un multimedios sea puesto a los pies de uno solo de sus referentes. La plata volcada por ese Grupo a que el personaje disponga de cuanto le parezca no tiene antecedentes, siquiera parecidos. Es recomendable al respecto una magnífica nota del colega Hugo Presman (www.presmanhugo.blogspot.com), acerca de por qué, y cómo, es en el periodismo donde se encuentra uno de los frentes de batalla entre el modelo e iniciativa política propuestos por el kirchnerismo y una oposición dependiente y representante de los intereses de esos medios hegemónicos. El firmante se permite añadir que, a efectos concretos, se trata de la batalla principal, aunque el carácter de “hegemónicos” merezca ser puesto en duda porque es la primera vez, entre los argentinos, que se disputa con buen suceso el dominio discursivo. Hay, por cierto, la ferocidad de la cadena del desánimo, el revolver nada más que en la basura oficial para vivir, la selección del tipo de excremento que le sirve al empleador en su lucha contra el Gobierno. Pero en la vereda contraria hay respuesta. Y la cantidad de gente que no come el vidrio vomitado por la prensa tradicional también es notable. Como apunta Presman, “hay un Gobierno que cambia parte de su base de sustentación movilizadora y la reemplaza por La Cámpora y las organizaciones sociales; que abre interrogantes acerca del mantenimiento del dominio del espacio público (...); ello en el marco de un escenario internacional incierto y con enemigos internos dispuestos a echar el resto para no perder sus privilegios. Su política de construcción ha arrojado hacia la oposición sectores laborales con capacidad de movilización, que es hasta ahora uno de los déficits de la oposición, que continúa inarticulada, pero alentada desde los medios hegemónicos a una alianza con el único denominador común de derrotar al kirchnerismo. Este, a su vez, no encuentra el delfín para el 2015 y el candidato de mayor consenso es Daniel Scioli, lo que significaría una profunda derrota después de doce años de kirchnerismo. A su vez, en ese escenario, el período 2013-2015 será un potro difícil de sofrenar entre la debilidad del pato rengo de un gobierno que finaliza y los sectores económicos que le pasarían las facturas largamente añejadas, al tiempo que intentarían disciplinar a un candidato presidencial muy sensible a las presiones, cuya conformación ideológica coincide además con los presionadores. Todo ello se traduce en el campo de batalla del periodismo, con patrullas militantes duramente enfrentadas”. Este último concepto podría merecer la objeción de aquellos que confunden, o entremezclan a sabiendas, el rigor profesional con que debe desempeñarse el periodismo y su imposibilidad de ser neutral. Allá ellos. Militantes de una ideología, de un posicionamiento político, somos todos. Unos lo reconocemos y los otros juegan a que los trajo la cigüeña.

Bajo la correlación de fuerzas descripta, el barullo callejero de gendarmes y prefectos no debe apartarse de esa línea confrontadora que los medios opositores emplean como ariete del disconformismo, o furia, enancados en porciones diversas. Sin perjuicio de eso, tampoco confundamos el odio y las marchas del “yo” –azuzadas desde redes sociales en las que se cruzan operativos facciosos y bronca auténtica de resentidos existenciales y alguna gente de buena fe– con tipos que de cobrar ocho mil pesos por mes fueron al cajero y se toparon con cuatro por obra de un macanazo casi inverosímil ¿de quién? ¿De sus superiores que tenían que aplicar un decreto para evitar que algunos jefes cobraran hasta 100 mil? ¿De los responsables civiles del ministerio? No importa. Lo concreto es que estas tortugas no se pueden escapar, en medio de dragones que aprovecharán cualquier circunstancia para perjudicar al Gobierno. ¿Gendarmes y prefectos se habrían animado a poner la cara si no hubiera habido un cacerolazo habilitante? Y ese cacerolazo, ¿quién lo motorizó? ¿La Virgen María o el clima que crean los medios? Estaría claro que lo segundo, pero el uso del potencial enfoca al centro de la cuestión. No son Magnetto ni las plumas del Grupo quienes firmaron que un gendarme reciba la sorpresa de un hachazo en sus ingresos mensuales. Sí son quienes aprovechan lo que generan. El Gobierno se descuidó. Opera, o deja de hacerlo, como si no pudiera entrarle bala alguna. A simple vista, un craso error que, a veces, hasta parecería no radicar en eso, en la falla involuntaria, sino en la decisión de redoblar los golpes gracias al convencimiento de que acentúan a la tropa propia. Por caso, ¿falló la inteligencia previa que debió haberle evitado a Cristina ponerse al nivel de una manga de nerds que estudian en Harvard? ¿O fue promovido adrede, desde el Gobierno, para seguir construyendo un relato que, ante todo, se basa en la clara identificación del enemigo? En otras palabras, ¿Cristina se expuso innecesariamente o la jugada es exponerse de esa forma para anclar idea de ruptura con los códigos de la tilinguería local e internacional?

El firmante carece de datos en torno de esa antítesis, pero sí los tiene, tras chequear con no menos de una media docena de fuentes, a propósito de cuánto el oficialismo le presta atención, o no, a la explosividad de Gendarmería y Prefectura. El cociente da que ni tanto ni tan poco. Esto es: alguien metió la pata hasta el centro de la tierra pero, una vez metida, tampoco es que se acabó el mundo porque la oposición sigue sin poder articular, absolutamente, nada de nada. Hasta donde se pudo establecer, el macanazo provino de los liquidadores de sueldos de Gendarmería y Prefectura (e instancias de control superiores). El dichoso decreto 1037, en su artículo 6, señala claramente que ningún gendarme o prefecto debió haber percibido una suma inferior a la recibida con anterioridad a la aplicación del decreto. Todos debieron haber cobrado el mismo sueldo de septiembre o incluso más, porque el propio decreto prevé compensaciones específicas para los escalafones más bajos frente a cualquier irregularidad que se desprendiera de afectar a los más altos. Para entenderlo hay que meterse en una ensalada burocrática, y detectar si el revoltijo provino de algún tarado que liquida sueldos, o de una mano negra, en alguna medida ya carece de sentido práctico porque lo constatable es que el despelote generado despertó lo que despertó. Los insubordinados son grupos desorganizados que no cuentan con representantes jerárquicos ni con canales orgánicos de decisión. El petitorio que elevaron, sin ir más lejos, no fue discutido ni votado en asamblea. Lo redactaron quienes eran reconocidos como interlocutores, a través de su figuración mediática con los móviles de TN trasmitiendo en directo, las 24 horas, una temperatura “carapintada” que no se condice con intentona golpista de ninguna naturaleza. Sin embargo, también a simple vista, parece una táctica riesgosa confiar en que el desgaste de los grupos habrá de confinarlos a su desaparición progresiva. Puede ser acertado en la coyuntura, porque los tipos no se representan más que a sí mismos. Pero las “corpo” tienen los dientes tan desgastados como afilados, valga la aparente contradicción. No tiene capacidad de construir, pero sí de erosionar. Consta que, salvo los patéticos radicales y socialistas del Senado, la oposición –incluido Macri, nada menos– dijo que los protestatarios debían volverse a sus casas, ya que es legítimo su reclamo pero no lícita su forma. Sin embargo, eso demuestra solamente que la ofensiva política sigue correspondiendo al kirchnerismo. Como se sabe, los demás son comentaristas. O caceroleros. El periodista vuelve a hacer una pregunta que ya formuló en varias oportunidades: ¿eso basta? En algún momento se acabará que la oposición no cuente ni con figura ni idea alguna, de ninguna clase.

Sería mejor adelantarse a esa perspectiva. En su escala, está en juego lo mismo que en Venezuela: la ratificación de un rumbo a profundizar o el retroceso a lo que ya se padeció.

Fuente: Pagina12

domingo, 7 de octubre de 2012

ALBOROTO VERDE CAQUI EN RETIRO: Rebeldes con causas

Una red de corrupción obtenía amparos de a miles en juzgados amigos. Así, las autoridades políticas perdieron el control de la política salarial. Una jueza de Corrientes ya fue destituida por ello y avanzan las investigaciones en todo el país, sobre otros magistrados, abogados y altos jefes contables y jurídicos de las propias fuerzas. Con la algarada de Retiro, se instrumentó a las jerarquías inferiores en defensa de esta situación escandalosa.


Por Horacio Verbitsky

El decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas de seguridad tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia afecta un fabuloso negocio del que participan miembros de los servicios jurídicos y/o contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos. Uno de esos jueces es oficial retirado de la Gendarmería y otra ya fue destituida en juicio político. Esto permitió que el 79 por ciento de los más de 30.000 agentes en actividad de la Gendarmería y el 60 por ciento de los 16.500 de la Prefectura, cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas. Lo mismo ocurre con la mitad de los retirados y pensionados de ambas fuerzas. De acuerdo con un informe realizado en julio por la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de Seguridad (es decir mucho antes del acampe), debido a estos amparos judiciales “la autoridad política ha perdido absolutamente el control sobre la política salarial”. El intento de retomar ese control, mejorar los salarios más bajos y contener los más altos, provocó una insidiosa respuesta por parte de quienes gozaban de los beneficios de la situación anterior. Aunque el decreto 1307, firmado el 31 de julio, disponía en su artículo 6 que ningún miembro de ambas fuerzas percibiría menos que el mes anterior, la liquidación de los sueldos realizada por Prefectura y Gendarmería redundó en fuertes reducciones salariales en los niveles más bajos del escalafón, que desataron el conflicto. Una vez practicada la liquidación y de- soyendo la orden de la ministra Nilda Garré y del Secretario de Seguridad Sergio Berni de detenerla antes de que se depositaran los fondos en las cuentas individuales, los jefes de Prefectura responsables se alejaron de sus puestos, algunos de vacaciones y otro en una inverosímil gira de inspección contable, de modo de estar bien lejos de las esquirlas en el momento del estallido. Por eso, es tan cierto que los gendarmes y prefectos que acamparon frente a las sedes de sus fuerzas sólo reclamaban por sus salarios, como que el desbarajuste fue inducido con deliberación, en defensa de los ingresos siderales de las respectivas cúpulas y, una vez producido, lo aprovecharon los distintos sectores interesados en deslegitimar, carcomer y destituir al gobierno de CFK, justamente aquel que está blanqueando las distorsiones salariales iniciadas durante la gestión de Carlos Menem y Domingo Cavallo y continuadas por todos los gobiernos anteriores al actual. Esta es la historia de cómo se incubó la crisis y se preparó el estallido y de todas aquellas contradicciones que dificultan la comprensión del episodio.
Mingo y minga

En 1993, como parte del proceso de ajuste de gastos estatales, el gobierno comenzó a pagar los incrementos salariales al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mediante suplementos y compensaciones no remunerativas, de modo de que no fueran percibidos también por los retirados, cuya capacidad de presión era reducida. Esto invirtió la relación histórica entre los componentes remunerativos y no remunerativos de los haberes. Estos suplementos, cuya modalidad desfinancia los sistemas de previsión y de Obras Sociales llegaron a constituir el 65 por ciento de los ingresos del personal en actividad, al mismo tiempo que se desfasaban de los haberes de retirados y pensionados. Este fue el sustento objetivo de la creciente litigiosidad, para que los suplementos se incorporaran al haber remunerativo. Sobre esta base se montaron los negocios ilegales. El cuadro 1 muestra el altísimo porcentaje de gendarmes que cobran sus haberes por medidas judiciales, sobre todo en los niveles jerárquicos más altos, y el cuadro 2 exhibe la gran dispersión salarial producida por la intervención judicial. Ambos cuadros se refieren a la Gendarmería, pero el panorama es similar en la Prefectura. La Asociación de Magistrados declaró en su descargo que los jueces resuelven los conflictos individuales, según una antigua jurisprudencia del derecho del trabajo, “declaran que el pago de los adicionales no remunerativos son ilegales, establecen la doctrina para los futuros fallos, pero nunca fijan una política salarial de carácter general, ya que se trata de una atribución que corresponde a los poderes políticos del Estado Nacional”. Cierto, pero en muchos casos se llegó a este resultado por caminos turbios y su efecto fue una gran dispersión salarial, sobre todo entre quienes cuentan o no con alguna medida judicial que determine su remuneración, y en muchos casos difiere el tratamiento de casos similares, según los distintos criterios de los jueces intervinientes. Esto rompió las relaciones entre niveles jerárquicos y amplió las desviaciones entre integrantes de un mismo grado. También se llegó a una desproporción flagrante entre el haber básico y algunos suplementos (como la compensanción por vivienda, que puede representar hasta el 232 por ciento del sueldo). La connivencia entre estudios jurídicos, jueces y funcionarios de las fuerzas de seguridad condujo a irregularidades e incumplimientos de distintos pasos procesales e incluso de disposiciones judiciales. Esto elevó en forma significativa los honorarios, costas, tasas de justicia e intereses y el costo del servicio de Justicia para la tramitación de miles de casos y redundó en un fuerte incremento de los gastos en personal para satisfacer medidas judiciales que deformaron la pirámide remunerativa en contra de los niveles inferiores.
DASQUETES

Al detectar esta situación, la ministra ordenó que la Auditoría Interna revisara el comportamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería, que demoraba el cumplimiento de aquelas órdenes judiciales que disponían cesar el pago de grandes sumas por medidas cautelares. El estudio concluyó el viernes con la intervención ministerial a esa Dirección. En la primera reunión con los auditores, las autoridades de asuntos jurídicos explicaron esas demoras por un presunto exceso de trabajo, porque además tenían que defender personal acusado en causas por apremios ilegales o torturas a detenidos, “gracias a Dios, con ninguna condena”. Uno de los funcionarios que recibieron a los auditores fue el sonriente comandante Manuel Barros, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó en la Dirección de Asuntos Jurídicos, después pasó al Operativo Centinela y en julio de 2011 al Operativo Cinturón Sur. Abogado recibido en la Universidad Católica Argentina, también integra el estudio jurídico Dasque, Tes y Asociados. El curioso logotipo de esa empresa dice, con viriles mayúsculas ESTUDIO DASQUETES, denominación que surge de los apellidos de los abogados Fernando Dasque (especialista en derecho civil, aeronáutico y empresarial) y Fernando Tes. Dasque es comandante mayor retirado y autor de un estudio sobre El régimen de Contrataciones en Gendarmería Nacional. Igual que Barros, formó parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gendarmería. Otro de los socios del estudio es el Comandante Mayor Estanis Drebnieks (que no es abogado sino licenciado en administración de empresas). Se graduó en la Universidad Católica de Salta, cuya denominada Subsede Buenos Aires es controlada por la Gendarmería desde su creación en septiembre de 1989 y se maneja en forma autónoma del Arzobispado del que depende. Las carreras y cursos que ofrece incluyen abogacía, administración de empresas y de consorcios, informática, comercialización, cortesía verbal, oratoria moderna y esteticista (sic). Drebnieks cumple funciones en el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería y había sido propuesto para dirigirlo. Ante la Dirección General de Transparencia del Ministerio de Seguridad, Drebnieks negó ser socio del estudio DASQUETES y dijo que hace tres años pensó en pedir el retiro si no le concedían un ascenso y entregó un currículo a su amigo Dasque, pero que no llegó a incorporarse al estudio, que sin embargo lo anuncia en su publicidad como miembro de su staff. El Comandante Mayor Drebnieks es uno de los beneficiarios de una medida cautelar en el expediente “Tosoroni, Mario y otros con Estado Nacional”, concedida por el juez de Paraná, Entre Ríos, Daniel Edgardo Alonso, hoy ascendido a camarista. El magistrado es otro camarada de Barros, Estanis y Desque: ingresó en 1985 como primer alférez de Justicia y llegó hasta oficial auditor de la Agrupación VI, Formosa, de Gendarmería, donde permaneció hasta 1999. El juez federal subrogante Gustavo Zonis dispuso la caducidad de la instancia en septiembre de 2009 y ordenó dar por decaída la medida cautelar en Tosoroni y otros. Sin embargo, la Gendarmería continuó realizando los pagos indebidos. Recién el 25 de abril de este año, el Comandante Mayor Drebnieks hizo la consulta a Jurídicos pero hasta el día de hoy sigue cobrando 53.000 pesos por mes que no corresponden. La Unidad de Coordinación de Políticas de Transparencia del Ministerio de Seguridad solicitó a Gendarmería copia del expediente Aj2-401 732, pero no obtuvo respuesta. En la Prefectura cobra sus haberes con una medida cautelar el Asesor Jurídico de esa fuerza, prefecto mayor Domingo Nicolás Rotondaro. El amparo fue presentado en el juzgado federal de Río Gallegos, Santa Cruz, pese a que Rotondaro tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez concedida la medida por el tribunal, la Asesoría Jurídica de la Prefectura instruyó a la delegada del cuerpo de abogados del Estado en la provincia, que no apelara la decisión a favor de su titular. Experto en la materia, Rotondaro es coautor del libro Medidas cautelares y bloqueo registral.
Los 7000

La tramitación de amparos para obtener pagos extraordinarios de las fuerzas de seguridad derivó en mayo de este año en la destitución de la jueza provincial de Santo Tomé, Corrientes Graciela Beatriz Duarte, por unanimidad de los siete miembros del jury. Al acusarla, el Fiscal General de Justicia de Corrientes, César Sotelo, dijo que “vamos a encontrarnos con los hechos más inverosímiles vividos hasta ahora en la Justicia de Corrientes”: un centenar de demandas contra el Estado Nacional (para lo que la justicia provincial no tiene jurisdicción), “y en cada una de ellas una pluralidad de actores increíble, de diversos lugares del país. El país entero se hizo cita en Santo Tomé y no por el Festival del Chamamé sino por el Juzgado Civil y Comercial”. Calculó que esos amparos habían beneficiado a no menos de 7000 personas, en demandas colectivas que incluían entre 30 y 70 actores cada una, con domicilio en distintas partes del país. Duarte los concedía de inmediato, para lo cual declaraba inconstitucional un artículo de la ley provincial de amparo, lo notificaba a Prefectura y Gendarmería y luego se declaraba incompetente. Las dependencias estatales debían pagar lo solicitado, hasta que no llegara una orden en contrario. Pero esa orden nunca llegaba, porque una vez ordenado el pago, la jueza dejaba dormir los expedientes en su juzgado. El personal que trabajaba con ella describió con asombro ese boom de los amparos, a los que la jueza prestaba una atención especial. Aunque todas las demandas eran por “reajuste salarial”, Duarte les imprimía el trámite sumarísimo, que no está previsto para asuntos patrimoniales, sino sólo en casos urgentes que provoquen un perjuicio irreparable y en consecuencia exigen una respuesta inmediata excepcional. Secretarios y otros empleados del tribunal declararon que la jueza guardaba esas causas en su propio despacho, les otorgaba prioridad de ingreso y las tramitaba por un canal distinto de ingreso y registración dentro del tribunal. “Conseguido el propósito de la acción, se desentendía de dichos expedientes, tal como se demostró con la no remisión a su debido tiempo, es decir inmediatamente después de declararse incompetente, a los Juzgados Federales”, se lee en la sentencia de destitución. Una inspección ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en diciembre de 2009 encontró gran cantidad de cajas de embalaje que contenían “múltiples causas de amparos, que aún no habían sido remitidas al Juzgado Federal de Paso de los Libres o al de Corrientes, Capital”. También se demostró que la jueza tenía conversaciones privadas frecuentes con los abogados que presentaban esos amparos, el matrimonio Amílcar Nelson Serial y Josefa Raquel Milán. La investigación determinó que cuando ellos intervenían, la medida cautelar se concedía en un lapso brevísimo y no se les exigían los trámites y recaudos previos a los que estaban sometidos los litigantes minoristas. Según el fiscal Sotelo, Serial y Milán obtuvieron ganancias por unos veinte millones de dólares, en complicidad con la jueza, “estafando escandalosamente al Estado Nacional”. De acuerdo con datos de la Dirección de Transparencia, otro juez de Santo Tomé, Humberto de Biase Echeverría, dictó un amparo similar a favor del padre de la ex jueza Duarte, quien solicitó “un recálculo de su haber como jubilado de la Prefectura”. En realidad, De Biase Echeverría fue el juez pionero en el circuito amparo-incompetencia-y-al-cajón que Duarte hizo propio. En febrero, el Superior Tribunal de Justicia sancionó a De Biase Echeverría con una multa de 30.000 pesos y le ordenó que se abstuviera de emitir resoluciones que involucraran a entes u organismos nacionales. También en los miles de casos de este juzgado intervino el estudio Serial&Milan. Se calcula que el perjuicio de estas maniobras para el Estado en los dos tribunales oscilaría entre 80 y 200 millones de pesos. Según el titular del Ministerio Público de Corrientes, entre el 9 y el 10 de febrero de este año, Serial obtuvo 43 medidas cautelares a favor de 11.000 miembros de la Gendarmería, en un Juzgado de El Colorado, en la provincia de Formosa, que ordenó “liquidar diferencias salariales de acuerdo a la petición de los actores”. Esta es la mayor concentración de cautelares de todo el país y abarca a casi la mitad de los efectivos de la fuerza. Once mil amparos concedidos en dos días por un juez subrogante en una ciudad de trece mil habitantes constituye un indiscutible record. Un caso similar culminó con la renuncia, hace un año, del juez en lo civil y comercial de Sáenz Peña, Chaco, Luis Alberto Pintos, cuando el Consejo de la Magistratura analizaba iniciarle un jury de enjuiciamiento por haber concedido más de 7000 medidas cautelares contra el Ejército y la Gendarmería. La Procuración del Tesoro de la Nación, que analizó los casos de Santo Tomé, el Colorado y Sáenz Peña no descarta que la misma mecánica se haya utilizado en otros lugares del país y que además se hayan cometido otros delitos, como asociación ilícita y tráfico de influencias. El caso del prefecturiano Rotondaro en Río Gallegos parece confirmarlo.

(Fuente: Pagina12).







viernes, 5 de octubre de 2012

JORGE LUIS BERNETTI: No ser ni parecer destituyente

Por Jorge Luis Bernetti *

Un participante en la rebelión de Prefectura y Gendarmería de estas horas afirmó frente a sus camaradas reunidos en el edificio Centinela que no eran “destituyentes”. Es bueno que esto se haya dicho, pero la mejor forma de no serlo es no parecerlo. Porque las imágenes y las acciones protagonizadas por prefectos y gendarmes los volvieron a colocar en el escenario de la indisciplina y la ruptura de la verticalidad que los convierten de una fuerza de seguridad en una asociación dudosamente legal.

Hay, por cierto, causas –como se decía en los setenta– “objetivas”. La liquidación de los sueldos que rebajó los salarios de bolsillo de los prefectos de manera sustantiva sin duda lo es. Pero ¿hubo alguna ocasión que permita recordar una movilización similar ante gobiernos dictatoriales o conservadores?

Siempre la rebelión y la indignación les cae a los procesos de transformación.

Algunas de las herencias de la dictadura fueron el derrumbe económico, el desfinanciamiento del Estado y, especialmente, la reducción del presupuesto militar y de las fuerzas de seguridad.

Por ello, los sueldos de los integrantes de las fuerzas nacionales de seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y de las Fuerzas Armadas tuvieron una parte sustancial en “negro”, porque el Estado deficitario se ahorraba los aportes sociales del sector. Esto les ocurrió, bueno es recordarlo, a muchísimos servidores del Estado. Como los retiros y las pensiones del sector están vinculados con el salario de los activos, la reducción del “blanco” impactó sobre los retirados.

Por otra parte, desde 1983, una vigorosa industria del juicio de amparo condujo a un conjunto de estudios de abogados y a una serie de jueces complacientes a fijar reajustes que, en muchos casos, fijaron cifras disparatadas para retirados de alta graduación.

El entramado caótico de sentencias obtenidas por el lobby militar y de seguridad condujo a la Corte Suprema a poner coto a estas disposiciones. El gobierno nacional trabajó intensamente para resolver esta contradicción –eliminando privilegios de algunas altas graduaciones– y reparar las situaciones de la base de las fuerzas.

Que el Gobierno haya denunciado la posible comisión de un delito ejecutado por altos responsables para empujar a la desesperación a los sectores de más bajos salarios –los cuadros de suboficiales– reitera la necesidad de recordar que en esta área nada es inocente.

El gobierno nacional ha incrementado el número de miembros de las fuerzas de seguridad y su equipamiento. Y a este indudable hecho le ha sumado una definición superlativa, que es la creación del Ministerio de Seguridad.

Trazar políticas de seguridad basadas en propuestas científicas, en el uso de tecnología, pero sobre todo en el análisis sociológico de los conflictos sociales que generan las conductas delictivas, implica un cambio político significativo.

Colocar a las fuerzas de seguridad bajo la conducción política, reformar el Código Penal, buscar la transformación del inhumano y absurdo sistema carcelario, generar diseños locales y sociales de políticas específicas de protección ciudadana y combate al delito, colocar los agravios contra la vida y la salud de las personas como tema centrales –como la decisiva ofensiva contra el femicidio y la trata de personas– constituyen algunos de los aspectos relevantes de una nueva propuesta de seguridad.

Esta nueva perspectiva está asentada sobre la vigencia de los derechos humanos en toda circunstancia, implica la lucha contra la tortura a los detenidos, la violencia contra las personas y la colaboración con el delito. Las complicidades corporativas en esta materia son inaceptables y si la reforma no viene por dentro de las instituciones policiales vendrá desde la sociedad y su gobierno.

Los uniformados no son un “grupo de trabajadores”. Son ciudadanos que, libremente, han aceptado una responsabilidad que les brinda la tarea de proteger el orden público y ser auxiliares de la Justicia. Los riesgos y las exigencias están previstos, deben ser valorados, pero no exagerados. La sociedad y su gobierno deben proveer de lo justo y necesario a quienes cumplen una tarea que no es un privilegio ni un rol mesiánico, sino un servicio profesional en una sociedad democrática. Por eso, las demandas justas deben ser atendidas, pero los que las plantean deben mirar bien a su costado para no encerrar y agredir ministros, bloquear calles, ni alzar carteles reivindicatorios de Seineldín.

No hay malos medios que puedan justificarse para obtener buenos fines. La sociedad espera todavía de las fuerzas de seguridad una autocrítica del pasado y un compromiso público renovado frente a la sociedad.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad no pueden desligarse de una mirada sobre el conflicto que implica en la sociedad la transformación de un sistema de medios de comunicación social dominado por fuerzas monopólicas que alienta la violencia en la sociedad y excita la represión como conducta liminar para las policías. Tomar clara distancia de ello es una contribución concreta a la democracia. No todo el que grite que es democrático entrará en el reino de los cielos, ni en la consideración pública de su compatriotas en la Tierra. Los buenos integrantes de las policías nacionales deberían así entenderlo.

* Profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP). Responsable de Comunicación del Partido Frente Grande.

Fuente: Pagina12

jueves, 4 de octubre de 2012

MEMPO GIARDINELLI: Sobre el golpismo y la violencia

Por Mempo Giardinelli

Si esto no es un intento de golpe, que me digan el nombre. Y no hablo de los prefectos y gendarmes que se sublevaron, y que son, desde luego, trabajadores, y como tales tienen reivindicaciones y derechos. Admitamos que las de ellos en esta ocasión fueron justas y atendibles. No es de ellos que habla esta reflexión.

Pero sí de la impresionante histeria de los golpistas. De los viejos fragoteros, los profesionales y los nostálgicos con resurrecciones periodísticas como la del Sr. Aldo Rico. Como viejos lobos que salen a ladrar, desesperan por tumbar al gobierno constitucional a como dé lugar, a cualquier costo. Azuzados, desde atrás, por La Nación y Clarín, verdaderos interesados en la caída de un gobierno que los vuelve locos porque quiere que se cumplan ciertas leyes que afectan sus intereses.

Semejante animosidad, sólo vista hace más de medio siglo cuando se llegó a bombardear la Plaza de Mayo, es sencillamente absurda en esta etapa de la democracia.

Pero está sucediendo, y ya sabíamos muchos que algo así iban a intentar. Lo tengo escrito y los tiempos sombríos son el hoy de esta atormentada sociedad que somos los argentinos.

Desde ya que algunos van a decir que éstas son exageraciones y que el golpismo destituyente no existe. Pero ahí están las furias y puteadas que se escucharon últimamente, y los mails mentirosos e incendiarios que están circulando y que han venido haciendo efecto en cierta pobre inocencia de alguna gente. Minoritaria, pero sustantiva. Y atendible, como todo en democracia. Pero no determinante y, sobre todo, no válida como recurso de autoritarios y oportunistas.

Basta ver los comentarios de supuestos lectores en los diarios que los admiten, donde las amenazas son ya cotidianas. Así crean ese clima de miedo, presentándose como “defensores de libertades”. Falsos, desde luego.

Habrá que tener mucho cuidado, porque las espirales de violencia, cuanto más irracionales y negadas son, más peligrosas. Recuérdese no sólo aquel 16 de junio porteño sino también el Bogotazo cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, y tanto más. Y que nadie diga que esto es exagerar. Ninguna exageración es mucha, en esta materia.

Curiosamente, lo que hay que hacer es ayudarlos. Paradójicamente hay que ayudarlos calmándolos. Serenando a quienes desde las sombras engañan a muchas buenas personas que no saben por qué están enojadas. Que “creen” que aspiran a una libertad que hoy es plena y que precisamente se les terminaría si –hipótesis imposible– acaso un golpe triunfara.

Y es que ahora mismo la Argentina está pasando por uno de sus mejores momentos en términos de democracia, igualitarismo, desarrollo e inclusión social. Nada menos. Y cuando eso pasa –se vio en Ecuador y en Bolivia últimamente–, algunos trogloditas se excitan y estimulan la violencia desde atrás y sin dar la cara.

Cierto que falta concretar muchísimas reivindicaciones, pero jamás en el último medio siglo les ha ido tan bien a los argentinos; jamás hemos tenido una soberanía económica como la actual; ni tienen nuestras clases medias mejores posibilidades para sus hijos, para crecer y educarse. Obvio que hay miles de problemas, pero hay que recordar cómo estaba este país hace unos años. Con Cavallo y sus corrales. Con los recortes del señor López Murphy a los jubilados y a la educación. Con los ricos que no pagaban impuestos; con los capitales que venían no a invertir sino a especular; y con los negociados fabulosos que era cada renegociación de una deuda interminable.

Hay que achicarles a todos el miedo absurdo que tienen: a los que echan leña al fuego e incluso a los que desde las sombras sueñan horribles revanchas. Primero comprenderlos, no devolverles los gritos. Resolver la cuestión de los salarios de los trabajadores de la seguridad y desarmar en el acto toda artimaña golpista. Denunciarlo internacionalmente y alertar a la ciudadanía para que se exprese, en todo momento, por la paz.

El Gobierno, además de despedir a los responsables de este uso político de estos trabajadores, debe hacer una tarea fenomenal con sus propios, con sus funcionarios, con sus jóvenes. Todos deben dar ejemplo de calma, de comprensión de los diferentes, de contención de los equivocados.

Y también hay que destacar el casi en ningún medio mencionado silencio del socialismo y el radicalismo. Que yo quiero leer como gesto de prudencia y sabiduría para no hacerle el juego a la perrada. Y ojalá no me equivoque.

Este episodio debe terminar siendo una gran oportunidad para la paz, porque la Argentina ya tuvo exceso de la perversa medicina de la violencia. Esta nación no puede suicidarse nuevamente. Ya votó a sus verdugos y/o los aplaudió más de una vez. Pero ahora nunca más, y hacerlo en paz. Sin violencia. Que es lo único que debe estar absolutamente prohibido y para siempre en esta tierra.

Fuente: Pagina12

miércoles, 3 de octubre de 2012

Campaña de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre

03/10/2012

Contra la Violencia Institucional

¡Basta de gatillo fácil y torturas, basta de cárceles que agravian la humanidad y alimentan las mafias delictivas, basta de la protección a los que trafican drogas y/o personas y también, basta de represión a los que luchan y resisten las injusticias!.

Ya fracasó la “mano dura” de Rico y el “progresismo” de Arslanian,es hora de construir una solución popular que señale responsabilidades y exija a gobernantes y legisladores soluciones reales para los reales problemas.

Más y mejor democracia contra la inseguridad!!

El 6 de octubre, al término de un plenario de la militancia liguista del Gran Buenos Aires, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre lanzará una campaña contra la Violencia Institucional que comenzará por llevar nuestras propuestas al conjunto de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, sindicales y políticas comprometidas contra la violencia institucional y la impunidad.

Como pensamos que podemos trabajar juntos por este objetivo, los invitamos a participar del acto de lanzamiento de la campaña el sábado seis de octubre a las 18hs. en nuestro local de Corrientes 1785, 2º C, C.A.B.A. y a sumar propuestas e ideas para esta campaña que aspiramos sea de muchos más que nosotros
 

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