miércoles, 30 de noviembre de 2011

NILDA GARRÉ: Ya no habrá secretos en las fuerzas de seguridad

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó a los Jefes de la Policía, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria a "reconocer y respetar a las personas de acuerdo a la identidad adoptada". La resolución contempla tanto a quienes realicen trámites en alguna dependencia de esas fuerzas como a quienes estén detenidos o integren esos organismos, y abarca la ropa, el uniforme y el uso de baños y vestuarios.


La resolución cuyo objetivo principal es respetar el "derecho a ser quien se es" y combatir "conductas transfóbicas y homofóbicas", para que se le brinden a las personas trans un trato acorde a la "identidad autopercibida" cuando así lo soliciten, informó el Ministerio a través de un comunicado.
"Las personas 'trans' deberán ser reconocidas por la identidad de género adecuada a su percepción, tanto en el trato personal como para cualquier tipo de trámite, comunicación o publicación al interior de las Fuerzas", sostiene la resolución 1181/2001 dictada el viernes pasado y que le fue enviada a los jefes de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El personal de las Fuerzas que quieran readecuar su nombre de género deberá pedirlo al Centro Integral de Género de la institución que forman parte y "se tendrá en cuenta su vestimenta y uniforme, la utilización de las instalaciones diferenciadas por sexo (baños, vestuarios), la asignación de tareas que correspondan según su identidad, etc.", se destacó.
En cuanto a los detenidos, la medida sostiene que "el alojamiento de personas trans en dependencias policiales se realizará en la celda correspondiente según el género autopercibido que la persona detenida informe, al igual que el uso del resto de las instalaciones diferenciadas por sexo en las dependencias".
También "en el caso que el/la detenida/o entienda que existe un riesgo potencial para su integridad personal, si en el momento de informar su género no se identifica con ninguno del binomio masculino/femenino, podrá solicitar ser albergada/o en una celda separada".
En el marco de las medidas para "combatir conductas transfóbicas y homofóbicas, el Centro Integral de Género de cada Fuerza organizará charlas y brindará asesoramiento en los puestos de trabajo, a fin de concientizar acerca de cuestiones de género e integrar a las personas trans en el ámbito laboral".
Fuente: Pagina12

MARCELO KOENIG: Victoria, disputa y profundización del rumbo


Por Marcelo Koenig*

En la figura de Cristina se condensa la síntesis del proyecto en clave de avance, a un ritmo que –como siempre– está condicionado por la correlación de fuerzas cada vez más internas que externas.

Muchas veces, al hablar de historia hablamos de la experiencia de un pueblo en su camino político. En este sentido, los años 2008 y 2009 configuraron un punto de inflexión en el proceso abierto en 2003, al asumir Néstor Kirchner. Hasta ese momento se trató de un gobierno en disputa que, saliendo de la crisis más profunda, recompuso la economía, la institucionalidad y la política, a partir de poner en paralelo intereses diversos. La gravedad de esa crisis requería de ese camino de reconstrucción, tejiendo acuerdos y concurrencias, con la menor cantidad posible de frentes abiertos. El único gran corrido de la escena fue el capital financiero, bajo cuya hegemonía se había producido la debacle de la economía nacional

La aparición de frentes enemigos llegó con el llamado “conflicto del campo”. A partir de la disputa con las patronales sojeras quedó en claro que el proceso de reconstrucción estaba hecho y que ahora venía una fuerte disputa de cómo debía distribuirse la torta. Y en esa pelea estamos.

Aquel punto de inflexión hizo, además, que el kirchnerismo se repensara a sí mismo como instancia de continuidad del peronismo en la defensa de los intereses nacionales y populares. Así, se fue pasando a afectar con medidas concretas intereses concretos en la configuración de un proyecto real de país. Quizás, los mayores ejemplos sean la nacionalización de los ahorros de los trabajadores, a través de la estatización de las AFJP, o la Ley de Medios, que implicó cuestionar la capacidad de producir sentido de los multimedios. Y esto produjo crispación. Nadie es tan hábil como para desplumar a la gallina sin que la gallina grite.

Dejó de ser un gobierno en disputa para ser un Estado en disputa. Dicho de otro modo, ya no se discute en función de quién se ejerce el poder ni la necesidad de sustentar la gobernabilidad, sino el sentido histórico del proceso, su ritmo de avance o retroceso. En la figura de Cristina se condensa la síntesis del proyecto en clave de avance, a un ritmo que –como siempre– está condicionado por la correlación de fuerzas cada vez más internas que externas. 

Este es el signo de la etapa y la transición de los próximos cuatro años y dirá si el proyecto nacional y popular tiene éxito en su consolidación, o bien el poder económico concentrado consigue atrincherarse en sus privilegios. 

La victoria de octubre pasado, además de la oportunidad de avance, determina el terreno donde se dará la disputa. Si el campo popular lee el triunfo electoral como una oportunidad de profundización, los sectores reaccionarios, cuyas expectativas de imponerse en las urnas se vieron nuevamente frustradas, empiezan a pensar que su estrategia debe restringirse a la acción por las líneas interiores del propio kirchnerismo. 

Este conglomerado político kirchnerista tiene una amplia base gregaria. Su sustentación organizada se expresa en tres niveles que no funcionan como compartimentos estancos pero sí son diferenciables conceptualmente: un poder político territorial conservador, un Ejecutivo nacional heterogéneo pero que responde a la iniciativa centralizada en un núcleo “pingüino”, y una militancia con gran fragmentación, de la cual ha elegido particularmente a La Cámpora y a la juventud en general como interlocución de fuerza propia. Dentro de esta tercera pata militante están también los llamados movimientos sociales, que si bien han perdido gran parte del protagonismo que supieron tener, conservan una considerable capacidad de movilización. A esto podemos agregarle una cuarta pata, que muchas veces el kirchnerismo cuenta más como fuerza aliada que como tropa propia, aunque es uno de los pilares de sustentabilidad del proceso: el movimiento obrero, en particular, el sector que conduce la CGT de Hugo Moyano. En los últimos tiempos se produjeron algunos cortocircuitos entre gobierno y CGT. Aun siendo componentes necesarios y complementarios en el despliegue del movimiento nacional y popular, ni el gobierno ni el moyanismo se reconocen a sí mismos ese carácter.

Está claro que el gran derrotado de las pasadas elecciones fue el multimedios Clarín y sus socios, que infructuosamente intentaron imponer a sus candidatos. Los medios masivos han perdido su capacidad de determinar el sentido común, esa es su peor derrota. Esto no significa que los sectores del poder económico estén dispuestos a entregarse y subordinarse al avance de la política popular. Por el contrario, siempre tienen un plan B. Por eso mantuvieron a ciertos personajes que les responden, más allá de contradicciones menores, jugando por dentro del peronismo. Y ahora empieza el tiempo en que van a empezar a mover esas fichas. Sin embargo, que la contradicción principal deje de estar afuera para pasar a estar adentro significa una gran victoria para los sectores que apoyamos este proceso. Que la vuelta a un modelo neoliberal crudo haya fracasado es para todos una gran noticia.

Así planteado, en el seno de la fuerza del gobierno van a convivir con mayor o menor nivel de tensión dos ejes. Por un lado, están aquellos que piensan que este proceso ha llegado a su techo, que no se puede seguir avanzando, que ya ha tocado demasiados intereses y que tiene que buscar su estabilidad en una condición de gobernabilidad. Son los sectores sobre los cuales el capital concentrado va a operar a efectos de hacerlos permeables, no sólo como dique de contención del avance popular sino como mecanismo de recuperación de algunos privilegios o bien de recomposición con actores con los cuales el kirchnerismo se ha enfrentado y puede ir por más.

Por otro lado, están las fuerzas de la consolidación y la profundización que, sin ser exactamente idénticas, van tener en esta etapa roles muy similares, hasta a veces difíciles de distinguir. Esto es así porque en todo proceso de ofensiva popular, aquellos que sólo defienden la iniciativa de los que detentan el poder y los que tienen un compromiso con un proyecto, apuntan para un mismo lado. Es decir, los sectores que están dispuestos a acompañar a este gobierno lo van a hacer en clave de avance, porque Cristina en su segundo mandato está claramente decidida a ir por el bronce, a ir por la historia. Un ejemplo es el lanzamiento del plan agroalimentario de industrialización. Cada vez más aparece como concurrente la patria que soñamos quienes venimos de la tradición política del peronismo revolucionario, con el rumbo que Cristina le impone a este proceso político.

En definitiva, se dará una disputa en cuatro planos. Por un lado, hay que terminar de enterrar las aspiraciones de las fuerzas reaccionarias que plantean un aborto rápido del proyecto nacional y religar el modelo económico, político y cultural con las nuevas condiciones de dependencia, volviéndonos a convertir en periferia. En otro plano, se debe dar una disputa no antagónica con los sectores más conservadores de este proceso político, para que no se conviertan en la fuerza de la restauración. Se trata de la mayoría de quienes tienen poder territorial y que en muchas provincias lo usan de modo cuasi feudal. Construir alternativas desde el propio kirchnerismo, entendiendo cómo y por qué el gobierno está obligado a seguir estableciendo diálogo con estas fuerzas, será todo un desafío de comprensión y acción de la línea estratégica. En un tercer plano, está la necesidad de constituir una alianza estratégica con las fuerzas que expresan a este proceso como fuerza propia del kirchnerismo. Hacer el esfuerzo por encontrar los puntos de unidad y no los de diferencia, es la clave. Y finalmente, la tarea particular de la militancia será hacer crecer la espalda, a través de la articulación y el desarrollo de las fuerzas de la profundización, logrando colocar agenda en el Estado. Siendo punto de apoyo para poner el Estado en una sintonía aun más fina con los intereses populares, en la materialización del proyecto nacional.

* Conducción Nacional Peronista.

martes, 29 de noviembre de 2011

¡Peligro! Hombres revisando la historia


Por Víctor Ramos.

Integrante del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego.

El sectarismo de La Nación parece ser tan obtuso que no perdonan ni a ‘Pacho’ que hasta se esfuerza por ser cortés con el adversario.

La escritora y periodista Beatriz Sarlo, en referencia al Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego ha planteado –en el diario La Nación– que la creación de la novel institución: “puede ser arcaica o –advirtió– peligrosa”. Seguramente muchos lectores de ese diario se hayan sorprendido ante tan explosiva declaración. La simple creación de un instituto de investigaciones históricas que aparentaba hasta ahora ser un inocente e inofensivo grupo de estudio, ¡se convirtió en un peligro! ¿Para quién puede ser peligroso el nacimiento de un instituto que se dedique a investigar la historia argentina y latinoamericana? 

¿Qué pone en riesgo?En dos artículos combinados publicados el sábado 28 de noviembre, el diario La Nación ataca con argumentos reaccionarios, en una nota sin firma y con argumentos progresistas con el sello de Beatriz Sarlo, la creación del Instituto Manuel Dorrego. Las figuras de José Luis Romero y Tulio Halperín Donghi –como marmolados en vida– son expuestas como paradigmas de la historia “oficial”, de la historia “académica”, de la historia “verdadera”. Es notable como La Nación mantiene su sociedad con los socialistas amarillos de Juan B. Justo. Fueron socios de los golpes militares de 1930, de 1955 y de 1976. ¿No será que tiene miedo que se revisen algunos papeles?

El diario de Bartolomé Mitre, fundado en 1870 bajo el lema “La Nación, tribuna de Doctrina” está preocupado por el peligro de que tome cuerpo institucional una nueva doctrina en la historia política de nuestro país. En la nota de referencia publicada en la tapa del diario se ataca, como nunca lo había hecho antes, al presidente del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, Dr. Mario “Pacho” D’Onnell. Con una furia incontenible intentan desacreditar al más tolerante, al más amplio, generoso y democrático de los historiadores argentinos. El sectarismo de La Nación parece ser tan obtuso que no perdonan ni a Pacho que hasta se esfuerza por ser cortés con el adversario. Pero la chicana periodística puede más.

No es cierto lo que señala Beatriz Sarlo que: “Los revisionistas del ’30 podrían festejar” la creación de este instituto. Los revisionistas a que se refiere la prestigiosa escritora son Julio Irazusta y Carlos Ibarguren, ambos de tendencia nacionalista católica de derecha o fascistas si se quiere que participaran con el diario La Nación y el Partido Socialista de todos los golpes militares que se mencionaron. Y para más información es el ministro de Educación, nacionalista católico de derecha (de los que alude Sarlo) Atilio Dell’Oro Maini, de la Revolución Libertadora, quien designa al socialista democrático, José Luis Romero, interventor de la UBA Universidad de Buenos Aires. Y es Tulio Halperín Donghi quien relata su antiperonismo, su afiliación al Partido Socialista –el de los fusilamientos de 1955– y su justificación al golpe de Videla de 1976; que como decía Balbín “no había otra salida”. La historia y la política se mezclan mucho para dolor de cabeza de algunos “académicos” que pretenden encontrar la fórmula de la “pureza de las sustancias” que aún las ciencia duras no han podido descifrar.

Son dos las corrientes historiográficas que confluyen en el nuevo Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, la del Nacionalismo Popular, donde transitaron las páginas de José María Rosa, Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz y la de la Izquierda Nacional que forjaron Manuel Ugarte, Juan José Hernández Arregui y Jorge Abelardo Ramos. La gran amistad entre Jauretche y Ramos –que los llevó a intercambiarse textos con la firma de uno u otro indistintamente– posibilitó que se constituya una poderosa estructura bibliográfica, donde virtualmente se demolió al “mitrismo” dominante. Pero la ideología porteña aliada al capital extranjero fue mutando, ahora se hace llamar “historia social”, pero es el mismo perro con distinto collar.

Este instituto no está cerrado para nadie, y mucho menos para el debate que por lo visto ya lo está generado y mucho. Pacho O’Donnell le ha dado una impronta juvenil y ha incorporado a estudiosos de la historia contemporánea como a Eduardo Anguita, Leticia Manauta, Hernán Brienza, Pablo Vázquez, Enrique Manson, Francisco Pestanha, Pablo Hernández, Ana Jaramillo, Salvador Cabral, Araceli Bellotta y Felipe Pigna, Julio Fernández Baraibar y Hugo Chumbita entre otros destacados historiadores.

Fuente: Diario Tiempo Argentino

Lo que encontró la CIDH, 32 años después


Familiares de desaparecidos denuncian ante la CIDH - 1979

Por Alejandra Dandan
Las cajas de documentos que durante la dictadura dieron sustento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezaron a volver al país. Se trata de una medida inédita en este organismo de la OEA que durante años recibió e, invariablemente, rechazó pedidos de acceso a los documentos, tanto de jueces argentinos como del resto de la región. Una misión a Washington encabezada por el juez federal Sergio Torres, en el marco de las investigaciones por la megacausa de la ESMA, terminó de habilitar la desclasificación de documentos, en una decisión que la CIDH la considera histórica y consigna como un reconocimiento a los procesos de verdad, justicia y memoria desarrollados en el país. Durante la estadía, Torres digitalizó sólo una parte de las 65 cajas de archivos con informes ligados al centro clandestino de los marinos. Los documentos servirán como prueba para reforzar tramos de la megacausa, pero en las cajas hay además archivos de valor histórico. Ahora todo está guardado en el juzgado, reservado, aunque a disposición de las partes. La discusión ahora hacia el interior de la OEA es si se trata de una excepción o es un antecedente para otros países de la región (ver nota aparte).
“Es una foto de la época que nadie puedo tomar, no hay otros registros”, dice Pablo Yadarola, secretario del juzgado, uno de los que integró la misión. “Mi sensación es que cuando uno vuelve a mirar esos papeles a la luz de la historia lo que ve es, entre las cartas de los familiares, un último pedido de auxilio, porque dentro del país todo estaba prohibido.”
Los relatos de quienes se aproximaron a dar testimonio durante la inspección de la CIDH al país en diciembre de 1979 contienen el tempo del tiempo presente con detalles y enorme cantidad de datos, que cobran mayor fuerza cuando se los compara con los que se escuchan más de 30 años después en los juicios de lesa humanidad.
Uno de los ejemplos es el caso de la mujer de Alberto Samuel Falicoff, médico que realizaba prácticas en el hospital de niños de Córdoba. Los dos fueron trasladados a la ESMA. Su mujer salió al cabo de un mes aproximadamente y denunció el caso ante la CIDH, antes de la visita del organismo al país. Ese testimonio reúne dos características. Es el único de aquel caso, porque su mujer no volvió a declarar y el relato lo usó por lo menos una de las querellas en el juicio como prueba de ese secuestro. Pero su potencial radica en la fuerza de la inmediatez, un dato que podría reencontrarse en los documentos que quedaron de lado.
“En el baño el guarda me saca la capucha, me pregunta cuántos años tengo, si soy casada y si tengo hijos”, dice la mujer. “El es un pibe de aproximadamente 17 años. Se porta muy atento y me pide que lea lo que dice en mi capucha y veo escrito con fibra sobre la tela ‘posible franco’. Le digo qué significa y me dice que me van a largar. Su única misión es cuidar que los prisioneros no hablen, no levanten la capucha y a los que lo hacen pueden pegarles a gusto hasta matarlos.” Le contó que el día anterior le tocó ir a una casa que alguien había denunciado. Que como los dueños trataron de escapar “tuvieron que disparar y mataron a la mujer joven con un niño. Que después pudieron comprobar que no tenían nada que ver, que a él le había hecho mal pero que toda la culpa la tiene quien denuncia a gente inocente”.

El viaje

Torres decidió pedir los documentos por dos razones. Para ampliar la base de pruebas de las víctimas ya identificadas y, además, para buscar nombres de víctimas hasta ahora no identificadas. Antes de iniciar el viaje, el juzgado mandó un listado con las algo más de 900 víctimas que pasaron por la ex ESMA, con nombres de los acusados. La CIDH hizo una primera clasificación de archivos que arrojó más de 200 coincidencias.
En Washington, el juzgado encontró 65 cajas con unos cien legajos cada una. De la primera clasificación, hecha en una semana, entendieron que de las 65 cajas, unas 55 tienen legajos de la víctimas, una parte de las cuales sigue “reservadas” porque los denunciantes le pidieron a la CIDH mantenerla en esos términos. Y 10 cajas son documentos cuyo valor no sólo es judicial sino histórico porque, entre otros elementos, guardarían las entrevistas que mantuvieron los seis funcionarios del organismo. Entrevistas con jerarcas de la dictadura como Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Albano Harguindeguy o Adolfo Gabrielli, entonces presidente de la Corte Suprema. También Luciano Benjamín Menéndez y con ex presidentes como Héctor Cámpora o Arturo Frondizi. Con la Iglesia Católica, integrantes de organismos de derechos humanos, asociaciones empresarias y gremiales. También, se sabe, hay encuentros con asociaciones de “víctimas del terrorismo”, que se acercaban a hacer lobby a favor del país del “somos derechos y humanos”.
El modo en el que usará la información y su circulación de momento está limitada a los que intervienen en el juicio: fiscales, defensores y querellas. Desde el juzgado subrayan su carácter reservado y secreto dado el futuro que puede tener esta decisión en el marco de la OEA parece sujeta a las lides diplomáticas.

La comisión

En la historia de la ESMA el paso de la comisión marcó un antes y un después distinguible en su edificio. Mientras los marinos se preparaban para la visita, trasladaron a los detenidos a la isla El Silencio, del Tigre, propiedad de la Iglesia Católica, actividad operativa que estuvo a cargo del represor Ricardo Cavallo. En el edificio tapiaron una de las puertas de acceso y modificaron la planta principal.
La comisión recibía denuncias desde 1975, pero después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 las denuncias se convirtieron en avalanchas de reclamos. Sus integrantes empezaron a expresarle al gobierno argentino su “preocupación por el número cada vez más grande de denuncias y por las informaciones de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos y libertades fundamentales”, como recordaron Emilio Mignone y Agusto Conte en la introducción de lo que años después iba a ser el Informe Prohibido, informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.
“Como las respuestas de la dictadura fueron insuficientes –cuando contestaba– o carentes de verosimilitud sugirieron el envío de una misión.” El 18 de diciembre de 1978 la dictadura aceptó la inspección, pero como consecuencia de las presiones y esfuerzos dilatorios terminó realizándose un año más tarde: entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.
La visita se boicoteó internamente con la campaña “destinada a desprestigiar al organismo presentando su actuación como intromisión en asuntos internos”, recuerda ese libro. Algo que puede verse en las páginas de los diarios de la época, que reproducen solicitadas de empresas y títulos con la lógica del boicot. Decíamos ayer, de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta compiló algunas imágenes: la tapa de la revista Somos del 7 de septiembre de 1979, que caricaturiza a un funcionario de la CIDH que aparece con una lupa apuntando a las narices de un militar: “Comisión de Derechos Humanos ¿Qué buscan?”, decía el título. Pocos días antes, el Banco Provincia publicó una solicitada en La Prensa: “Los argentinos somos derechos y humanos”. El 13 de septiembre, el diario La Razón presentó un textual del cardenal Primatesta en el que decía que la Iglesia “ratificó su posición respecto de la realidad nacional”. Realidad que había sido reseñada el 9 de septiembre, en Clarín. Monseñor Guillermo Bolati, arzobispo de Rosario, decía: “Cada país debe regular los derechos humanos. No deben ser los extranjeros los que nos vengan a indicar qué tenemos que hacer”. El 22 de septiembre, cuando la comisión dejó el país, La Nación difundió la posición oficial ante la visita: “La Argentina solo se confiesa ante Dios”. El mismo día, La Prensa reprodujo una frase de Harguindeguy: “La Argentina no tiene nada que ocultar”. Y luego: “Mentiras infames sepultadas por la verdad incontrastable y comprobada”.
Para entonces, los periodistas que habían estado cubriendo la inspección de la comisión a la cárcel de Devoto dejaron constancia de que habían sido fotografiados individualmente. Y que frente las oficina de la OEA, en Avenida de Mayo, se “ha advertido la presencia en las reuniones de prensa de personas que no es posible identificar como prensa de ninguno de los medios conocidos”. Carmen Lapacó era una de las mujeres que hicieron la fila en la sede la OEA de Avenida de Mayo.
La comisión aprobó el informe el 11 de abril de 1980, pero el ingreso de ese documento al país estuvo prohibido. Mignone y Conte lo explicaron en la edición que se logró hacer en 1984: “Pese a su interés e importancia es prácticamente desconocido en nuestro país. Cuando apareció, los diarios y revistas argentinas –por sugerencia del gobierno militar– se limitaron a transcribir sus conclusiones seguidas de una refutación elaborada por el régimen (...). Las organizaciones de derechos humanos no encontraron entonces una sola imprenta dispuesta a correr el riesgo de imprimirlo”. Unos 500 ejemplares lograron ser traídos desde Washington y se reprodujeron clandestinamente.
“El CELS todavía estaba en su sede d Viamonte –explica Carmen Lapacó–. Emilio Mignone trajo el informe de allá y entonces me acuerdo de que Noemí Labrune y yo sacábamos de ese informe hojas, no seguidas sino de lugares distintos, de a dos o de a tres, del medio. Había pocos lugares con fotocopiadora, íbamos a una y después a otra: nos recorrimos medio Buenos Aires para que no se dieran cuenta qué era. Una vez, a Noemí le pasó que el hombre que le iba a sacar las fotocopias le dijo: ‘Usted es una subversiva’, y le tiró los papeles en la cara. Dado ese antecedente, otra vez yo llevé otras a un lugar en Caballito. Voy a buscarlas. Dos muchachos jóvenes de una imprenta dicen: ‘¿Por qué están así cortados? Nosotros tenemos interés en tener todo’. Pero con lo que había pasado, les dije que trabajaba en un estudio jurídico, del miedo que tenía. Me dicen: ‘Dígales a los abogados que nos den todo que les hacemos un precio especial’. Salí y me tomé un taxi, vivíamos con miedo.”
Cuando estuvieron listas todas las fotocopias, cuenta, se reunieron con Luis Zamora y empezaron a armar los juegos. Zamora hacía los agujeros en las hojas. “Pero cuando hubo que armarlos no teníamos nada porque había en ese momento ganchos como los de ahora, yo tenía de casualidad en mi cartera unos anillos para colocar la cortina del baño y vimos que servían. Entonces, se compraron ganchos de cortina del baño, lástima que ahora yo no tengo mi ejemplar, que quedó en el CELS.”
Como también revelaba Mignone, esas copias se entregaron en mano a jueces, obispos, periodistas y personalidades relevantes. Obviamente, también entre las organizaciones de derechos humanos y familiares, que fueron quienes costearon la precaria y clandestina edición. En 1980, el Informe Prohibido tiene la estructura y la potencia de lo que años más tarde sería el Nunca Más. Dejó constancia de los desaparecidos, de los centros clandestinos, de los mecanismos de secuestros y torturas.
Fuente: Paghina12

Juez federal de Formosa llama a indagatoria por la matanza de Rincón Bomba


A pedido del fiscal federal subrogante, la Justicia Federal de Formosa dispuso el llamado a indagatoria a los presuntos responsables de los hechos conocidos como "La masacre de Rincón Bomba", ocurrida en la zona de Las Lomitas en octubre del año 1947, y en la que perdieron la vida centenares de aborígenes de la etnia Pilagá a manos de efectivos de la Gendarmería Nacional. 


En el año 2005 se interpuso en el Juzgado Federal de Formosa una acción de conocimiento de resarcimiento colectivo a consecuencia de la violación de Derechos Humanos por crímenes de "lesa humanidad", contra el Estado nacional. Por la misma se solicitaba "la indemnización, por la cantidad de pesos que el señor Juez Federal se sirva presupuestar, de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica, a favor del pueblo de argentinos de etnia Pilagá, en razón de la llamada "Matanza de Rincón Bomba", acaecida en las cercanías de la hoy ciudad de Las Lomitas, entre el 10 y el 30 de octubre del año 1947, perpetrada por personal perteneciente al Estado Nacional, Gendarmería Nacional Argentina y Policía Nacional de Territorios".

En el mes de abril de 1947, miles de peones Pilagás, Tobas y Wichís son despedidos sin indemnización del Ingenio San Martín de El Tabacal. Cabe recordar que Formosa era Territorio Nacional y se convertiría en provincia recién en 1956 y, hasta ese entonces, el gobierno central era quien designaba las autoridades de cada lugar.

La demanda se concretó ante el Juzgado Federal a cargo del doctor Marcos Bruno Quinteros. La presentación inicial señalaba que "en total son asesinados en la "campaña" entre 400 a 500 argentinos de etnia Pilagá, aproximadamente, además de los heridos y más de 200 "desaparecidos". Ello sumado a los más de 50 muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños. Se elevan las bajas a más de 750, entre niños, ancianos, mujeres y hombres". 

La denuncia la realizaron los abogados Carlos Díaz y Julio García, representantes de la comunidad aborigen Pilagá. El fiscal federal instructor, Arístides Fernández Bedoya, efectuó requisitoria instructiva formal y solicitó al juez federal de Formosa, Marcos Bruno Quinteros, que llame a indagatoria a los victimarios de la masacre. Entre ellos aún con vida hay un ex juez Federal de Formosa y Camarista de Chaco, miembros de la Fuerza Aérea Argentina, miembros de Gendarmería de la época. El juez federal Quinteros ordenó el llamado a indagatoria, en razón de la edad de los presuntos responsables que actualmente están con vida. 

Años atrás se realizaron excavaciones en la zona de Rincón Bomba y en un campo ubicado al sur de Pozo del Tigre, donde se hallaron restos óseos (foto) que serían de las víctimas de aquella matanza.


Fuente: Diario La Mañana

domingo, 27 de noviembre de 2011

La “curiosa” foto de Urtubey junto a la heredera de Clarín


Luego de que Cristina lo superara en votos en su propia provincia, el mandatario que soñó con ser candidato del “post kircherismo”, decidió respaldar el negocio agroindustrial de Clarín y La Nación. Sus críticas a la Ley de Medios y el escándalo de los “poliniños”.
 
En política, las contradicciones se pueden administrar –como pregona el manual de la conducción peronista– o, en cambio, pueden hacerse crecer hasta un punto de difícil retorno. Esto último es lo que acaba de plantear el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al fotografiarse junto a Marcela Noble Herrera, heredera de la dueña del Grupo Clarín, el oligopolio multimediático que en su puja con el gobierno nacional adoptó prácticamente la conducta de un partido opositor. La instantánea para la que posó Urtubey fue tomada durante la apertura de la feria Expoagro Norte, el miércoles pasado, y viene a cerrar toda una secuencia de “imágenes políticas” que el reelecto gobernador salteño acumuló en estos años de mandato, en un poco disimulado intento por sumar porotos a sus sueños presidenciales, manteniendo la distancia respecto de Balcarce 50. Sin embargo, una cosa es el juego propio de un gobernador que no esconde sus aspiraciones, y otra sonreír para una foto que tiene  bastante de provocación.
El megaevento chacarero que Urtubey decidió inaugurar en persona, sin delegar la faena en un funcionario de su Gabinete, está organizado por los grupos Clarín y La Nación. Y, junto a Marcela Noble Herrera, también estuvieron presentes Tomás Salvagni –gerente de ventas de AGEA– y Alejandro Saguier, Norberto Frigerio y Félix Sammartino, en representación de La Nación.
Justamente, uno de los principales motivos del distanciamiento entre Urtubey y las políticas del gobierno nacional tuvo que ver con los compromisos que el mandatario posee con el núcleo duro de la familia agropecuaria. 
El antecedente más claro fue durante el conflicto por la Resolución 125, cuando en un primer momento el gobernador ensayó una estrategia a dos puntas, pero una vez que Julio César Cobos emitió su “voto no positivo”, dejó de disimular las críticas a la medida y comenzó el pase de facturas al kirchnerismo.
En esos tiempos, donde muchos dirigentes daban por finiquitada la “era K”, Urtubey era el hombre ungido por el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente de un supuesto “pos kirchnerismo”. Ya en 2009, cuando el gobierno nacional atravesaba un duro trance, luego del traspié en las elecciones legislativas, Fernández y Urtubey lanzaron desde Salta una nueva corriente política nacional, con la intención de proyectar al joven mandatario. Pero la dinámica de los hechos hizo que estas expectativas se diluyeran y que Urtubey retornara bajo el ala del oficialismo, más aún luego de la muerte de Néstor Kirchner y las demostraciones masivas de apoyo popular. 
“Es de ciencia ficción hablar ahora de candidaturas: la muerte de Kirchner nos obliga a dejar pasar tiempo para ver eso”, declaró el 4 de noviembre de 2010, a la salida de un almuerzo que mantuvo en Roma con el entonces premier italiano Silvio Berlusconi.
Cinco meses más tarde, en abril de este año, Salta celebró sus comicios para elegir gobernador y Urtubey volvió a imponerse en las urnas, esta vez con casi el 60% de los votos. Su primera declaración como mandatario reelecto fue premonitoria: dijo que no era “un delegado del gobierno nacional” (ver recuadro). 
En gran medida, el proyecto político que se encarna en la figura de Urtubey, así como los sectores de la sociedad que se referencian en él, se contraponen con algunos de los aspectos que definen al kirchnerismo. 
Un buen ejemplo son las críticas que repetidas veces Urtubey manifestó con respecto al debate parlamentario por la nueva Ley de Medios. En septiembre de 2009, invitado por ADEPA, sostuvo: “Soy un gran defensor de la intervención del Estado pero hay temas como este donde esa intervención es peligrosa.”
Urtubey es un católico fervoroso, gran parte de su entorno mantiene buenos tratos con el Opus Dei y el gobernador no disimula su opción por el conservadurismo en materia religiosa. Por caso, durante su gestión, y a instancias del ex ministro de Educación Van Cawlaert, se instauró que las escuelas públicas salteñas enseñen catecismo como asignatura obligatoria y, entre otras cosas, que los alumnos den una oración antes de ingresar a clase.
En simultáneo, las autoridades locales son reacias a la enseñanza de la educación sexual en las aulas. La provincia se había negado a distribuir los manuales formativos elaborados por el gobierno nacional para los docentes y directores de escuelas. Recién en septiembre pasado, la polémica desatada por este desplante forzó a que el gobierno salteño aceptara recibir el material. 
De todas maneras, los docentes aseguran que en los colegios no se imparte educación sexual y que desde 2004 esperan a que la Ley 7311 de Sexualidad Responsable sea reglamentada. Por otra parte, de acuerdo a la Ley nacional 26.150, para octubre de 2010 todas las provincias debían haber incorporado contenidos que ayuden a prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
En varias oportunidades, Urtubey dejó en claro su apoyo a grupos antiabortistas. Es integrante de la red “Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia”, presidida por la senadora puntana Liliana Negre de Alonso, miembro del Opus Dei y una de las principales opositoras a la sanción del matrimonio igualitario.
En Salta, las muertes por abortos mal practicados son un drama repetido, así como su criminalización. El pasado 18 de noviembre, la madre de una menor de 13 años que perdió la vida a causa de un aborto clandestino, fue detenida por orden de una jueza que la señaló como sospechosa de haberle suministrado a su hija un fármaco para interrumpir el embarazo. El hecho generó el repudio de las entidades que bregan por los derechos sexuales y reproductivos.
El tema de las policías infantiles es otro de los aspectos más polémicos del gobierno salteño, que Urtubey heredó de la anterior gestión y al que dio su apoyo. Salta es uno de los distritos donde más desarrollo alcanzaron estos programas que impulsan un ingreso temprano a la disciplina uniformada: cerca de 7000 niños de entre seis y 13 años asisten tres veces por semana a los más de 122 cuerpos que esta fuerza posee en toda la provincia.
En abril de este año, el Consejo Federal de Seguridad, reunido en Buenos Aires, se opuso al funcionamiento de los “poliniños”. Sin embargo, el 19 de octubre pasado, la gobernación celebró con un desfile un nuevo aniversario de la creación de los “Cuerpos de Policía Infantil”.
De la mano de estas definiciones políticas y de fotos como la que se tomó junto a la cúpula de Clarín y La Nación, el gobernador salteño parece decidido a recuperar el lustre que alguna vez tuvo como “esperanza blanca” del fallido “post kirchnerismo”.

Fuente: Tiempo Argentino

Leonardo Boff: La gran perversión


Por Leonardo Boff*

Para resolver la crisis económico-financiera de Grecia y de Italia se han formado, por exigencia del Banco Central europeo, gobiernos solo de técnicos sin participación de ningún político. Se partía de la ilusión de que se trata de un problema económico que debe resolverse económicamente. Quien solo entiende de economía, acaba no entendiendo ni siquiera la economía. La crisis no es de economía mal manejada, sino de ética y de humanidad. Ambas muy relacionadas con la política. Por eso la primera lección de un marxismo básico es entender que la economía no es parte de la matemática y de la estadística sino un capítulo de la política. Gran parte de la obra de Marx está dedicada a desmontar la economía política del capital. Cuando en Inglaterra ocurrió una crisis semejante a la actual y se creó un gobierno de técnicos, Marx hizo duras críticas mofándose con ironía, pues preveía un fracaso total, como efectivamente ocurrió. No se puede usar el veneno que creó la crisis como remedio para curarla.

Para dirigir los respectivos gobiernos de Grecia y de Italia han llamado a gente que pertenece a los altos niveles bancarios. Los bancos y las bolsas han sido los que han provocado la presente crisis que casi hundió todo el sistema económico. Estos señores son como talibanes fundamentalistas: creen de buena fe en los dogmas del mercado libre y en el juego de las bolsas. ¿En que lugar del universo se proclama el ideal de greed is good, la codicia es buena? ¿Cómo hacer de un vicio (y, digámoslo también, de un pecado) una virtud? Están sentados en Wall Street de Nueva York y en la City de Londres. No son raposas que guardan las gallinas, sino que las devoran. Con sus manipulaciones transfirieron grandes fortunas a unas pocas manos y cuando estalló la crisis fueron auxiliados con miles de millones de dólares sacados de los trabajadores y de los jubilados. Barack Obama se mostró débil, inclinándose más por ellos que por la sociedad civil. Con los dineros recibidos continuaron la farra, ya que la prometida regulación de los mercados financieros quedó en letra muerta. Millones de personas están en el paro y la precarización, especialmente los jóvenes, que están llenado las plazas, indignados, contra la codicia, la desigualdad social y la crueldad del capital.

¿Es que gente que tiene la cabeza formada por el catecismo del pensamiento único neoliberal va a sacar a Grecia y a Italia del atolladero? Lo que está ocurriendo es el sacrifico de toda una sociedad en el altar de los bancos y del sistema financiero.

Ya que la mayoría de los stablishment no piensan (no lo necesitan) vamos a intentar entender la crisis a la luz de dos pensadores que en el mismo año de 1944, en Estados Unidos, nos dieron una clave iluminadora. El primero fue el filósofo y economista húngaro-canadiense Karl Polanyi con su clásica obra La Gran Transformación. ¿En qué consiste? Consiste en la dictadura de la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial que ayudó a superar la Gran Depresión de 1929, el capitalismo dio un golpe maestro: anuló la política, mandó al exilio la ética e impuso la dictadura de la economía. A partir de entonces no ha habido como siempre antes una sociedad con mercado, sino una sociedad de mercado. Lo económico estructura todo y hace de todo una mercancía regida por una cruel competencia y una ganancia descarada. Esta transformación desgarró los lazos sociales y profundizó el foso entre ricos y pobres dentro de cada país y a nivel internacional.

El otro es un filósofo de la escuela de Frankfurt, exiliado en Estados Unidos, Max Horkheimer, que escribió El eclipse de la razón (1947). Ahí se dan las razones para La Gran Transformación de Polanyi, que consisten fundamentalmente en esto: la razón ya no se orienta por la búsqueda de la verdad y por el sentido de las cosas, sino que es secuestrada por el proceso productivo y rebajada a mera función instrumental, «transformada en un simple mecanismo tedioso de registrar hechos». Lamenta que «justicia, igualdad, felicidad, tolerancia, juzgadas inherentes a la razón durante siglos, han perdido sus raíces intelectuales». Cuando la sociedad eclipsa a la razón, se vuelve ciega, pierde el sentido del estar juntos y se ve atascada en el pantano de los intereses individuales o corporativos. Es lo que hemos visto en la crisis actual. Los premios Nobel de economía más humanistas, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, han escrito reiteradamente que los players de Wall Street deberían estar en la cárcel por ladrones y bandidos.

Ahora, en Grecia y en Italia la Gran Transformación ha adquirido otro nombre: se llama la Gran Perversión. 


* Leonardo Boff nació en Concórdia, Brasil, en 1938, es teólogo y filósofo, autor de "Proteger a Terra-cuidar da vida: como evitar o fim do mundo", Record 2010, entre otros.
Información de Leonardo Boff en Wikipedia: www.es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Boff
Columnas semanales de Leonardo Boff: http://servicioskoinonia.org/boff
Página web de Leonardo Boff: http://leonardoboff.com


El Ortiba

sábado, 26 de noviembre de 2011

LIGAS AGRARIAS - ABREN JUICIO EN CHACO


El represor Bettolli. Ya condenado en otras causas.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitó ayer al juez federal la instrucción formal para investigar la represión contra las Ligas Agrarias del Chaco ocurrida durante la última dictadura militar. En esta causa se requiere investigar los casos de Osvaldo Raúl Lovey, Ramón Fidel Gómez, Julio Catalino Chávez, Filomeno Chávez, Jorge Omar Mussin, Marcelino Zequeira, Adolfo Thomas D’Alesandro, Juan Sokol, Carlos Héctor Orianski, Carlos Servando Píccoli, Raúl Eduardo “Ñaro” Gómez Estigarribia, Secundino “Taco” Vallejos, Armando Molinas y Luis Rodríguez.

Pero el trabajo de reconstrucción de la fiscalía pudo esclarecer otros casos como la desaparición de dos dirigentes de las Ligas Agrarias arrestados en el aeropuerto de Mendoza durante el denominado operativo retorno. 

Ahora con esta presentación dentro de lo que se denomina causa Caballero Residual el juez federal deberá trabajar con las pruebas aportadas, tomar indagatoria a los imputados, resolver la situación procesal de cada uno de ellos y posteriormente definir si la eleva a juicio. 

La persecución 

Si bien no se puede determinar con precisión cuándo comenzó la persecución contra las Ligas Agrarias, es un hecho que en los últimos meses del 75 se evidenció un incremento de la represión con los arrestos masivos y las torturas contra los detenidos. 

En tal sentido, uno de los primeros casos de esta época es la detención de Osvaldo Lovey, actual subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, ocurrida en abril de 1975, es decir antes del golpe. 

Una vez que los militares tomaron el poder la represión fue mucho más dura. “Esto los llevó a tener que permanecer en condición de prófugos en el monte junto a otros dirigentes como Oscar Mato, Carlos Píccoli, Carlos Orianski, Armando Molinas, Remo Vernika, Irmina Kleiner, entre otros”. 

La represión duró años al punto que Píccoli fue asesinado en 1979 cuando había regresado al país y a la provincia. Aparentemente el hecho se produjo cuando intentó ingresar en una vivienda donde había personal de consigna. 

El fin del operativo era eliminar este foco de resistencia y militancia rural que en esa época luchaba por un mejor precio del algodón, también pretendieron establecer reformas que aún no se pudieron establecer. 

La lucha agraria le costó mucha sangre a esta organización que fue diezmada en poco tiempo. Y hoy permanecen desaparecidos entre otros Orianzki, Vallejos y Molina y fueron reportados como muertos en circunstancias poco claras asesinados -para la fiscalía- Sokol, Píccoli, Gómez Estigarribia. 

Muerto durante las torturas 

La primera de las víctimas reportadas como asesinadas, Juan Sokol, fue muerto presuntamente a poco de ser detenido como consecuencia de las torturas que recibió en Sáenz Peña. En este sentido uno de los testimonios que más pruebas aportó es el de Ramón Fidel Gómez. Él dijo que durante la primera noche de detención en la alcaidía de Resistencia los policías pegaban mucho y se ensañaron contra Sokol. 

“A la noche deliraba, como que se fue perdiendo. A la medianoche se corta todo, se van los policías y a la media hora vuelven con olor a alcohol y los vuelven a golpear, escuchando cuando cae Sokol. Después no se escucha más que él se quejara. Los policías se van y al volver se escucha como que lo deslizaban por el piso”, relató el testigo. 

“Murió esa noche en la alcaidía de Sáenz Peña, cuando lo sacaban se escuchaba un deslizar en el piso, se escuchaba algo grande que deslizaban”, agregó cuando brindó esta declaración ante la Justicia. 

El caso Orianski 

Por los testimonios se pudo establecer que a Orianski lo detienen vivo en octubre de 1976 y se presume que lo pudieron fusilar en la Masacre de Margarita Belén. Revelar qué le ocurrió será uno de los trabajos más importantes de esta nueva causa. 

Los imputados 

Luego de escuchar varios relatos la fiscalía llegó a la conclusión de que corresponde imputar a Gabino Manader; Ramón Esteban Meza; Héctor Osmar Escobar, José Francisco Rodríguez Valiente, Ramón Ángel Toro, el ex comisario de Villa Bertheth Carlos Alberto Romero, Carlos Cáceres, Sabino Sánchez, Alberto Mario Uritzon, Juan Antonio Gómez, Antonio Cardozo, un Policía de Santa Silvina de apellido Matoff, cuyo demás datos deben ser averiguados durante la investigación y al capitán de Inteligencia del Ejército José Tadeo Luis Betolli. 

El fiscal dejó abierta la posibilidad para que todo aquel que pudiere resultar coautor, cómplice o encubridor de los hechos enumerados, en su debido momento sean procesados en calidad de imputados. 

Parte de los acusados ya fueron juzgados y condenados por la Justicia Federal, también están imputados en otras causas en las que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia. 

Fuente: Diario Norte.

CARLOS ROZANSKI: La provocación de las muertas


Por Carlos Rozanski *
Con frecuencia, la Justicia nos asombra por sus contrastes. Mientras algunos jueces llevan algo de aire fresco a los pasillos de tribunales –el juez Gabriel Vitale en fallo comentado en este mismo medio–, otros nos recuerdan que los mitos y prejuicios que convalidaron la violencia durante siglos gozan de buena salud.
Así, se conocen sentencias que generan horror y sobre todo dañan el esfuerzo cotidiano de los operadores judiciales y de otros sectores sociales que trabajan para ayudar a las víctimas de la violencia de género y de discriminación. Hace pocas semanas, dos jueces de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires redujeron la condena a un asesino que mató a su mujer con una cantidad importante de martillazos y puñaladas. El descuento fue de una pena de 17 años de prisión a una de 10 años y tres meses. La importante disminución se basó en “la actitud casi provocativa de la víctima”. Cabe señalar que el imputado, en su descargo, había dicho entre otras cosas para justificar su acción: “Ella se acerca y se para en la puerta del baño y me dice ‘por qué llorás, boludo, ¿sos macho o sos puto?”. Incluyó asimismo una supuesta confesión de infidelidad de la víctima, tras lo cual una “fuerza incontrolable” se apoderó de él...
La historia del ser humano es sin duda la de la violencia y abuso de niñ@s, mujeres, personas mayores y en general de todo grupo vulnerable, aunque la “historia oficial” siempre lo haya negado. Se impone recordar al respecto que esa historia ha sido escrita, difundida e interpretada por varones, al igual que las leyes, que a lo largo de los siglos han sido elaboradas y aplicadas también por varones. Finalmente, han sido los varones quienes, en la inmensa mayoría de los casos, han abusado, maltratado, violado, asesinado y denigrado a aquellos grupos vulnerables, comenzando por las mujeres –niñas o adultas–. Es decisivo tener en cuenta que los dos paradigmas tradicionales, que en el caso citado el asesino puso de resalto en los dichos que atribuyó a su pareja muerta, fueron nada menos que su virilidad y la exclusividad. Ambos seguramente concitaron la simpatía y probablemente la identificación de más de un lector de la noticia, incluyendo algunos jueces.
En las últimas décadas se produjo una revolución normativa en la Argentina. Las Convenciones sobre Derechos Humanos incluidas en la Constitución Nacional han dejado sin excusa alguna a todo funcionario que pretenda mantener los abominables criterios discriminatorios en que se apoyaron a lo largo de la historia los violentos y abusadores. Las “provocaciones” de una mujer que termina con la cabeza abierta a martillazos están lejos de ser un respetable criterio jurídico de interpretación de las normas. Ningún razonamiento legal que viole el derecho de las víctimas es tolerable. Con la excusa de la imposibilidad de cuestionar a los jueces por el contenido de sus sentencias, se han tolerado los mayores crímenes de nuestra historia judicial contemporánea. Se trata de magistrados que no sólo han dejado sin sanción o con penas menores a delincuentes peligrosos, sino que en lo cotidiano, a través de la difusión periodística, actúan como incentivo para más de un violento.
* Juez federal.
Fuente: Pagina12

OSCAR GONZALEZ: Cuatro años clave


Por Oscar González *
Cuando concluye un período presidencial, suelen intentarse balances sobre el curso del gobierno que termina así como preverse el rumbo del que llega. La continuidad del Ejecutivo en manos de Cristina Fernández de Kirchner no impide ese ejercicio de repasar el pasado inmediato y asomarse a lo que viene.
Para la misión revisionista conviene recordar que el período presidencial de CFK coincide con la etapa de cautiverio de la economía mundial a manos de la especulación financiera que desemboca en la crisis de 2008 y que perdura generalizada hasta el presente. De tal modo lo primero es reconocer ese contexto global y analizar la manera en que fue encarado ese hecho que condiciona a todos los países.
Tras ignorar los pronósticos optimistas de los gurúes de Wall Street, que auguraban una rápida recuperación de los mercados por la inyección fabulosa de dinero en los desplomados bancos de inversión y proponían recortar el gasto social, el gobierno argentino apostó a la producción y al empleo como vigas maestras de su gestión, diferenciándose así de los países centrales, cualquiera fuere su dimensión y color político, que sacrificaron en el altar del mercado los derechos incorporados por el Estado de Bienestar.
Así comenzó aquí la aplicación de esa novedosa perspectiva que plantean muchas agencias internacionales –como la OMS– consistente en desplegar las políticas públicas según el “enfoque de derechos”, renegando de la despiadada doctrina libremercadista fundada en la privatización de los sistemas sanitarios y educativos para trasladar la renta social al circuito financiero privado.
Expresión de aquellas políticas, los cuatro últimos años fueron pródigos en medidas de sesgo inclusivo y ampliación de derechos: la Asignación Universal por Hijo, la extensión y movilidad de la cobertura previsional y la reestatización de los fondos privados de pensión son sólo algunos hitos. Todo ello pudo hacerse a través del impulso de políticas activas, alentando la demanda y resistiendo las presiones para enfriar la economía, achicar el mercado interno y devaluar la moneda.
Esos avances se expresaron nítidamente en el resultado de las últimas elecciones, que exteriorizaron una extendida toma de conciencia de que el país que estamos construyendo está fundado en una remoción hasta los cimientos del paradigma político, económico, social y cultural que inauguró la dictadura militar y perfeccionaron los gobiernos noventistas.
Como semejante empresa no podía llevarse a cabo sin conflictos, puesto que la recuperación de derechos tensiona las relaciones de poder y abarca todos los campos, la voluntad política para llevar adelante los cambios activó un conjunto de sectores sociales –trabajadores y productores, estudiantes, profesionales e intelectuales, organizaciones de base y de derechos humanos– que lo hicieron suyo confrontando con los conglomerados económicos y su enorme dispositivo mediático en lo que fue, y sigue siendo, una batalla política pero también cultural.
Esas contradicciones, las que se dirimieron en la pugna por los derechos de exportación, pero que también se expresaron en otros terrenos, como en el rol del Banco Central, la no represión de la protesta social y varios más, fueron asumidas por el Gobierno con la convicción de que –como dijo Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia– hay que aprender a vivir en la contradicción. Hacerlo, en el caso argentino, es fortalecer el polo de acumulación de poder que expresa el interés de la Nación y el pueblo y continuar con el diseño de un modelo propio que sustituya la vieja matriz neoliberal.
Como no hay derechos si la renta social y el ahorro colectivo son el botín de unos pocos, sólo modificar las condiciones de distribución de la riqueza y poner la economía al servicio de los objetivos colectivos de la sociedad, como se viene haciendo progresivamente, garantiza la prosperidad general, una nación autónoma y una región integrada. Ese es el desafío de la etapa actual.
* Secretario de Relaciones Parlamentarias. Dirigente del Socialismo para la Victoria.

Fuente: Pagina12

viernes, 25 de noviembre de 2011

ENRIQUE ANGELELLI: Tres ex generales y un obispo muerto

Es la primera causa que involucra al entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. El juez concluyó que el entonces obispo de La Rioja fue asesinado para acallar sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.


l dictador Jorge Rafael Videla, su ex ministro Albano Harguindeguy y el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio del ex obispo riojano Enrique Angelelli en 1976. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, consideró probado que el siniestro que le costó la vida a Angelelli fue un “accidente automovilístico provocado”, en respuesta a las denuncias por los asesinatos de religiosos en la localidad de Chamical. El religioso tenía en su poder al momento del asesinato documentación sobre crímenes de la dictadura que terminó en el despacho de Harguindeguy, entonces ministro del Interior, quien a diferencia de Videla y Menéndez todavía no fue condenado en ninguna causa.
La decisión del juez federal de La Rioja incluyó además al ex segundo jefe del escuadrón de tropas en Chamical, Luis Estrella, y al ex comisario y por entonces jefe del Servicio de Informaciones de la policía riojana, Juan Carlos “la Bruja” Romero. Por los cargos jerárquicos que ocupaban en la estructura represiva ilegal, los cinco procesados fueron considerados autores mediatos de homicidio calificado y asociación ilícita agravada.
El magistrado consideró probado que la dictadura hizo inteligencia sobre sacerdotes que trabajaban con sectores pobres y con campesinos que luchaban por sus tierras y que el crimen de Angelelli se enmarcó “en un intento por evitar que las denuncias por violaciones a los derechos humanos y asesinatos tomaran estado público, sobre todo en el exterior, ya que el religioso cordobés tenía llegada a altas jerarquías de la Iglesia en distintos lugares del mundo”.
“Previo a la muerte de monseñor Enrique Angelelli existía un cuadro de persecución a ciertos sectores de la Iglesia Católica, que se exteriorizaban desde años anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, lo que es corroborado por distintos testimonios y, como se señalara anteriormente, concluyeron en los homicidios de Longueville, Murias, Pedernera y de monseñor Angelelli”, advirtió el juez en una extensa resolución de 120 carillas, dictada a 35 años de los hechos. Los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias habían sido asesinados en Chamical el 18 de julio de 1976 junto con el laico Wenceslao Pedernera. Angelelli intentaba desentrañar los crímenes y llevaba “una carpeta con información que había recopilado”, escribió el juez, y agregó que el obispo “temía por su vida” porque “era perseguido por la policía provincial”.
El accidente provocado en el que murió Angelelli ocurrió el 4 de agosto de 1976. El vehículo, una camioneta Fiat 125 que manejaba el propio obispo, fue siniestrado cerca de la localidad de Punta de los Llanos. Su acompañante, el ex sacerdote Arturo Pinto, resultó herido, pero sobrevivió. En el mismo año, el primero de la dictadura, la Justicia local cerró el caso en la interpretación de que se trató de un accidente. El expediente se reabrió tras el retorno de la democracia en 1984, cuando comenzó a investigarse el homicidio, pero volvió a ser archivado a raíz de la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida.
Herrera Piedrabuena consideró probado, en base al testimonio de Pinto, entre otros, que la camioneta Fiat 125 fue arrinconada por otro vehículo. Testigos que acudieron al lugar confirmaron la presencia de policías y personal civil de inteligencia del Ejército, que estaba bajo la órbita del procesado Menéndez, que “apuntaban con Itakas” para que los pobladores se alejaran. El magistrado relató también que, antes de partir desde Chamical rumbo a La Rioja, el sacerdote Pinto había hecho revisar el vehículo en una estación de servicio, por lo cual “la camioneta estaba en perfectas condiciones para viajar”. Partieron a las 14.30 por la Ruta Nacional 38 y tomaron por un “camino viejo de la ruta” para evitar ser “hostigados”. Según el relato de Pinto, un vehículo blanco se acercó en la misma dirección que el que conducía Angelelli y realizó una maniobra “intencionalmente brusca por el lado izquierdo, provocando que volcara”.
El procesamiento de Videla, Menéndez y Harguindeguy incluye una resconstrucción de la obra pastoral de Angelelli, con citas de sus sermones y testimonios sobre el trabajo que realizaban los sacerdotes provinciales para evitar que los campesinos fueran expropiados de sus tierras por grandes empresas. Angelelli había viajado en abril de 1976 para entrevistarse con Harguindeguy en Buenos Aires y pedir la libertad del párroco de la localidad de Olta, Eduardo Ruiz, y mantenía reuniones con altas jerarquías de la Iglesia, ante quienes planteaba una y otra vez sus denuncias, tal como surge de la correspondencia con monseñor Vicente Zazpe. “Era clara la amenaza de que la represión que se estaba llevando a cabo en la Argentina alcanzara trascendencia internacional”, concluyó el juez para explicar el móvil del crimen.
Fuente: Pagina12

OSVALDO BAYER: Bussi, el siniestro


Por Osvaldo Bayer
Murió Domingo Bussi, el general. Una de las más siniestras figuras de nuestra historia. Sí, no se cometería ninguna exageración si cuando se haga referencia a él se diga: “El general Bussi, el siniestro”. Sólo basta recorrer su biografía para constatarlo. La perfidia de sus crímenes llega a lo inimaginable. Y ahí está la pregunta que todavía no nos hemos contestado: ¿dónde aprendió Bussi su oficio de matar con total impunidad? ¿En el Colegio Militar, en la Escuela Superior de Guerra o en sus estadías en Kansas con el ejército yanki o en Vietnam durante su gira? Sea como fuere, fue un criminal de la mayor cobardía y crueldad. Sus crímenes comprobados y por eso condenado son todos de lesa humanidad. Su hazaña máxima como criminal es el haber exhibido el cadáver congelado de Santucho en el Museo de la Represión, en Campo de Mayo. Se le caía la saliva de la boca de puro placer. Pero, además, los mil casos de torturas, de “desaparición”, de asesinatos. El mismo ejecutaba a los presos políticos de un solo tiro. Está declarado por testigos. ¡Ah, general! La degradación. La absoluta validez de la ley del más fuerte.
Y ese episodio tan perverso, donde la vileza ya no tiene palabras para describirlo: cuando ordenó apresar a los vagabundos y los pordioseros de la capital tucumana y los transportó en camiones que los arrojaron por las sierras catamarqueñas, donde murieron de hambre y de frío. Occidental y cristiano el general. Eso ocurrió en tierras tucumanas donde en 1816, en aquel increíble 9 de julio, se cantó nuestro Himno Nacional con aquello tan sabio de “Ved en trono a la noble Igualdad, Libertad, Libertad, Libertad”.
Pero uno, como argentino, sintió aún mucho más vergüenza cuando el pueblo tucumano, ya en democracia, votó a ese abyecto personaje como gobernador de Tucumán. ¿Qué hubieran pensado los congresales de 1816 al saber que en esa misma tierra libertaria se había votado al abyecto supremo? Ahora, esos que lo votaron de los barrios bien y de los barrios que exigían “más seguridad” tendrían que tener el coraje civil de marchar frente a la Casa de Tucumán y pedir perdón por tamaña acción de burlar para siempre a la democracia.
Lo mismo que tendrían que hacer los diputados del radicalismo y de otros partidos conservadores que votaron el “Punto Final” de Alfonsín por el cual quedó en total libertad la jauría uniformada de la desaparición como método.
El “general” Bussi. Cuando trasladó el centro clandestino de detención de Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, ahí sí que se sintió dueño de la vida y de la muerte. Dueño y señor de la picana y el submarino y de toda clase de torturas aprendidas en el General Staff College de Fort Leavenworth, en Kansas. Claro, siguieron las huellas de aquel general Julio Argentino Roca cuando mandó comprar diez mil remington, el invento estadounidense con que se había eliminado a los pieles rojas y a los sioux. Y con ellos Roca demostró que los argentinos somos los mejores europeos y americanos del norte. Videla, Menéndez, Bussi... la lista es larga. Pero por fin muchos de ellos ya están en cárceles comunes y retratados para siempre en el diccionario de la infamia.
Murió Bussi. El espectro de la infamia. General de la Nación. ¿De qué Nación? No aquella del 25 de Mayo ni de 1813 y del 9 de julio tucumano. No, la fiera sanguinaria salida de claustros castrenses argentinos y entidades “educadoras” norteamericanas. En su entierro, los argentinos que salieron a la calle para gritar “dónde están los desaparecidos” gritarán: “Nunca más”. Nunca más un general Bussi. El siniestro.
Fuente: Pagina12

jueves, 24 de noviembre de 2011

MURIO ANTONIO DOMINGO BUSSI


En el día del inicio de un nuevo juicio oral en Tucumán, el amo, señor y fusilador número uno de esa provincia durante la última dictadura militar -declarado insano y apartado de la causa- murió, a los 85 años, por insuficiencia cardíaca. En 1987, el punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria y que aún lucha por desmantelar una carga brutal de adoctrinamiento ideológico impuesto a sangre y picana.

Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, general insano pero sobre todo impune que pasa sus días bien guardado en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó “rematar a la subversión”, explicó alguna vez.

El 24 de marzo del ’76 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de “subversivo”, que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, que al recordar la historia lo calificó de “tirano” y “feroz exterminador de disidentes”.

Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. “Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”, apuntó la Comisión.

Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el exgendarme Omar Torres relató dos fusilamientos que presenció. “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a una persona.” Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”. Obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: “Los exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.

Lo salvó el punto final, pero también la Justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El pueblo tucumano le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. “Imperfecciones propias de mi naturaleza humana”, había dicho.

En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

La Comisión Bicameral Investigadora formada en 1984 compiló una nómina de 507 secuestros durante la guerra sucia en Tucumán: 387 personas detenidasdesaparecidas, otras 96 que luego recuperaron su libertad y 24 cuyos cadáveres fueron recuperados. El 68 por ciento de los 507 secuestros se produjeron en 1976 y 1977, mientras Bussi fue interventor federal y jefe militar de la provincia, una concentración de poder absoluto que no ocurrió en ningún otro lugar del país.


Fuente: Pagina12

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