miércoles, 29 de febrero de 2012

Para acelerar los juicios a los represores

Los camaristas federales de Casación Penal le entregaron al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el documento final sobre las "reglas prácticas" para agilizar los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. Las pautas apuntan a evitar la reiteración de testigos y de pruebas en distintos juicios, acumular casos, hacer más dinámicas las audiencias y evitar que se vuelvan a poner en discusión los llamados “hechos notorios”, como la existencia de un plan sistemático de exterminio. 

La reunión, que duró alrededor de una hora, incluida la que Lorenzetti mantuvo a solas con el presidente de la Cámara, Ricardo David, se realizó en Comodoro Py 2002, de esta capital, sede del máximo tribunal penal. En el encuentro estuvieron presentes la totalidad de los camaristas de Casación.

En distintas oportunidades los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad expresaron su preocupación por la duración de los procesos. Un caso emblemático es el de la megacausa por delitos cometidos en la órbita de la Escuela de Mecánica de Armada (ESMA) que aún tiene pendientes a juicio oral y público unos 800 hechos que involucran a más de medio centenar de imputados.

Frente a estos casos, las seis reglas prácticas acordadas por los magistrados del tribunal se dictan "sin alterar el alcance y espíritu del Código Procesal Penal de la Nación", resaltaron. Son las siguientes:


Establece que "en todas las impugnaciones en cualquier instancia deberán remitirse la piezas imprescindibles para su resolución, evitando acompañar los autos principales".


Refiere a los plazos procesales y señala que "se deberán evitar demoras inncesesarias y formulismos que retarden el trámite y no deciden el planteo".

Sostiene que en la citación a juicio, ofrecimiento y producción de prueba "la notificación a las partes del artículo 354 del Código Procesal penal de la Nación debe hacerse conjuntamente" y el Tribunal "deberá ordenar las entregas de fotocopias que se requieran para la mejor defensa de sus derechos".

Indica reglas sobre la audiencia preliminar y establece que "en forma previa a resolver la admisibilidad de la prueba ofrecida, el Tribunal podrá convocar a una audiencia preliminar con las partes, en la que las invitará a limitar la prueba a aquella que resulta de imprescindible producción en el debate". En esa misma reunión "podrá acordarse cuestiones operativas del juicio como días del debate, lugar de realización, habilitación de feria en caso que sea necesario, días y horarios de las audiencias y establecer las partes pertinentes de lectura de los requerimientos de elevación a juicio, asegurando de esta manera celeridad, juzgamiento en plazo razonable y el debido proceso legal". Aclara que "las notificaciones y citaciones denerán realizarse procurando evitar que se divulgue el domicilio y otros datos personales de los testigos y victimas" y precisa que "para cursarlas se evitará la intervención de agentes de organismos o instituciones estatales a las que pertenezcan o hayan pertenecido las personas imputadas".


Aborda el tratamiento de los testigos y señala que "los jueces procurarán asegurar que todas las partes tengan oportunidad de controlar las declaraciones que presten los testigos-víctimas durante la instrucción". "Se recomienda a los jueces que deban resolver sobre la comperencia a audiencia oral y pública de víctimas-testigos, sus familiares o testigos menores de edad, que tengan en cuenta los casos en que su presencia pueda poner en peligro su integridad personal". Agrega que "los tribunales, frente a la existencia de víctimas-testigos y sus familiares, podrán solicitar -cuando ello sea necesario- colaboración a los programas de protección dependientes del Estado Nacional, estados provinciales o entes especializados". Además, sugiere "el uso de tecnologías de telecomunicaciones, tales como videoconferencias".


Está referida a la discusión final y establece que "los jueces podrán autorizar a las partes que así lo entiendan conveniente y oportuno, la remisión a tramos del requerimiento de elevación a juicio o documentos, sin necesidad de darles lectura íntegra". Además, recomiendan "el uso de la facultad de los tribunales orales de limitar razonablemente la duración de las últimas palabras de los imputados, a fin de evitar que se conviertan en nuevos alegatos, indagatorias o derivaciones impertinentes".

Fuente: Pagina12


MISIONES: Policía brava (Los discípulos del Malevo Ferreyra)

Rebelión policial

Unos 50 policías de Misiones ocuparon ayer la sede de la jefatura de la fuerza y expulsaron a los integrantes de la plana mayor en medio de un tumulto, en un agravamiento del conflicto que mantienen desde hace una semana, por reclamos salariales, alrededor de 1800 agentes que realizan una huelga. Ante la situación planteada, el gobernador Maurice Closs convocó de urgencia a los integrantes de su gabinete y al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, para definir los pasos a seguir.

Los que ocuparon la jefatura llegaron al lugar cerca de las 18 de ayer en patrulleros y motobombas, provenientes del Comando Radioeléctrico, donde están concentrados los huelguistas. La toma fue violenta, ya que se produjeron forcejeos y golpes de puño con miembros de la plana mayor, entre ellos el jefe y el subjefe de la policía, comisarios Héctor Munaretto y Víctor Ruschmann. Hasta anoche no se había podido determinar con precisión si Munaretto y Ruschmann seguían en la jefatura o si fueron echados, como el resto del personal presente allí, que no se había plegado a la medida de fuerza.

Tan fuerte fue el accionar de los sublevados que incluso lograron expulsar a integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que tuvieron que irse en medio de abucheos y empujones. La sede policial ocupada se encuentra ubicada a sólo 700 metros de la Casa de Gobierno de Misiones. El gobernador Closs analiza distintas alternativas para tratar de descomprimir el conflicto. No se descarta la posibilidad de que se declare en situación de rebeldía al personal en conflicto y que se pida al gobierno nacional el inmediato envío de tropas de la Gendarmería.

Fuente: Pagina12

martes, 28 de febrero de 2012

ATILIO BORON: Malvinas y la alternativa equivocada


Malvinas: una errónea visión alternativa

Es bueno que en la Argentina haya irrumpido una discusión acerca de qué actitud tomar en relación a las Islas Malvinas. Desde hace mucho este país estaba atrapado entre las secuelas paralizantes de la ignominiosa derrota sufrida hace casi treinta años -producto de la incompetencia, fanfarronería y demagogia de la dictadura genocida- y la vía muerta de una estrategia diplomática que pese a su perseverancia no rindió frutos porque el mal llamado “orden mundial” es en realidad un cruento e injusto desorden en donde sólo por excepción deja de regir la ley del más fuerte. Es de celebrar que en fechas recientes el gobierno nacional haya modificado algunos aspectos de esta estrategia buscando nuevos y valiosos aliados regionales para inclinar a su favor una correlación de fuerzas que en el uno a uno de la diplomacia convencional entre el Reino Unido y Argentina, nos conducía inexorablemente a un nuevo ciclo de decepciones. Gracias a las torpes provocaciones de David Cameron la causa de las Malvinas se latinoamericanizó y Londres acusó el impacto al ver que, en esta parte del mundo, su pertinaz colonialismo suscitaba creciente repudio a la vez que solidaridad con la Argentina y que Washington admitía, para desasosiego británico, que había un problema de soberanía que debía discutirse bilateralmente. Y es lógico que el tema se haya latinoamericanizado porque la controversia sobre la soberanía del archipiélago involucra al menos tres aspectos que hacen al interés común de América Latina: (a) la explotación de recursos naturales de nuestros espacios marítimos: recursos renovables (si no se los depreda), como la pesca, y no renovables, como el petróleo; (b) el acceso a la Antártida, fuente segura de enormes riquezas minerales e hidrocarburíferas cuyo tratado que deja “congelados” los reclamos de soberanía sobre ese territorio debería ser renovado en fechas próximas; y (c) el acceso al paso bioceánico a través del Estrecho de Magallanes, de extraordinaria importancia en la hipótesis de que por diversos motivos fuese inoperable el Canal de Panamá. Estas cuestiones, como es obvio, no pueden ser indiferentes para la región, y muy en especial para los países sudamericanos. La causa subyacente de las bravatas del anodino premier británico son los graves problemas económicos (hasta ahora disimulados) y sociales (indisimulables) que atribulan al Reino Unido. Baste recordar que hace menos de un año multitudinarias protestas populares culminaron con saqueos e incendios en las principales ciudades británicas, las que impulsaron a Cameron a escalar el diferendo militarizando aún más al Atlántico Sur y violando los acuerdos regionales que velan por la desnuclearización de esta parte del mundo, incluyendo en su juego a la figura del príncipe Guillermo con toda la carga simbólica que esto implica y yéndose de boca con afirmaciones tales como que la Argentina era un país colonialista, lo que en cuestión de minutos convirtió al émulo de Margaret Thatcher en el hazmerreír universal toda vez que más de la mitad de los territorios aún sometidos al yugo colonial tienen como potencia dominante al Reino Unido, entre ellas nada menos que Gibraltar, en las puertas de Europa. Esto produjo la paradojal coincidencia de España con la Argentina en sus reclamos anticolonialistas, ante las cuales Londres respondió con su acostumbrado desprecio por la legalidad internacional.

Ante la complejidad que tiene la lucha por recuperar a las islas es importante que en la Argentina se debata el asunto con la seriedad que se merece, sin patrioterismo pero también sin desaprensivos cosmopolitismos, entre otras cosas porque de por medio están los seiscientos cuarenta y nueve jóvenes argentinos que fueron sacrificados en la guerra, los más de mil que regresaron heridos y mutilados, los muchos que se suicidaron después y la afrenta que representa para el honor de este país los reclamos de los miles de conscriptos que aún no obtienen del estado nacional el resarcimiento que se merecen por sus servicios prestados en la guerra. Esta advertencia viene a cuento porque en los últimos días se ha desencadenado entre un grupo de intelectuales y publicistas críticos del gobierno una especie de torneo para ver quien adopta posturas más anglófilas y entreguistas, con argumentos que ofenden la inteligencia de los argentinos y la memoria de nuestros muertos al paso que llenan de regocijo al Foreign Office. Uno de los disparates más significativos es el que dice, en línea con los pretextos de Londres, que la Argentina debería consultar a los isleños si es que aceptan o no que Las Malvinas sean reincorporadas al patrimonio nacional. Se apela, erróneamente, a la doctrina de la “autodeterminación nacional” lo que le permitió al  historiador Luis Alberto Romero (en una columna publicada en el diario La Nación) y a un grupo de 17 intelectuales y publicistas proponentes, según ellos, de una mirada alternativa sobre la cuestión de las Malvinas, renunciar alegremente y sin más miramientos al legítimo derecho que le asiste a la Argentina y dar por definitivamente perdida una batalla que este país viene librando desde hace 179 años.[1]

Quienes postulan la doctrina de la “autodeterminación nacional” se olvidan que ésta sólo es aplicable a condición de que se cumpla con un requisito inescapable: que quienes se amparen en ese derecho sean los pobladores autóctonos de un territorio, lo que no ocurre en el caso de las Malvinas. La escasa población argentina que había en las islas fue desalojada por una fuerza expedicionaria británica que se apoderó violentamente del archipiélago y estableció, en su lugar, una pequeña colonia que al cabo de casi dos siglos no supera las tres mil almas. Esa viciosa modalidad de adquisición territorial se llama, en el derecho internacional, “conquista”, y de por sí invalida cualquier pretensión de legitimar la presencia post festum de los intrusos auscultando su voluntad o no de perpetuar los efectos de la conquista gracias a la cual se apoderaron de unas tierras que no eran suyas. La inconsistencia del argumento es más que evidente y no se necesita ser un eminente jurisconsulto para comprobarlo.

Propongo el siguiente experimento mental: imaginemos lo que habría ocurrido si la Argentina hubiera sido una gran potencia y a comienzos del siglo diecinueve hubiese ocupado militarmente una dependencia británica, próxima a sus costas, como por ejemplo la Isla de Man, expulsando al puñado de ingleses que la habitaban e instalado allí una pequeña comunidad de argentinos amparados por la permanente presencia de un destacamento armado. Los reclamos de la corona británica eran sistemáticamente desoídos y una medida desesperada para recuperar la isla por las armas -tomada cuando en Inglaterra el fantasma de Cromwell y los sentimientos antimonárquicos preanunciaban una crisis política de enormes proporciones- permitió su transitoria reintegración al dominio británico, sólo para que, poco después, sus tropas sufrieran una aplastante derrota a manos de la potencia colonizadora sudamericana. Luego de ello Londres prosiguió con sus infructuosos reclamos mientras una arrogante Buenos Aires ratificaba su absoluto rechazo a cualquier inicio de conversaciones sobre el tema so pretexto de que nada podía hacerse contra la voluntad de los isleños, descendientes de quienes la ocuparon por la fuerza esa isla dos siglos atrás. Seguramente que, en este caso, los actuales cosmopolitas dispuestos a ceder definitivamente a las Malvinas a los ingleses se hubieran rasgado las vestiduras ante esta sucesión de atropellos al derecho de gentes, el desprecio por la negociación diplomática y el desacato a las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero ya no como un experimento mental sino como una palpable realidad esto es lo que Londres ha venido haciendo desde 1833, y es por ello que rehúsa a sentarse en una mesa de negociaciones, honrar las reiteradas recomendaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y la Resolución 2065 de la Asamblea General que insta a las partes a buscar una solución pacífica al diferendo, cosa a la cual el Reino Unido se ha negado sistemáticamente. Y lo hace porque el Foreign Office es conciente de que  toda la legislación internacional le juega en contra; que su acto de piratesca apropiación de unas islas que no eran suyas es insanablemente ilegal e ilegítimo –y lo mismo vale para el Peñón de Gibraltar- y ni siquiera mil años de ocupación podrán redimir a los invasores británicos de ese pecado de origen. Tal como lo recordara Fidel Castro pocos días atrás, una vez iniciada la negociación diplomática los ingleses no tendrán más remedio que irse porque sólo les asiste el hecho desnudo de la conquista y la fuerza.[2] Pero los críticos se olvidan de todos estos molestos detalles y adoptan, en algunos casos de modo sorprendente dada sus trayectorias político-intelectuales, el punto de vista del colonizador. La culpa, por supuesto, es de los colonizados, de las víctimas; la razón, en cambio, siempre está del lado de los colonizadores. La historia argentina y latinoamericana está repleta de casos como estos en los cuales la “colonialidad” de las elites culturales las convierte en voceros de las potencias coloniales.  

Claro que para esto es preciso olvidar muchas cosas: (a) que el recalentamiento  del tema Malvinas fue responsabilidad de Londres y no de Buenos Aires; (b) que hasta ahora el gobierno argentino ha dado muestras de una saludable prudencia, al no caer en las burdas provocaciones de Cameron y responder a su bravuconada reforzando la presencia militar en el Atlántico Sur; (c) y que el núcleo central de su argumentación, la “autodeterminación” de los isleños se desploma ante el peso de un componente central de la misma tradición jurídica anglosajona que los críticos se supone tienen en alta estima y que dice que might does not make right , o sea, la fuerza no crea derechos.

En consecuencia, en  el caso de las Malvinas, como en cualquier otro en donde un un estado arrebata el territorio de otro país por la vía de la conquista, la doctrina que se aplica no puede ser la de la “autodeterminación nacional”, por las razones arriba expuestas, sino la de la “integridad territorial” que establece que ningún estado tiene derecho a apropiarse de un territorio que pertenece o se halla bajo la jurisdicción de otro. Según esta doctrina la “consulta a los deseos de los isleños” es irrelevante a la hora de resolver la cuestión de la soberanía, aunque va de suyo que si las Malvinas llegaran a retornar algún día a la Argentina (en un futuro que sin dudas está muy lejano aún cuando Londres decida dejar de violar la legalidad internacional y obedezca el mandato de la ONU) el modo de vida de los isleños, su lengua y sus tradiciones deberían ser incondicionalmente respetadas y la Argentina debería aceptar, como lo han hecho Bolivia y Ecuador, el desafío de construir una comunidad política binacional, bilinguística y multicultural. Pero esto nada tiene que ver con la cuestión de la soberanía: quienes apelan a la “autodeterminación” de los isleños cometen un grave error jurídico y político, al paso que sus confusas elucubraciones desnudan los peligros que el rechazo visceral a una gobernante, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, puede tener sobre mentes que, bajo otras circunstancias, dieron en algunos casos muestras de notable lucidez y clarividencia.



[1] Luis Alberto Romero, “¿Son realmente nuestras Las Malvinas?”, La Nación, 14 de Febrero de 2012;  el documento de los 17 intelectuales y publicistas lleva por título: “Malvinas: una visión alternativa”, y se publicó íntegramente en la edición del 23 de Febrero de 2012.
[2] Ver al respecto el esclarecedor análisis de Marcelo G. Kohen sobre todos los obstáculos interpuestos por el Reino Unido para evitar el inicio de negociaciones diplomáticas sobre el futuros de las islas: “¿Quién ‘bloquea’ en la cuestión Malvinas”, en Página/12, 12 de Enero de 2012.

Iglesia y corporación judicial, socias de la represión ilegal

José Eloy Mijalchyk fue designado capellán del Ejército 
y en 2006 el Papa lo designó “prelado de honor”.
Por Alejandra Dandan


El cura José Eloy Mijalchyk era el “padre Pepe” dentro del centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, de Tucumán. Lo vieron varios sobrevivientes. Uno de ellos alguna vez se lo topó frente a un grupo de secuestrados, encapuchados, tirados en el piso. Le preguntó al cura si iba a rezar por ellos, pero Mijalchyk le respondió: “¡Para lo que les va a servir!”. Entre las tareas, se tomó el trabajo de persuadir a los prisioneros para que colaborasen con sus captores, les pedía que diesen la información que ellos tanto buscaban. Presenció sesiones de tortura. Y como entonces además era el párroco de la Iglesia Cristo Obrero, del barrio El Colmenar, en su entusiasmo colaboró con el régimen llenando planillas de inteligencia con datos de sus vecinos. Tal vez en agradecimiento, Mijalchyk pasó a ser capellán del Ejército y muchos años después, en 2006, cuando las investigaciones judiciales comenzaron a cercarlo, el papa Benedicto XVI lo premió con el título de prelado de honor.

En febrero, Mijalchyk quedó incluido en la resolución que eleva a juicio oral la causa por los crímenes en el centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, de Tucumán. Al cura –que el año pasado consiguió la libertad con una fianza pagada por el obispado tucumano–, se lo considera “autor material por el delito de asociación ilícita agravada y partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad agravada y torturas agravadas en perjuicio de Félix Viterbo Corbalán; María Angélica Mazzamuto de Romero; Antonio Raúl Romero y Roberto Romero”.

Con su nombre, el juez federal Daniel Bejas elevó a juicio a otros veinte represores, entre los que están los jefes más importantes del Regimiento 19 de Infantería, los jefes e integrantes de los grupos de tareas que pertenecieron al Destacamento de Inteligencia 142, con base en Tucumán, los gendarmes que estuvieron en el centro clandestino e interrogatorios, un policía y un civil: el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, parte de los estudios más encumbrados de la provincia, a quien los testigos recuerdan como El Escribano y que integró los grupos de la ultraderecha que, según la resolución, colaboraron “vocacionalmente” con el régimen. Benedicto, que no es el Papa pero lleva la figura de la Iglesia como parte de su nombre, está acusado formalmente de privación ilegítima de la libertad, torturas y torturas seguidas de muerte en el caso del estudiante de ciencias exactas de 22 años Gustavo Adolfo Fochi. De momento nadie sabe si cuando empiece el juicio estará sentado entre los acusados: desde el año pasado está prófugo de la Justicia.

“Las acusaciones muestran que actuó un complejo de varias puertas: participó gente de derecha y civiles que son ilustrativos de las complicidades del terrorismo de Estado y a esta altura ésa es una de las cosas más importantes –dice Julia Vitar, querellante de la causa–. Para nosotros este juicio es importante porque Arsenal es un lugar muy emblemático, uno de los centros más grandes, que funcionó durante uno de los períodos más largos, entre 1976 y 1978, y no sólo era un centro clandestino sino que fue un lugar para el destino final de víctimas: se ejecutaba y enterraban clandestinamente a los detenidos.”
En el nombre de Dios

El cura Mijalchyk es parte de esa Iglesia que funcionó en complicidad con la dictadura y de la que están apareciendo pruebas en los juicios de distintos puntos del país. Su nombre quedó identificado hace varios años y pese a que hubo testimonios que lo situaron dentro del centro de detención, las pruebas en su contra sólo cobraron solidez para procesarlo en 2010, cuando un sobreviviente de la Jefatura de Policía aportó en ese juicio oral una documentación que había logrado guardar con listas de desaparecidos y documentos de inteligencia que terminaron de cerrar la relación de Mijalchyk con el centro.

El sobreviviente es Juan Carlos Clemente, que fue además testigo de aquella respuesta del cura Pepe. Clemente aportó los documentos de inteligencia con información que suministraba el cura. Desde entonces, Mijalchyk se defiende. “Esto es cosa de zurdos –dijo alguna vez–. Me quieren agarrar porque soy capellán castrense y asisto espiritualmente al general Menéndez, como se la di a Zimmermann y Cattáneo hasta que murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron.”

Para la Justicia, a esta altura está probado que el cura “se desempeñaba como párroco de la Iglesia Cristo Obrero de El Colmenar teniendo libre acceso al CCD Arsenal y colaboraba directamente con las fuerzas de seguridad en la Compañía de Arsenales 5 Miguel de Azcuénaga siendo fictamente el capellán de dicho CCD”. Las acciones desarrolladas por él, sigue la resolución, “contribuyeron –al menos– a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en el centro clandestino dentro del cual se cometieron los delitos a la par que, conforme a los testimonios, ‘persuadía’ a los detenidos de colaborar con sus captores entregándoles la información que éstos les requerían”.

El rol de Mijalchyk fue relevante, dice el escrito: “Al menos, en relación con la tortura de las personas en cautiverio dándoles un sufrimiento adicional a los tormentos físicos, tratos inhumanos y degradantes, al utilizar su calidad de religioso y los conocimientos propios de su oficio para lograr el quebrantamiento de su voluntad”. En ese sentido, el juzgado llama a recordar “el rol que le cupo a la Iglesia Católica en aquella época y los numerosos casos que se registran similares a éste”. Un contexto en el que el sacerdote “contribuyó a la implementación del plan criminal dentro de un dispositivo represivo, resultando ejecutor de delitos cometidos en el marco de la represión ilegal”.
Don Jesús

La decisión del juez Bajas también es importante en cuanto a la línea de las complicidades civiles que se investigan en varias causas: la acusación sobre Juan Carlos Jesús Benedicto muestra el carácter que tuvo la ultraderecha civil, que se sumó “por vocación” a la llamada lucha contra la subversión.

“Se encuentra acreditado que los oficiales del Destacamento 142 de Inteligencia comandaban las denominadas ‘patotas’ –dice el escrito–: es decir, las fuerzas de tareas que se encargaban de salir del centro clandestino para cumplir con el circuito de secuestro-interrogación–extracción de información. Esas fuerzas estaban conformadas además por personal civil de inteligencia a las órdenes del Destacamento 142 y también por personas que de manera vocacional se sumaron a las tareas de represión ilegal, provenientes de organizaciones políticas de ultraderecha”. Benedicto, sigue la resolución, “formaba parte de los grupos de tareas o grupos operativos (‘patotas’) del centro clandestino Arsenal y desde esa posición formó parte de llamada ‘lucha antisubversiva’ (...). Así, constituyó un eslabón en la implementación del plan criminal cumpliendo órdenes de represión clandestinas e ilegales, dentro de un dispositivo represivo, resultando ejecutor de delitos cometidos en el marco de la represión ilegal”.

En esta etapa, el juzgado lo acusa de asociación ilícita agravada; privación ilegítima de la libertad agravada y torturas agravadas en perjuicio de Adolfo Méndez Brander y Margarita Laskowski; homicidio triplemente calificado en perjuicio de Gustavo Adolfo Fochi.
Otros avances

Además de los acusados, la elevación de la causa de Arsenal tiene varios datos importantes. Entre otros, la imputación por el delito de violación sexual y abuso deshonesto en perjuicio de cinco víctimas. El juez Bejas ya lo había anticipado en 2010 durante los procesamientos y la resolución marcó un hito porque fue la primera que consideró las violaciones separadas de los tormentos y las consideró crímenes de lesa humanidad, un criterio que luego adoptaron otros tribunales hasta alcanzar la semana pasada un fallo de la Cámara de Casación que se define en otra causa, pero en la misma línea.

Otro punto importante es que Bejas considera que los crímenes se cometieron en el contexto del delito internacional del genocidio. Es una posición habitual del magistrado y, según Julia Vitar, es importante porque, entre otras cosas, no sólo define el contexto sino que esa figura, y la lógica del exterminio, permite pensar en penas de prisión perpetua en todos los casos aunque no exista la acusación específica por el delito de homicidio (la única con perpetua para el Código Penal argentino). De todos modos, es posible que esa posición no prospere al término del juicio oral. Desde el primero de los juicios por la llamada causa Vargas Aignasse, el Tribunal Oral repite la posición de la mayor parte de los tribunales de todo el país: es decir que no pueden condenar por genocidio, entre otras razones procesales, porque no está tipificado en el código argentino. Entre otras cosas, recuerdan que el Estatuto de Roma, que es el que contempla esa figura, excluyó ex profeso la figura de los perseguidos políticos. En esa lógica, exhortan al Congreso a pronunciarse sobre esto.

Fuente: Pagina12

lunes, 27 de febrero de 2012

LAS PERSONAS DE IZQUIERDA SON MAS INTELIGENTES


Un controversial estudio canadiense que comprende datos recopilados a lo largo de 50 años, afirma que las personas con visiones políticas de derecha tienden a ser menos inteligentes que los de izquierda. Al mismo tiempo, advierte que los niños de menor inteligencia, tienden a desarrollar pensamientos racistas y homofóbicos en su adultez.
La investigación fue llevada a cabo por académicos de la Universidad Brock en Ontario, y para realizarlo cruzaron la información de más de 15 mil personas, comparando su nivel de inteligencia detectado en la niñez con sus pensamientos políticos ya de adultos.
Entre los datos analizados se encuentran dos estudios realizados en el Reino Unido en 1958 y 1970. En ellos se midió la inteligencia de niños y niñas con edades entre los 10 y 11 años. Luego, se les hizo un seguimiento para conocer sus posturas políticas al cumplir 33 años de edad.
Según las conclusiones del equipo, las personas con un nivel inferior de inteligencia gravitan en torno a pensamientos de derecha porque les hace sentir más seguros, descartando que tenga relación con su nivel educacional, recoge el diario británico Daily Mail.
“Las habilidades cognitivas son críticas al formarse impresiones de otras personas y ser abierto de mente. Los individuos con habilidades cognitivas inferiores gravitan hacia ideologías sociales conservadoras de derecha que mantienen las cosas como están, porque les provee una sensación de orden”, afirman en el estudio publicado por el Journal of Psychological Science.
Sin embargo no se trata de la única conclusión polémica a la que llegaron los académicos. Adjuntando datos de un estudio realizado en 1986 en Estados Unidos sobre prejuicios hacia los homosexuales, descubrieron que las personas con baja inteligencia detectada en la infancia tendían a desarrollar pensamientos proclives al racismo y la homofobia.
“Las ideologías conservadoras representan un vínculo crítico a través del cual la inteligencia en la niñez puede predecir el racismo de los adultos. En términos psicológicos, la relación entre inteligencia y prejuicios puede derivar de cuán propensos son los individuos con bajas capacidades cognitivas a respaldar con mayor fuerza las ideologías conservadoras de derecha, debido a que ofrecen una sensación de estabilidad y de orden”, agregan.
“Sin embargo, es claro que no todas las personas de pensamiento conservador son prejuiciosas y que no todas las personas con prejuicios son conservadoras”, sentenció el equipo de investigación.

EDUARDO ALIVERTI: No sólo el tren

Por Eduardo Aliverti

Lo sucedido en el Once presenta dos grandes bloques temáticos. El problema, según interpreta el firmante, es que una mayoría de las opiniones e indignaciones circulantes mezcla esos elementos con una facilidad nada recomendable. No es extraño: cuando una cuestión es muy compleja y mucho más si queda envuelta por una tragedia, suele suceder que se recurre a explicaciones fáciles, demagógicas. Reemplazan lo arduo de pensar con mayor profundidad, que es todo un trabajo.

Una parte refiere al accidente propiamente dicho. El término es usado como convencionalismo, porque ya se sabe que no puede definirse como “accidente” aquello que es o sería prevenible. Acerca de eso, hay unas preguntas primeras y excluyentes. Si se demostrara que ocurrió una falla humana con carácter de causa central, ¿cambiaría en algo la observación sobre un transporte ferroviario de pasajeros virtualmente colapsado? ¿Variaría lo que debe opinarse y actuarse en torno de un esquema mamarrachesco, que ya ni siquiera es definible como estatal, privado o mixto? Interrogantes como éstos son de una obviedad indecorosa, pero resultan convenientes a juzgar por la ensalada en que incurren funcionarios, directivos de la empresa administradora (o como quiera que quepa rotularla) y charlatanes varios. Si falló el conductor y no los frenos, ¿se acabó la discusión? Eso parecería, porque encima entra en escena el secretario de Transporte y, en medio del horror, sin aceptar preguntas, en actitud más propia de un canalla que de un pelotudo, dice que si la abuelita hubiera tenido pantalones habría sido el abuelito. Por supuesto, tampoco haría al sentido común que Schiavi se dedicara a abrir juego en torno de un debate de fondo que incluye a su cargo tanto como lo excede. ¿Qué iba a decir, justamente por estar tapado de muertos y angustias? ¿Que estaban evaluando sacarle la concesión a los Cirigliano? No, pero menos que menos faltarles el respeto al dolor, a la bronca, a la impresión. Es de esperar que Schiavi tenga los días contados en su puesto. Se requiere un gesto superior, capaz de mostrarle a la sociedad que no se tolera su dicho pornográfico. Cabe presumir que de chispas como la suya se nutren combustiones como las del viernes a la noche. Familiares y amigos del pibe muerto que encontraron recién ese día convocan a una cadena de oración, y terminan tratando de controlar a un grupo de exaltados de cantidad irrelevante, pero simbólicos en cuanto al hartazgo que desnudan las tragedias. Banquete listo, para gusto de todos los buitres subidos al drama. Más luego, anuncian que el Gobierno se presenta como querellante y que se aplicarán las sanciones que pudieran corresponder. Volviendo, ¿se termina en las sanciones? En el más “satisfactorio” de los casos, ¿les retiran la licencia y chau? Como dice Mario Wainfeld, la respuesta judicial es inevitablemente larga, farragosa. Imprescindible, por cierto. Pero en esto, lo que se necesita ante todo es una contestación política. Nadie debería pretenderla ahora mismo, que es lo exigido por la chusma de todo color y pelaje. El planteo no pasa por ahí, sino por si existe la vocación de darla más temprano que tarde.

Nace allí la segunda parte del asunto. Lo estructural. Y a tener en cuenta: las tragadas de sapo involucran al conjunto social, desde ya que en diferentes niveles porque culpa y responsabilidad no son sinónimos. Lo que subsiste de Estado ausente o mariquita sigue siendo hijo de un menemato que los argentinos aprobaron con más displicencia que reservas. Y en muchos casos con entusiasmo, como el de vastos medios y propagandistas militantes de la orgía privatizadora. Ahora vienen a llorar por ese Estado que se escapó de sus funciones básicas. El modelo engendrado en la eclosión de 2001/2002, y parido por el kirchnerismo, afectó a ese adefesio en unos pedazos significativos. Y en otros no, sin restarle mérito. Se quiso y pudo volver a mirar para dentro con comprensión global; teníamos pinta y síntomas concretos de lo que hoy es Grecia, pero no duró; hubo la quita de deuda más grande la historia; volvimos a creer en la política y no en los gerentes del mercado como mejor instancia resolutoria de nuestros dramas. Avanzamos más allá de lo que una mirada de ortodoxia clasista quiere registrar de un sistema burgués. Y hubo las cosas en que tal vez se quiso o de las que directamente no se intentó saber porque no se podía, a raíz de la debilidad con que nació la criatura. Abrir todos los frentes al mismo tiempo no podía caber en la cabeza de ningún cuerdo. Y uno de esos frentes que en lugar de abrirse se emparchó fue el del régimen de transporte. A medida que el país se recuperaba, se acentuó la garantía de viajar barato. Si volvía el trabajo, que pudieran llegar todos a sus lugares y a como diera lugar. No hay de qué arrepentirse porque los subsidios, o lo que se conoce como ingreso salarial indirecto, sirvieron al propósito de reactivar la economía. También es objetivo que ese mecanismo fue en desmedro de las reinversiones necesarias para acompañar la recuperación; pero, si se lo ve con aquel parámetro del manejo de los tiempos atento a la correlación de fuerzas, era el huevo o la gallina. No sólo respecto del transporte, sino del grueso de las prestaciones.

Esa lógica llega a su fin, pero el espanto en el Once no debe obrar como decreto. Si el criterio fuera ése, se olvidará que en unos días, no más, el “accidente” y el tema desaparecerán de los medios. Por empezar, debería convenirse que tener servicios públicos de buena calidad es un derecho ciudadano y no una aspiración regulable eternamente según los avatares de la economía. La excepcionalidad ya pasó, si es por eso y por mucho que amenace la crisis internacional. Excusas habrá siempre, y siempre las sufren los laburantes. “Sintonía fina” también debería significar que el Gobierno tome las decisiones de segunda generación, porque de lo contrario el “modelo” se habrá consumido en el enunciado y práctica de las primeras: obra pública, inclusión social creciente para saltar del infierno al purgatorio, apuesta por el mercado interno, recueste en la región latinoamericana, etcétera. Si lo proyectual no se dinamiza, las masas no se caracterizan por la paciencia y son susceptibles de caer en manos de sus verdugos una y otra vez. Hace falta renovar utopías, para decirlo simplota pero entendiblemente, y una de ellas bien debe ser que el Estado recupere por completo sus resortes estratégicos. ¿Qué sentido tiene continuar con el esperpento, otrora comprensible, de subsidiar a hombres de negocios que transforman en negociados las políticas públicas? ¿En qué sería peor, a esta altura, un Estado que administre derecho viejo las herramientas de necesidad popular? Con responsabilidad y en forma progresiva, naturalmente. No estamos hablando de manotazos oratorio-solanistas. Ni de denuncismos vacíos que pierden de vista lo imperioso de estar cubiertos por el instrumento político más apto. Estamos diciendo, sí, que en un escenario turbulento, riesgoso, es mejor jugarse a las virtudes y errores de un estatalismo progresista que a los seguros desmadres del lucro como único fin. Fue en sus etapas de fragilidad cuando este gobierno demostró que tuvo lo que había que tener. La ley de medios audiovisuales, de acuerdo con la potencia del contrincante y sin perjuicio de las deficiencias que hay en su implementación, es uno de los claros exponentes. ¿Va a achicarse con el 54 por ciento de los votos en rango flamante y una oposición reducida a las desprestigiadísimas tropas mediáticas?

Hay que ir por más, por aquello del nunca menos.

Fuente: Pagina12

domingo, 26 de febrero de 2012

HORACIO VERBITSKY: Illia, Alfonsín, CFK

Con reverberaciones marxianas, el debate propuesto por 17 intelectuales identifica con la aventura militar de 1982 la posición del actual gobierno. Por el contrario, CFK sigue la línea firme pero pacífica de los ex presidentes Illia y Alfonsín. Llamarlos gurkhas o traidores no rebate sus endebles argumentos, como el reclamo de una autocrítica que no ejercen. El Proyecto X no contiene Inteligencia sobre las protestas sociales, cuya criminalización es un estigma político, no legal. 


Por Horacio Verbitsky

La catástrofe ferroviaria postergó el anuncio sobre la construcción de un museo histórico dedicado a las Malvinas, allí donde hoy están los dormitorios en desuso de los marinos que prestaron servicios en su Escuela de Mecánica. Cuando se conoció ese propósito, por una visita oficial al predio, organismos defensores de los Derechos Humanos comunicaron su inquietud.

CFK la disipó al regreso de su operación: ordenó publicar el aún secreto Informe Rattenbach, que es la cuña más aguda que alguna vez se clavó en el palo militar; proclamó la precedencia de la soberanía popular sobre cualquier reivindicación territorial; renegó de todo intento bélico sobre las islas; denunció la militarización y nuclearización del Atlántico Sur y encuadró el reclamo dentro de la defensa de los recursos naturales de Sudamérica, amenazados por el pillaje de las grandes potencias. Eso explica el respaldo regional que nunca antes había acompañado la posición argentina, para exigir que el gobierno británico cumpla con la resolución de las Naciones Unidas que ordenó a ambas partes negociar dentro del marco del proceso de descolonización. Fue conseguida por el presidente Arturo Illia, en 1965. En 1982, el único político notable que se opuso a la invasión fue otro dirigente de la UCR, Raúl Alfonsín. Esa posición mesurada y su promesa de enjuiciar a los conductores de la guerra sucia contra la sociedad argentina fueron las razones de su sorprendente victoria sobre su lúgubre adversario justicialista, el mismo Italo Lúder que les dio a las Fuerzas Armadas “licencia para matar”, según la precisa descripción del dictador Videla. Los hechos posteriores, que culminaron con la desdichada frase sobre los héroes de Malvinas y con la ley de obediencia debida, no borrarán el reconocimiento histórico que Alfonsín merece por aquellos deslindes fundamentales. Pero tampoco pueden ser omitidos del análisis, que recobra actualidad ahora, cuando Cristina retoma y profundiza el rumbo firme y pacífico señalado por Illia y Alfonsín.

La impronta marxiana

Cuesta comprender, entonces, la declaración de 17 intelectuales que identifican esta madura perspectiva con “la trágica aventura militar de 1982”. Varios firmantes provienen de distintas confesiones marxistas. Cuestionan como contrario a la paz “el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos –es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino–” y destacan las “inevitables consecuencias de largo plazo” que atribuyen a la guerra perdida en 1982. En esta legitimación pasiva del apoderamiento británico de las islas reverbera el Manifiesto Comunista de 1848 y su apología de la expansión colonial como transmisora de “la civilización hasta a las naciones más salvajes”. O la declarada alegría de Marx ese mismo año por “la conquista de México” por los Estados Unidos porque, como celebró Engels “la magnífica California” fue “arrancada a los perezosos mexicanos, que no sabían qué hacer con ella”. Podría seguir con las enmiendas tardías de Marx, perfeccionadas por Lenin al distinguir entre el nacionalismo opresor de las grandes potencias y el nacionalismo liberador de las sociedades más débiles sometidas por aquellas, fundamento del posterior tercermundismo. Pero sería superfluo para estos efectos, porque los buscadores de nuevas alternativas para las Malvinas se quedaron en 1848. En esas definiciones marxianas puede encontrarse también la génesis del tránsito de algunos de ellos hacia el liberalismo y su aversión hacia el actual gobierno, que parece su motivación más profunda. Es legítimo reclamar la “crítica pública del apoyo social que acompañó a la guerra de Malvinas y movilizó a casi todos los sectores de la sociedad argentina” y no es verosímil reducir ese fervor a una manipulación mediática, aunque es ostensible que ocurrió. Pero no hay razón para excluir de esa revisión a ellos mismos y a los partidos y las organizaciones en las que militaban. Salvo error u omisión, las corrientes leninistas, trotskystas y maoístas apoyaron la invasión con entusiasmo.
Prioridades nacionales

No veo tampoco que el gobierno plantee lo que ellos llaman “la causa-Malvinas” como “una cuestión de identidad” ni que la coloque “al tope de nuestras prioridades nacionales y de la agenda internacional del país”. Ocurre que están por cumplirse tres décadas de la guerra de 1982 y dieciocho de la ocupación inglesa de 1833 y esto coincide con grandes novedades en la escena mundial, como la profunda crisis europea y la emergencia de un nuevo poder regional, que tiene a la Argentina en su núcleo (Mercosur, Unasur y la CELAC) y que estrecha relaciones comerciales y políticas con otros polos de poder emergente. En el número enero-febrero de “Nueva Sociedad”, el economista y diplomático mexicano Jorge Eduardo Navarrete destaca que la contribución de los países emergentes al Producto Bruto global desde 1998 “es mayor que la de las economías avanzadas. En otras palabras, se modificó la brecha de producción entre los dos grandes segmentos de la economía mundial”. Mientras el Reino Unido “ha tenido un crecimiento aplanado a resultas de la austeridad”, entre el cuarto trimestre de 2007 y el primero de 2011 el crecimiento real del PIB argentino per cápita sólo fue superado por China y la India, y seguido por Brasil. Si se consideran los países integrantes del G-20, la Argentina, Brasil y México ocupan el 4º, 5º y 9º puesto en la tabla de solidez de la recuperación, luego de China, Turquía y la India. En cambio, Gran Bretaña está en el penúltimo escalón, después de Italia y antes de España.

La participación en tales agrupamientos, en cuya concreción Néstor Kirchner tuvo un papel más reconocido fuera que dentro del país, encabeza las prioridades y define la identidad nacional, no Malvinas. En cuanto a la “escasa relación” de las islas con “los grandes problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan”, me permito disentir. La militarización y nuclearización de la única zona de paz del mundo es una amenaza gravísima, sobre todo si se ejerce en apoyo de las exploraciones hidrocarburíferas en el mar y de la depredación de los recursos ictícolas. Ambas cuestiones están vinculadas con algunos de los problemas principales del país, como la restricción externa que amaga por la crisis global. En 2011 la Argentina exportó pescados y mariscos por 1.365 millones de dólares, más de lo que obtiene por la venta de carne vacuna. Y la balanza del comercio energético arrojó un saldo negativo de 4.500 millones de dólares, que explica la escalada de conflicto con Repsol-YPF.¿Qué lógica tendría controlar la remisión de utilidades y exigir inversiones a las multinacionales radicadas en el continente e ignorar que Gran Bretaña explota los tan necesarios recursos propios en el Atlántico Sur? La declaración recomienda al respecto “una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños”, olvidando que Gran Bretaña decide sin consultar a nadie y que los pasados intentos por congraciarse con los isleños sólo sirvieron para que el Reino Unido acelerara el usufructo inconsulto de esos recursos.

Intereses vs. deseos

Los firmantes ven un “clima de agitación nacionalista” y proponen como alternativa “una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación”. Hubiera sido útil que explicaran qué intereses nacionales consideran legítimos y cómo conciliarlos con la autodeterminación de los habitantes de las islas. Sólo un tercio de esas 3.000 personas descienden de los ocupantes originarios, desde 1983 tienen la nacionalidad británica, y ningún argentino puede radicarse allí aunque lo desee. Esto ridiculiza aún más la pretensión autodeterminatoria. El resto fueron traídos de otras colonias inglesas, son trabajadores migrantes de Chile y Perú y funcionarios de la administración colonial. Como escribió un grupo de ex soldados conscriptos, los habitantes viven en una aldea controlada y no toman ninguna decisión de política exterior, forman parte de los territorios de ultramar de Gran Bretaña. “Conviven en una relación de un habitante por un miembro de las Fuerzas Armadas británicas, unos 3.000 soldados que están asentados en la fortaleza Malvinas en la base de Mount Pleasant, donde se violan tratados de la comunidad internacional como lo es el de Tlatelolco. Hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías militares”. No hay partidos políticos. La única radio y el único canal de televisión son militares y, según una fuente de la cancillería uruguaya, allí se preparan las tropas que inocularán la democracia al pueblo salvaje de Afganistán. El rompehielos “Protector”, que reemplazó al “Endurance” y llegó a las islas el mes pasado, es un barco científico, pero posee defensas que lo hacen invisible para el radar, lo cual lo asemeja a una nave de guerra. Los firmantes también consideran contradictoria la propuesta de “abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía” con el anuncio de que “la soberanía argentina es innegociable”. Es sólo un juego de palabras: en todos los procesos de descolonización los países que negociaron su soberanía ofrecieron algo a cambio. Mandela renunció al enjuiciamiento de los crímenes del apartheid en Sudáfrica y China admitió que Hong Kong mantuviera su régimen de gobierno y su sistema financiero integrado al circuito occidental. La Constitución de 1994 declara el respeto por el modo de vida de los habitantes de las islas y en todos los foros internacionales la Argentina ha expuesto que toma en cuenta sus intereses. Pero Gran Bretaña pretende, y los firmantes de la declaración lo comparten, que se pongan en la balanza sus deseos, que es otra cosa. También proponen “ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y –en especial– con los malvinenses”, que es lo que Londres querría como legitimación del escenario colonial. Agregan que ese diálogo debería ocurrir “con agenda abierta y ámbito regional”, como si no tomaran nota del apoyo de todos y cada uno de los países de la región a la soberanía argentina. Agenda abierta quiere decir, entonces, renuncia al derecho que nuestro país invoca y “abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno”, como si las tres cosas fueran lo mismo.
Autodeterminación
vs integridad

De los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución en 1994, los declarantes deducen en forma correcta que “los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujeto de derecho”. Es discutible si se les aplica la Convención Americana, dado que Gran Bretaña no la firmó y nadie reconoce a los malvinenses otra representación política. En cualquier caso ese tratado prescribe el respeto por la vida, la libertad, la seguridad, la integridad de cada persona, que nadie les discute. El artículo 23 reconoce incluso los derechos políticos “de los ciudadanos” a elegir y ser elegidos para ocupar cargos públicos, pero la Corona designa al gobernador sin consultarlos. El derecho a la autodeterminación sí está contenido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. El sujeto de ese derecho no son los individuos sino los pueblos y, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó en diciembre de 1960 la Resolución 1514, está condicionado al derecho de integridad territorial de los Estados. En 1964, la Secretaría General incluyó a las Malvinas entre los territorios a descolonizar aplicando esos principios y en 1965 la Asamblea votó la resolución 2065 en la que reconoce que hay una disputa de soberanía entre ambos países, a los que insta a negociar una solución pacífica que tenga en cuenta “los intereses de la población”, pero no sus deseos. Es decir que el principio de integridad territorial prevalece sobre el de autodeterminación de un agrupamiento humano injertado allí por un acto de fuerza. Comparar esto con el proceso inmigratorio de nuestra “sociedad plural y diversa” es extravagante. ¿Por qué Gran Bretaña no reconoce, y los firmantes no se lo reclaman, el derecho humano a migrar, universal, imprescriptible e indivisible, que la Argentina consagró en la ejemplar ley 25.871/04, y después de unos años sin restringir la radicación de argentinos convoca a un plebiscito autodeterminatorio?

Mi desacuerdo con este documento no implica desconocer la legitimidad del debate que propone y de su oposición a sacralizar posiciones. No discutiría tampoco que “los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni la escasez de recursos naturales”. Llamar a los firmantes gurkhas, cipayos, colonizados, quinta columna o traidores no es la mejor manera de rebatir sus endebles argumentos.

Fuente: Pagina12


FORMOSA - CAUSA CARRILLO: Desgarradoras declaraciones de un ex comisario

Mirta Insfran y Ricardo Borgner, militantes del
PRT Formosa, detenidos desaparecidos.

Esteban García afirmó que Borrini, Cañete y Aranda frecuentaban el lugar de torturas,  “no salían de ahí”, que se violaba a las prisioneras, y que lo relevaron en el puesto por Agustín Echeverría, que tenía “caracteres particulares” para los interrogatorios”.

En el marco de la mega causa Carrillo, en la que se juzgan delitos de lesa humanidad en Formosa declaró el ex comisario de la policía provincial Esteban Antonio García de unos 59 años de edad, como testigo calificado por su participación durante tres meses en el sector de ingreso del RIM 29 cuando en aquella institución se inauguró un centro clandestino de detención durante el último gobierno de facto.


Su tarea en el RIM 29 consistía en “informar los ingresos y egresos de detenciones o libertades de personas acusadas de participar en movimientos subversivos”.  A través de su relato se pudo establecer coincidencias con otros testigos, que aseguraron la detención en la unidad militar del desaparecido dirigente justicialista clorindense “Pancho” Bogarín, de Cantalicio Mazacote, del “Bocha” Pereyra, aún con su traje de casamiento con el que lo secuestraron, del “Pelado” Acosta, de Cerdán, Velásquez Ibarra, de una chica de apellido Sosa, de Héctor Tievas, Ricardo Bogner y su esposa, Mirta Insfrán.


Aseguró que por Gendarmería frecuentaban el lugar e “interrogaban”, los oficiales superiores de apellido Domato, Sosa y Sabadini. Por parte de la Policía provincial  los oficiales superiores de apellido Borrini, Cañete,  “Yoyo” Aranda y Muñiz, agregando que  “no salían de ahí”. Y por el Ejército nombró los apellidos de  Steimberg, Camicha, Alturria, Rearte y el propio ex general Colombo, quien gobernaba la provincia, que “fue a visitar  los calabozos; me llevó a mi, me tenia recagando”. Corroboró además la presencia de represores paraguayos  como la del oficial stronista Pastor Coronel. 


El relato sobre violaciones en el Regimiento a las mujeres detenidas fue el más desgarrador. No solo por que las mantenían esposadas y desnudas, en condiciones higiénicas deplorables, sino que “soldados y suboficiales”  las violaban reiteradamente, haciendo comentarios burlones tales como; “le diste a fulana? … contestaban que sí, y decían que lo puteaban”. El caso puntual de Mirta Insfrán pone de manifiesto el nivel de degradaciòn  que se llegó en dicho centro clandestino y la entereza moral de la víctima.  “Me confesaba los actos sexuales por la fuerza que le hacia el personal subalterno del Regimiento, y ella convencida de sus ideales me decía: "oficial deje nomás que sigan cogiendo que nadie me va a sacar de mis ideas, y menos estos hijos de puta” expresó el ex oficial policial. 


Los abogados y querellantes hicieron notar las coincidencias con las declaraciones del ex comisario con las del ex conscripto Anibal Ramón Gomez y con los distintos sobrevivientes de dichos centros clandestinos formoseños, que en este caso involucran claramente y por primera vez al ex ministro de gobierno Elvio Borrini, acusado por la familia de “Monchi” Díaz por su desaparición, y al ex subjefe de policía Agustín Echeverría. 


Fuente: Agencia PSR.

sábado, 25 de febrero de 2012

JUAN EDUARDO LENSCAK: Carnaval

Por Juan Eduardo Lenscak 


Esta semana se juntaron con las fiestas del carnaval, la tragedia ferroviaria de Once, las movilizaciones sobre la megaminería, y una crítica a la política oficial sobre Malvinas. 

CORSOS 

En Formosa, el carnaval tuvo características excepcionales. No solo por su masividad y colorido, sino y principalmente porque acompañó el criterio nacional de popularizar dicho festejo. El gobierno de CFK había oficializado su celebración decretando días de asueto para liberar esta tradicional espontaneidad festiva del pueblo sesgada por un gobierno de facto. Y desde nuestra provincia, se le sumó la gratuidad en el acceso. 

No fue un detalle menor. 

Hay todavía quienes critican la decisión nacional de establecer esos días como no laborables, sumándose a la corriente “patronal” de presuponer que no debe haber más momentos para alivianar el yugo de la rutina de los trabajadores. Que con los fines de semana, los feriados, y los feriados puente, ya es más que suficiente. Que “mucha joda” perjudica a la disciplina laboral, que “así no vamos a progresar”, etc, etc, etc. 

Estos detractores de lo que consideran un “viva la pepa” popular, ahora tienen además, el ingrediente formoseño de la liberación de trabas económicas en el acceso a una diversión ancestral, durante años reprimida. 

Si antes no acordaban con la oficialización del carnaval, ahora, con esta gratuidad en el acceso y promoción de la conformación de murgas, comparsas y carrozas, podrán contar con mayores argumentos para reforzar el silogismo empresario fundante de la “férrea” disciplina laboral en favor de sus ganancias… El mismo que se expresara en el derogado decreto ley promulgado nada menos que por una dictadura militar. 

Para los amnésicos que reprimen el pasado por mezquinos intereses presentes, es bueno recordar que los carnavales contemporáneos no son más que las adecuaciones de las ancestrales festividades dionisiacas griegas, las bacanales griegas, las diabladas andinas y las migraciones amazónicas, por citar las más importantes cunas culturales condicionantes de nuestro inconsciente colectivo. Y que con ellas en vigencia, el país crece en sentido inverso a lo hecho por el “modelo” sin carnaval popular dispuesto por las patronales del ajuste. 

MISERERE 

Pero la alegría y bullicio del carnaval se calló de golpe con el accidente ferroviario en la estación terminal de Once. 

No fue para menos. La realidad se instaló con la crudeza de las tragedia. Más de medio centenar de muertos y más de medio millar de heridos mostró la otra cara de una sociedad con problemas estructurales a resolver. Esta misma sociedad que dejó las formalidades y los deberes diarios entre paréntesis en un fin de semana largo, se encontró con un severo llamado de atención. Algo funcionó mal. Muy mal. Además de la fatalidad propia de todo accidente. 

La dolorosa herida presente en morgues y hospitales avivó las críticas a la modalidad de las concesiones o privatizaciones impuestas por el neoliberalismo, y a los controles oficiales (o mejor dicho descontroles), como responsables más directos de un sistema de convivencia política donde el lucro empresarial está por encima del servicio social, 

En Formosa desde el oficialismo, a través de la Defensoría del Pueblo se publicó los nombres de las víctimas y se ofreció colaboración para los familiares formoseños. La oposición, desde la presidencia del bloque radical del senado de la Nación, a través de su presidente, Luis Naidenoff, pidió que se revisaran y anularan las concesiones otorgadas a terceros por parte del Estado Nacional, criticando al ejecutivo por su connivencia con la concesionaria, responsabilizándolo por este tipo de desastres evitables. Sin aclarar que esta tragedia también es fruto de políticas diseñadas hace varias décadas atrás donde algunos de los actuales críticos también son corresponsables. 

Las corporaciones económicas y mediáticas, afianzadas durante la dictadura militar y la democracia neoliberal, que no ven con buenos ojos las licencias laborales del carnaval para los festejos populares, cuando huelen conflicto, sangre y tragedia, se abalanzan sobre los responsables de políticas públicas reparadoras para erosionar su nivel de consenso. Lo estaban haciendo con el tema del cianuro y de la mega minería, disfrazándose de ambientalistas, cuando apareció la catástrofe de plaza Miserere. Y en los dos casos es difícil separar la responsabilidad dirigencial del actual gobierno que no puede eludir hacerse cargo de los hechos, con la situación heredada que va a contrapelo de la estrategia asumida desde la conducción nacional. El acicateo por izquierda azuzada por los sectores responsables y beneficiados de todos los ajustes, privatizaciones, Conintes, inviernos, corralitos, y megacanges aparece como una suerte de juego carnavalesco donde el gato se disfraza de ratòn, y el delincuente de policía. Donde es difícil saber quién es quién cuando se acepta alegremente que todo el mundo use caretas. 

MALVINAS 

El disfraz que también llamó la atención fue el documento titulado “Malvinas, una visión alternativa” firmado entre otros por la escritora Beatriz Sarlo, los periodistas Pepe Eliachef, y Jorge Lanata, el jurista Daniel Sabsay, y el diputado Iglesias, entre otros, en el cual se afirma que “necesitamos abandonar la agitación de la causa-Malvinas y elaborar una visión alternativa que supere el conflicto y aporte a su resolución pacífica”. Entienden que los argentinos como hijos de inmigrantes no tenemos “derechos preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace varias generaciones”, que debemos “abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean” y que no se puede insistir en sentarse a una mesa de negociaciones con una postura intransigente con respecto a la soberanía. 

Si no fuera que los firmantes están anclados en una determinada corriente de opinión, solventados por corporaciones que tradicionalmente expresaron los intereses imperiales en el país y que potencian sus escritos como ex cátedra, un lector desprevenido podría digerir sin masticar, y creer que no usan máscara en este carnaval, aceptando ingenuamente que la alternativa propuesta por esta “inteligencia” sea diferente de la actual diplomacia inglesa que reivindica la autodeterminación de los kelpers solo como freno para las negociaciones con nuestro país, pero sin otorgársela de hecho a los isleños. 

………………………… 

Estamos transitando un momento de grandes transformaciones. Caminamos hacia un futuro que vamos conociendo mientras lo recorremos. Construimos otro país, con otro modelo de convivencia y de producción. Estamos movilizados, como lo hacían los guaraníes en sus migraciones o como lo hicieron los esclavos judíos con Moisés cuando cruzaron el mar Rojo. Negamos el stablishment como lo hacían los griegos y romanos en las festividades dionisiacas y bacanales. O como lo entendían nuestros ancestros andinos, desenterrando y enterrando lo demoníaco. La realidad nos muestra los graves problemas heredados, con escenarios diferentes, y hasta imprevistos. Siempre habrá quienes añoren las “cebollas de Egipto” o critiquen a los “karaí” que impulsaron la migración. La cuestión consiste en profundizar por qué nos fuimos de donde estábamos, para no tentarnos con volver a las “seguridades” del sistema que nos esclavizaba. Y desenmascarar a los pro-megamineros disfrazados de ambientalistas, a los privatistas con remeras del Che, y a los escribas cipayos con antifaz de patriotas. Así, además, celebraremos con mayor intensidad y creatividad el sentido profundo, popular y liberador del carnaval.

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