miércoles, 30 de junio de 2010

LEON GIECO - DE IGUAL A IGUAL - MIGRANTES




Hoy en Europa, según la directiva aprobada por el Parlamento Europeo, los "sin papeles" pueden ser retenidos hasta un periodo máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación. En el siglo XIX y XX Latinoamérica recibió miles y miles de inmigrantes europeos y asiáticos. Ellos se forjaron un futuro en estas tierras. Hoy nos echan de sus países y mandan sus multinacionales.

LEON GIECO.
DE IGUAL A IGUAL
Soy bolita en Italia,
soy colombo en Nueva York,
soy sudaca por España
y paragua de Asunción.

Español en Argentina,
alemán en Salvador,
un francés se fue pa' Chile,
japonés en Ecuador.

El mundo está amueblado
con maderas del Brasil
y hay grandes agujeros
en la selva misionera.

Europa no recuerda
de los barcos que mandó
Gente herida por la guerra
esta tierra la salvó.

Si me pedís que vuelva otra vez donde nací
yo pido que tu empresa se vaya de mi país
Y así será de igual a igual
Y así será de igual a igual.

Tico, nica, el boricua,
arjo, mejo, el panameño
hacen cola en la Embajada
para conseguir un sueño.

En tanto el gran ladrón,
lleno de antecedentes,
si lo para Inmigración
pide por el presidente.

Los llamados ilegales
que no tienen documentos
son desesperanzados
sin trabajo y sin aliento.

Ilegales son los que
dejaron ir a Pinochet
Inglaterra se jactaba
de su honor y de su ley

¿EMBAJADA PARALELA? SADOUS Y LAS MENTIRAS DE LOS MEDIOS

La verdad es que la miserable derecha parlamentaria argentina, títere del multimedio Clarin y del diario La Nación da verguenza ajena. Con tal de socavar la imagen pública del gobierno venezolano de Hugo Chavez y el de Cristina Fernandez de Kirchner, pone en riesgo las operaciones comerciales de numerosas empresas argentina de maquinaria agrícola y con ello miles de puestos de trabajo.

Bueno es  recordar que en 2008, en ocasión del conflicto con la patronal rural, esos mismos políticos, medios y periodistas incentivaban el corte de la Ruta Nacional Nº 9 por la supuesta paralización de la producción de maquinaria agrícola. Eran cortes de ruta organizados y fomentados por el intendente municipal de Armstrong, las empresas y los trabajadores de esas empresas. Hoy Alfredo Leuco, Eliaschev, Morales Solá, Patricia Bullrich, el diputado Morán, Magnetto y Mitre perdieron todo límite.

Hay un dato que debería profudizarse en las investigaciones periodisticas: la designación de de Sadous como embajador en 2002 por Eduardo Duhalde. También su remoción por Néstor Kirchner en 2005- y las relaciones del ex embajador con la oposición de derecha venezolana y su conexión entre la oposición de Argentina y Venezuela, como vínculo del accionar destituyente de la derecha latinoamericana.Y habría que investigar la conexión de Sadous con Techint para los negocios con Venezuela mientras fue embajador y antes de que se nacionalizara la empresa en aquel pais.

Pagina12

Mucho ruido y pocas nueces en el caso Venezuela

Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

La polémica planteada en el Congreso sobre las relaciones con Venezuela dejó en un segundo plano la causa judicial y lo que se fue o no verificando en el expediente.
1 En los inicios de la causa, una denuncia de la Coalición Cívica contra el matrimonio Kirchner y varios funcionarios por supuesta asociación ilícita mencionaba la desaparición de 90 millones de dólares de un fideicomiso formado sobre la base de las compras argentinas de hidrocarburos venezolanos. También cuestionaba por qué comprar fueloil si Argentina es exportadora. Pero no hablaba de comisiones o sobornos.

Resulta elocuente que la oposición y la mayoría de los medios hayan dejado de lado un nombre clave en todo esto: el canciller de aquel momento, Rafael Bielsa, sobre quien no pesa ninguna denuncia. Se trata de meter otros personajes en esta historia y se esconde al principal protagonista.

Cuando el ex embajador Eduardo Sadous manda el cable confidencial señalando que faltan los 90 millones de dólares, Bielsa reacciona de inmediato, previa consulta con el entonces presidente Néstor Kirchner. El dinero era de los venezolanos, pero existía el compromiso de usarlo en compras a empresas argentinas. Bielsa cita al embajador de Caracas en Buenos Aires, Freddy Balzán, y le entrega una carta. Venezuela pide disculpas y el dinero fue repuesto de inmediato. Todo esto está documentado en el expediente judicial, a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita.

Como señaló Página/12 desde el primer día, el fideicomiso o el acuerdo con Venezuela, monitoreado por Martín Redrado, secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería, nunca se terminó de volcar en los papeles –o por lo menos hasta ahora no apareció ningún documento– entre otras cosas porque el dinero era venezolano y lo manejaba Caracas. El fideicomiso existía entre la petrolera venezolana Pdvsa y el Banco de Desarrollo venezolano, según aclaran allegados a la investigación judicial, o sea dos partes venezolanas. Es que en Caracas dijeron que el dinero era de ellos y, por lo tanto, ellos eran los únicos con derecho a manejarlo. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) argentino participó en las tratativas pero quedó afuera.

2 Cuando Sadous declara ante el juez Ercolini y el fiscal Pollicita, en abril último, desliza que había escuchado quejas de empresarios de la industria de maquinaria agrícola que sostenían que les estaban exigiendo una comisión del 15 por ciento por vender sus productos en Venezuela.

Aquí entra una nueva reflexión hecha por el ex canciller Bielsa: “Si Sadous mandó un cable confidencial con la desaparición de 90 millones de dólares de dinero que manejaban los venezolanos, ¿por qué nunca envió un cable confidencial con las supuestas versiones de pedidos de comisiones a los empresarios de maquinarias? ¿Por qué tarda cinco años en contar lo que, según él, le dijeron los empresarios?”.

Pero a esto se agregan dos elementos fundamentales del expediente. El segundo de Sadous, Alberto Alvarez Tufillo, declaró ante Ercolini y Pollicita y sostuvo que el embajador nunca le hizo ningún comentario sobre coimas o comisiones. Es más, en toda la declaración de Alvarez Tufillo no se habla ni de embajada paralela ni de otras movidas que ahora mencionó Sadous. Cuenta, por ejemplo, que el acuerdo con Venezuela por la venta de hidrocarburos y el uso del dinero para hacerle compras a la Argentina fue pergeñado por tres ministerios: la Cancillería, Economía y Planificación.

El otro dato que aparece en la causa, es sorprendente. Sadous dejó la embajada de Argentina en Caracas el 20 de junio de 2005. En ese momento, la posibilidad de venta de maquinaria agrícola ni existía. En el expediente figura que el acuerdo con Venezuela se firmó el 29 de septiembre de 2005, tres meses después, y la primera concreción de venta de maquinaria se produjo a partir de junio de 2006, cuando Sadous ya hacía un año que no estaba en Caracas.

3 Como era obvio, las 39 empresas que vendieron en Venezuela negaron que les hubieran pedido una coima, porque estarían reconociendo un delito, el cohecho activo. Pero, además, todas ellas –una por una– firmaron el acuerdo con Palmat Internacional, una trader con sedes en Miami y Caracas. De todas maneras, resulta interesante un testimonio en la causa, el de Eduardo Cavanagh, empresario que intentó vender vaquillonas a Caracas pero quedó afuera. Por ello, no estaría obligado a declarar contra sí mismo, porque no pagó ninguna coima. Y, como perdió el supuesto negocio, podía despacharse con bronca. Cavanagh afirmó ante el juez y el fiscal que nadie le pidió nunca una coima, pero que la pelea era furiosa entre las empresas argentinas y que algunas de ellas eran “caballos del comisario” de los venezolanos. Tomó la situación, señaló, como “parte del riesgo empresario”. Por otra parte, negó haberle hecho comentario alguno a Sadous sobre el tema –algo que afirma el ex embajador– y menos todavía que el ex secretario de Agricultura Javier De Urquiza le haya dicho que se corra del negocio. “No lo conocí, nunca pude hablar con él”, declaró Cavanagh. En función de este relato, queda claro que parte de la declaración de Sadous contiene afirmaciones desmentidas por el expediente de Ercolini.
4 Lo de la supuesta embajada paralela también fue aclarado por el ex canciller Bielsa. El cuadro de situación en ese momento era la amenaza de una grave crisis en materia energética. Es más, toda la oposición, pronosticaba que la Argentina caminaba hacia el gran corte. En ese marco, explicó Bielsa, los funcionarios de Planificación hicieron decenas y decenas de viajes a Caracas, porque se necesitaba el gasoil. No era de buena calidad, pero servía para salir del apuro. Y los técnicos en la materia eran los funcionarios de Planificación que, además, usaron a Claudio Uberti porque tenía buena llegada en Caracas. “Roberto Lavagna y su equipo, durante el primer canje, viajaron decenas de veces a Italia, Japón y Estados Unidos. Eran las personas indicadas. Y no por eso hubo diplomacia paralela”, razonó Bielsa.

5 Los cables confidenciales publicados este fin de semana por Clarín ratifican lo dicho por Bielsa. Muestran a Sadous preocupado por el fideicomiso, algo que se solucionó en pocos días, y pidiendo datos sobre un viaje de gente de Planificación. Eso encaja con lo explicado por Bielsa. Pero, además, uno de los cables demuestra que los venezolanos eran un hueso duro de roer: “A criterio de esta representación –dice Sadous– no deben generarse muchas esperanzas en lograr un amplio acceso de las empresas proveedoras de la industria petrolera argentina, sin existir socios locales”. Es lo mismo que afirman los empresarios de la maquinaria: era difícil meterse en el mercado venezolano, porque estaba copado por los brasileños y, además, porque exigían socios locales y un conocimiento de “mecanismos, códigos y canales informales usuales en el ámbito venezolano”. La única chance fue, justamente, abierta por la negociación de compra de hidrocarburos y, a cambio, el compromiso de Venezuela de comprar productos argentinos con ese dinero.
6 Judicialmente, ni el fideicomiso ni la supuesta diplomacia paralela son temas centrales. El dinero pagado por la compra de hidrocarburos no podía ser tocado por ningún funcionario argentino. Estaba en manos de los venezolanos. En principio, no habría delito a la vista. La diplomacia paralela fue desmentida por el principal responsable de entonces, Bielsa, pero –además–, y suponiendo que hubiera existido, tampoco es un problema penal. Lo único que podría cambiar esta ecuación es que se demuestre que el fideicomiso fue armado para robar.

7 Queda la cuestión de las comisiones por la venta de maquinaria agrícola, algo que Sadous denunció con cinco años de atraso. Según los empresarios, la comisión cobrada por Palmat –entre un 11 y un 15 por ciento– fue razonable, porque no era una empresa que hacía trámites, sino la encargada de conseguir que los venezolanos compraran tal máquina argentina y no tal otra de Brasil. O sea que ejercían un papel parecido al de una concesionaria en el negocio de los autos.

Palmat de ninguna manera es una empresa fantasma. Tiene 200 empleados, factura en blanco, existen contratos oficiales y Palmat registra operaciones desde mucho antes del crecimiento espectacular del comercio con Venezuela. Las comisiones, inclusive, están todas facturadas.

Los empresarios dicen también que la competidora de Palmat, una gigantesca empresa brasileña, Cotia, cobraba lo mismo o un poco más, casi 20 por ciento. Pero no aportaron, hasta ahora, ninguna documentación sobre ello. Es más, está pendiente la declaración de los integrantes de un estudio cordobés, que fue el que concretó los contratos de las 39 empresas de maquinaria agrícola con Palmat. También se le está exigiendo a las 39 empresas las copias de los acuerdos con Palmat. Los investigadores tienen la expectativa de que de ellos surja información sobre la mecánica de las operaciones y la contratación de las intermediarias.

El meollo de la causa pasa por la reconstrucción de la ruta del dinero. El juez Ercolini pidió a Estados Unidos informes sobre los movimientos de cuentas de Palmat, lo que significa que quiere saber qué hizo la trader con las comisiones. Si hubo alguna coima, la lógica indica que los principales beneficiarios deberían ser funcionarios venezolanos, que tenían el poder de decisión sobre las compras de maquinaria. La oposición sospecha también que tal vez una parte de la comisión haya venido hacia algún funcionario argentino que le podría haber marcado a sus pares cuáles eran las empresas “convenientes”. Pero aun así los cables de Sadous demuestran que los venezolanos –casi siempre generales u oficiales del ejército de alta graduación– mantenían un férreo control sobre todo. Algunas de las medidas de prueba de la fiscalía y el juzgado apuntan, por ejemplo, a establecer qué peso y qué papel tuvieron ciertos funcionarios argentinos como el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti.

8 Lo que llama la atención es la desproporción gigantesca entre la movida política y mediática y la causa judicial. En el expediente, casi todo lo declarado por Sadous quedó en el terreno de las dudas y en algunos casos desvirtuado. Es más, ahora se habla de la declaración en el Congreso del ex defensor del Pueblo Guillermo Mondino. Este firmó un dictamen sobre la operación de venta de maquinaria a Venezuela y las comisiones de Palmat: “No hay motivos para hacer ninguna denuncia penal”, certificó Mondino. Pasado a la oposición sostiene que firmó pero que igual tiene dudas.

9 Más allá de todo esto, Ercolini y Pollicita tienen todavía un margen para investigar, por un lado, los movimientos de dinero y su destino; por otro, si se compraba fueloil a Venezuela más caro de lo que se exportaba.
10 Por ahora –sin ningún ilícito probado– las operaciones con Venezuela tuvieron tres resultados que se ven a simple vista:

Primero –como señaló Bielsa–, Venezuela ayudó a superar los problemas energéticos, incluso al principio entregando gasoil sin ninguna garantía de pago.

Segundo, la industria de maquinaria agrícola realizó la mayor exportación de la historia y, por primera vez, le peleó el mercado venezolano a las empresas brasileñas.
Tercero, el comercio con la Venezuela de Hugo Chávez registró un crecimiento importantísimo, pasando de 170 a 2000 millones de dólares. Y una parte, como la de maquinaria agrícola, significó la salvación para esas empresas en momentos de crisis. Por ejemplo, les permitió mantener a sus empleados.

martes, 29 de junio de 2010

LAS MUESTRAS DE ADN DE MARCELA Y FELIPE ESTAN CONTAMINADAS

Las muestras tomadas en el operativo ordenado en su oportunidad por la jueza Arroyo para obtener el perfil genético de Marcela y Felipe Noble Herrera Noble Herrera, estarìan contaminadas. Según informa la Agencia Télam y el diario Pagina12, las prendas de Marcela contendrían los perfiles geneticos de tres personas y los de Felipe de al meos dos.

Pablo Llonto, abogado querrellante reconoció dificultades con las muestras. La jueza Sandra Arroyo podría ordenar la obtención de nuevas muestras.

La nota de Pagina 12


Las muestras no sirvieron

Los análisis de la ropa requisada a los hijos adoptivos de la dueña de Clarín estaban contaminados. La jueza Arroyo Salgado citó a los genetistas para determinar qué pudo haber sucedido. Tiene que decidir si ordena nuevos allanamientos.


Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

La jueza Sandra Arroyo Salgado llamará a declarar a todos los genetistas que participaron en los trabajos para determinar el ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera. El objetivo será esclarecer los motivos por los cuales no se pudo establecer el perfil genético de los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín. Como es obvio, existen dos hipótesis. La primera es que, por inhabilidad o circunstancias propias de estos estudios, las muestras se contaminaron y no se pudo hacer el estudio. La segunda hipótesis es que los jóvenes ya sabían que les iban a requisar la ropa, incluso en el propio juzgado, por lo cual las prendas estaban contaminadas previamente.

Todo indica que la jueza, que ya actuó en tres casos anteriores, tendrá que buscar la forma de conseguir nuevas muestras que permitan establecer el perfil genético de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Lo único que sí está claro es que en toda la historia de la búsqueda de nietos nunca se produjo un caso con semejante cantidad de dilaciones, irregularidades, idas y vueltas. Como es obvio, todo se podría evitar si Felipe y Marcela aceptaran entregar sangre –el método más seguro– y admitieran que se determinara de una vez por todas si son o no hijos de desaparecidos.

Desde hace una semana, entre los peritos oficiales y de parte viene circulando la asombrosa versión de que no se estaba pudiendo establecer el ADN de Felipe y Marcela como para compararlo con las muestras que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Los trascendidos indican que en las prendas que se le secuestraron a Marcela se encontraron perfiles genéticos de tres personas, algo totalmente inusual. En el caso de Felipe, habría perfiles de dos personas distintas en la ropa que llevaba puesta el día en que los integrantes del Cuerpo Médico Forense y los especialistas del BNDG participaron del allanamiento en la casa de su madre adoptiva.

Según genetistas consultados por este diario, obtener muestras no contaminadas es difícil. Ha ocurrido con casos en que se secuestraron cepillos de dientes o peines. Los nietos supuestamente apropiados, que en estos casos se oponen a la entrega de material genético, tienden a no decir cuál es su cepillo de dientes o su peine, de manera que hubo que repetir los procedimientos en varias oportunidades. También se dice que la contaminación de la ropa no es inhabitual porque el roce, el contacto con otras personas, puede deteriorar la muestra.

En el caso Noble Herrera los hechos llaman la atención. Los hijos de la dueña de Clarín concurrieron al juzgado de Arroyo Salgado para responderle a la magistrada si estaban dispuestos a entregar sangre para el análisis. Ambos contestaron que no. Y cuando después se quejaron por la intercepción de vehículos que se produjo minutos después y el allanamiento en la casa de Ernestina, exhibieron un argumento extraño: “Podrían habernos pedido la ropa en el juzgado, en lugar de interceptar autos o allanar la vivienda de nuestra madre”. En verdad, Arroyo Salgado había recurrido al método menos traumático, obtener la ropa en la casa de los hermanos, permitiéndoles que se la saquen en su propio baño. La frase sobre la toma de la muestra en el juzgado sugiere que, obviamente, iban preparados para eso. Y allí aparece la hipótesis de que la ropa que llevaban puesta estaba previamente contaminada, como otros nietos –en verdad, muy pocos casos– entregaron cepillos de dientes y peines que no eran de ellos. Lo que está claro es que en el momento del allanamiento a la casa de Ernestina, cuando se produjo el secuestro de las prendas, Felipe y Marcela llevaban la misma ropa que en el juzgado y una parte de las prendas requisadas fue ropa interior. Así lo declaró uno de los profesionales que participaron del procedimiento. La contaminación de ropa interior, con dos y hasta tres perfiles genéticos, es asombrosa.
Ahora le queda a la jueza Arroyo Salgado establecer qué es lo que pasó, por qué fracasó la determinación del perfil genético de Marcela y Felipe. Para ello, llamará a declarar a todos los especialistas que participaron de los trabajos. Pero, por supuesto, la magistrada enfrenta una dificultad aún mayor: conseguir las muestras que le permitan hacer la comparación con las familias que buscan a sus nietos apropiados. Nadie sabe si Arroyo Salgado ordenará nuevos allanamientos, procedimientos o cualquier otra movida. Es más, no falta quien afirma que puede volver a citar a Felipe y Marcela para convencerlos de que la forma más eficaz y seria de esclarecer el caso es que se avengan a entregar la muestra de sangre. A priori, parece misión imposible.

En  video:


lunes, 28 de junio de 2010

EL DIFICIL HORIZONTE JUDICIAL DE MAGNETTO


ADN y Papel Prensa: El CEO de Clarín podría ser procesado por delitos de lesa humanidad . 
 
Las próximas semanas pueden ser decisivas para el futuro de Héctor Magnetto. El hombre fuerte del Grupo Clarín no sólo enfrenta una sorda lucha por el poder dentro del holding –sobre la cual informó Miradas al Sur el último domingo–, sino que avizora el posible desencadenamiento de dos investigaciones judiciales que podrían llevar a su procesamiento por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Uno de los frentes que se presenta sombrío para el CEO del multimedios monopólico es la causa que investiga el origen biológico de Marcela y Felipe Noble Herrera, adoptados irregularmente en 1976 por Ernestina Herrera de Noble. Si los resultados de los exámenes de ADN que se están realizando en el Banco Nacional de Datos Genéticos determinaran que uno o ambos jóvenes son hijos de desaparecidos, esto no sólo llevaría al procesamiento de la directora de Clarín , sino que también abriría las puertas para la imputación de Magnetto, ya que en la investigación judicial hay más de un testimonio que lo señala como partícipe de los procedimientos por los cuales Marcela y Felipe terminaron siendo adoptados por la viuda de Noble.

El otro frente es la posible sustanciación de una causa penal por el despojo del paquete accionario de Papel Prensa sufrido por el Grupo Graiver entre 1976 y 1977. Mientras el Estado Nacional prepara un informe sobre cómo las acciones de los herederos y socios de David Graiver pasaron a manos de Clarín, La Nación y La Razón , una investigación realizada por dos periodistas de Miradas al Sur demuestra que se trató de una maniobra ilegal de apropiación ideada y llevada a cabo por los dueños y varios directivos de esas tres empresas periodísticas en complicidad con los militares en el poder, quienes utilizaron las herramientas que les proveía el Estado terrorista para quedarse con la empresa que monopoliza la producción de papel de diario en la Argentina. Los resultados de esa investigación fueron reunidos en un libro (Silencio por Sangre. La verdadera historia de Papel Prensa, de Jorge Mancinelli y quien esto escribe) que estará a disposición de los lectores a partir del domingo 4 de julio.

La verdad del ADN. A fines del mes pasado, la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, envió las muestras de ADN de los jóvenes que la directora de Clarín inscribió irregularmente como Marcela y Felipe Noble Herrera en 1976 al Banco Nacional de Datos Genéticos. Allí, al escribirse estas líneas, están siendo comparadas con el material genético de centenares de familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Con esa medida, la magistrada puso fin a más de siete años de estancamiento en la causa que busca establecer sus verdaderas identidades.

Si los resultados de las pruebas demuestran que uno o ambos jóvenes son hijos de desaparecidos, Ernestina Herrera de Noble podría ser procesada por apropiación indebida de menores y robo de identidad en el marco del terrorismo de Estado, un delito de lesa humanidad. El procesamiento también podría alcanzar a Magnetto, ya que más de un elemento reunido en la causa lo señala como partícipe de la presunta maniobra de apropiación.
Miradas al Sur reveló el último domingo que la directora de Clarín salió del país con destino a Uruguay el 3 de mayo pasado y que dos días después se embarcó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco con destino a los Estados Unidos, donde todavía permanece. La situación de Herrera de Noble es complicada ya que, hace ocho años, el juez Roberto Marquevich –entonces al frente de la causa– descubrió una serie de irregularidades de los trámites de adopción:
1) Ernestina Herrera de Noble declaró que dos personas habían visto que una beba (Marcela) había sido dejada en la puerta de su casa el 2 de mayo de 1976, pero esas dos personas la desmintieron.
2) También dijo que una de esas personas (Yolanda Echagüe de Aragón) era su vecina cuando en realidad no vivía en esa localidad, y que la otra (Roberto García) era el “cuidador de una finca vecina”, pero se comprobó que era su chofer personal.

3) La persona que se identificó como Carmen Luisa Delta y que supuestamente concurrió al Tribunal de Menores con la intención de “entregar a su hijo (Felipe) en adopción”, brindó un nombre y un número de documento (correspondiente a una persona de sexo masculino) que no eran los suyos. Además, nadie intentó corroborar que efectivamente fuera la madre de la criatura.

4) La viuda de Noble dijo que vivía en San Isidro, dando un domicilio distinto al que efectivamente tenía, en Avenida del Libertador 3752, en la Capital Federal. Esta cuestión invalida la competencia del tribunal que intervino en el trámite de adopción.

5) Se omitió el sistema de turnos para que la guarda del niño (Felipe) quedara radicada en el mismo tribunal que la de la niña (Marcela).

6) Se inscribió a ambos niños con el mismo apellido (Noble Herrera), de acuerdo con una legislación (los artículos 45 del decreto ley 8.204 y 76 de la ley 5.725) que había sido derogada desde siete años antes.
Magnetto en la mira . En la causa hay por lo menos dos elementos que señalan la presunta participación del CEO del Grupo en las maniobras que llevaron a la inscripción irregular de Marcela y Felipe Noble Herrera. Una de ellas es la propia biografía autorizada del Héctor Magnetto, El hombre de Clarín, escrita a pedido del propio Magnetto por el periodista José Ignacio López.

En uno de los capítulos del libro –cuya única fuente de información fue el CEO de Clarín– López se refiere a “la asistencia de Frigerio y el asesoramiento de Sofovich” en las adopciones de los niños. El economista Rogelio Frigerio –hombre cercano a Roberto Noble y de fuerte peso en la línea editorial de Clarín durante la “etapa desarrollista” del diario– fue quien, a principios de la década de los ’70, le abrió las puertas de la administración de Clarín al entonces desconocido contador Héctor Magnetto. Bernardo Sofovich –tío de los más conocidos Gerardo y Hugo– era el abogado personal de Ernestina Herrera de Noble y también aparece relacionado con la maniobra de despojo de Papel Prensa.
El 15 de mayo de 2009, José Ignacio López declaró ante el juez Conrado Bergesio, recientemente desplazado de la causa por la Cámara Federal de San Martín. Allí afirmó que lo publicado en el libro era “el resultado que me hizo el señor Magnetto de ese episodio”. La respuesta del periodista probaría que el hombre fuerte del monopolio tenía conocimiento de cómo se había desarrollado el proceso de adopción de Felipe y Marcela. Pero, además, la afirmación de López contradice la declaración bajo juramento que Magnetto hizo ante el mismo juez el 17 de septiembre de 2008, cuando dijo que desconocía los hechos. “López afirmó que la única fuente para su libro fue Magnetto y en este párrafo comenta que Frigerio y Sofovich colaboraron en la adopción de los chicos. Frigerio no era abogado y el doctor Sofovich no firmó la adopción, por lo que la hipótesis es que ayudaron a conseguir a los chicos de manera irregular y no en intervenir para asesoramiento legal. Y que, por supuesto, Magnetto tenía pleno conocimiento”, señalaron en aquel momento a Miradas al Sur cerca de la querella.
El segundo testimonio –aún más comprometedor para Magnetto– pertenece al ex propietario de La Razón en la década de los ’80, el empresario José Pirillo, quien le relató a Bergesio que Magnetto le había contado que había sido él, personalmente, quien le había conseguido los niños a Ernestina Herrera de Noble. “Cuando le consigue los chicos a Ernestina, Magnetto se queda con la línea editorial del diario –relató Pirillo a Miradas al Sur –. Ahí, en 1976, él toma el poder. Y ahí también es cuando él empieza a tener poder en Papel Prensa. A Ernestina la tiene en una caja de cristal, la hace vivir como una reina madre, pero no manda. Ésa fue la maniobra que hizo Magnetto. Él nunca apareció como siendo él quien entregó a los chicos a Herrera de Noble. A mí me pidió que no publicara nada en La Razón sobre el tema de los hijos de desaparecidos. Me dijo: ‘Tengo el suficiente poder, José, dejate de joder, los hijos se los conseguí yo con Videla’. Textuales palabras. Cuando dejo de publicar sobre hijos de desaparecidos y sigo con apropiación de bebés y tráfico de bebés me vuelve a pedir: ‘Che, no publiques nada’. Yo le pregunté: ‘¿Pero qué pasa con eso?’. ‘Que me afecta a mí y a mi mujer, José, porque los hijos que tengo me los consiguió Elisa Carrió en el Chaco cuando era empleada de la Corte Suprema.’ O sea que no están sólo los hijos de Herrera de Noble en el paquete, están los de él de por medio.”

En los más de siete años que estuvo a cargo de la causa, el juez Conrado Bergesio nunca realizó un careo entre Pirillo y Magnetto.

Papeles sangrientos. Entre fines de 1976 y la primera mitad de 1977, el Grupo Graiver fue despojado ilegalmente de Papel Prensa SA. Para lograr sus objetivos, los dictadores utilizaron presiones, amenazas, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. Paralelamente –y en pleno conocimiento de la utilización de estos instrumentos del terrorismo de Estado–, los propietarios de los tres diarios crearon una empresa fantasma con la única finalidad de quedarse con las acciones de Papel Prensa que los herederos y socios de David Graiver fueron obligados a entregar.

La participación de Héctor Magnetto, como representante de diario Clarín, en varias etapas de esa maniobra, está claramente demostrada. En primer lugar, aparece como vicepresidente del directorio de la sociedad anónima Fábrica Argentina de Papel para Diarios (Fapel) S.A.), una empresa que jamás produjo una hojita de papel y que fue creada el 31 de marzo de 1975 como primer paso del despojo de Papel Prensa. En el acta de constitución de la sociedad está identificado como “Héctor Horacio Magnetto, argentino, soltero, contador público nacional, nacido el 9 de julio de 1944”. Allí también figuran sus socios en el emprendimiento: Manuel Benito Campos Carlés (La Nación), Sergio Peralta Ramos (La Razón), Bartolomé Mitre (La Nación), Bernardo Sofovich ( Clarín, su propio nombre y en representación de Ernestina Herrera de Noble), y Patricio Peralta Ramos (La Razón).
Fapel S.A. fue creada al sólo efecto de que el Grupo Graiver le transfiriera sus acciones en Papel Prensa. La prueba es que sólo las tuvo en su poder por un breve lapso luego de que los herederos y socios de Graiver fueran obligados a firmar el boleto de venta, antes de cederlas a Clarín, La Nación y La Razón.
Magnetto (igual que Mitre, Campos Carlés, Sofovich y Patricio Peralta Ramos) fue señalado por diferentes integrantes del Grupo Graiver como uno de los representantes de Fapel que –en varias reuniones realizadas en el edificio del diario La Nación, mientras recibían constantes amenazas de muerte– los presionaron para que se desprendieran de las acciones de Papel Prensa. El 20 de mayo pasado, en su testimonio ante la asamblea de Papel Prensa, Lidia Papaleo de Graiver fue precisa: “Ahí estaba el gordito Mitre, de La Nación; Carlés, Sofovich, Magnetto. Estaban todos, pero no juntos. A mí me llevaron siempre a La Nación”, contó. Y agregó: “Siempre había hablado con (Campos) Carlés. Me citaron a esa reunión. Yo siempre he dicho que me acuerdo más de los ojos y de la cara de Magnetto que de la de mis torturadores. Me dijo que tenía que firmar”.
La reunión a la que se refiere la viuda de David Graiver se realizó la noche del 2 de noviembre de 1976 y allí firmó –fuertemente presionada– el boleto de las acciones que le pertenecían a ella y a María Sol. A cambio recibió sólo 7.000 dólares. Al salir del edificio de La Nación recibió un sugestivo aviso: “Sofovich, que era de Clarín, me llevó a la salida –estaba el contador mío– y me dijo: “¿Usted sabe cómo fue la historia de Clarín? Usted ahora se va de acá. Tome un avión adonde pueda y que después alguien se ocupe de su hija, pero váyase ya”.

El 14 de marzo de 1977, un grupo de tareas secuestró a Lidia Papaleo de Graiver. Ese día también fueron secuestradas Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi. Tres días más tarde fueron secuestrados Juan Graiver –padre de David–, su mujer, Eva Gitnacht de Graiver; Isidoro Graiver –hermano menor de Dudi–, y el apoderado de la familia en la sucesión, Jorge Rubinstein.

A principios de abril, Rafael Ianover –vicepresidente de Papel Prensa– fue nuevamente citado en las oficinas del diario La Nación para entrevistarse con Campos Carlés, Bernardo Sofovich y Patricio Peralta Ramos. Este último le exigió que les firmara la cesión de sus acciones. Antes de hacerlo –aterrorizado por la desaparición de los Graiver–, Ianover le pidió seguridades para él y su familia. “No le va a pasar nada, firme”, le aseguró Peralta Ramos.

Ianover fue secuestrado el 12 de abril de 1977.

El objetivo de los secuestros fue que ni los Graiver ni sus socios cobraran jamás el precio vil que habían debido aceptar por las acciones.

Lesa humanidad. La reciente decisión del juez federal Norberto Oyarbide de procesar al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, por el secuestro, en 1976, de los empresarios Federico y Miguel Gutheim para obligarlos a firmar un convenio comercial abre nuevas perspectivas en la caso Papel Prensa. El magistrado consideró que –por haber sido realizado utilizando las herramientas que le brindaba el terrorismo de Estado– el delito económico presuntamente cometido por el ex ministro fue un crimen de lesa humanidad.

Las similitudes entre la operación de apropiación, en el marco del terrorismo de Estado, de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón con el caso Gutheim saltan a la vista. Se trató de delitos económicos perpetrados por los dictadores y sus cómplices civiles en el marco del terrorismo de Estado y con las herramientas que éste les proveía, esto es, el secuestro, la detención ilegal, la tortura y la amenaza constante de muerte.

En este contexto se abren las puertas para que la Justicia pueda establecer cómo, entre 1976 y 1977, las acciones de Papel Prensa pasaron de manos de los herederos y socios de David Graiver a La Nación, Clarín y La Razón. También, qué participación tuvieron los dueños y directivos de esos tres diarios argentinos en esa apropiación, realizada –de la misma manera que en el caso Gutheim y muchos otros que han comenzado a investigarse– utilizando las detenciones ilegales, las amenazas y la tortura como instrumentos de presión para obtener beneficios económicos.

En otras palabras, la apropiación de Papel Prensa es un crimen de lesa humanidad –y, como tal, imprescriptible–, por el cual deben ser juzgados todos sus responsables.

Conmociones: EL PERIODISMO DE COMBATE

Por Eduardo Aliverti
 
Algo flota en el ambiente político-periodístico, llamémosle. Es la sensación de que se acerca un quiebre. Lo cual en verdad ya se produjo pero, todavía, con la ausencia del que claramente es el detonante mayor. Definitivo. O eso parecería.

Desde que estalló la guerra entre el Gobierno y Clarín-sucedáneos, por vía del choque contra el movimiento campestre merced a la intrínseca relación entre éste y las grandes corporaciones mediáticas, hubo los episodios que la profundizaron. Sin mesetas. La estatización televisiva del fútbol, la ley de medios audiovisuales, la injerencia oficial en Papel Prensa. Y todo regado con abundancia por un clima de etapa (aún es pronto para hablar de “época”, como palabra merecedora de respeto mayor), que permitió sumar medios y programas confrontadores de la prensa hegemónica. Pero no desde un lugar de análisis semiológico-elitista, que los hubo siempre junto a los muy escasos que ejercían la “resistencia”, sino a partir de topetazos directos. Ciertos productos o comentarios podrán aparecer como radicalizados en extremo, respecto de su bajada de línea oficialista; aunque tal vez no sea tanto eso como el hecho de haber habilitado el marcaje, puntual, de los negocios y operaciones que protagonizan los emporios de prensa. Y en todo caso, no son más belicosos que la brutalidad discursiva de órganos y colegas capaces de arroparse en la objetividad; así se trate de una defensa, obscena, de sus/los intereses patronales. Lo cierto es que esa frontalidad desenfadada atrajo la atención de considerables franjas sociales, capaces de encontrar en ese ¿desparpajo? la posibilidad de no sentirse tan marcianas políticamente. ¿Cómo se explica, si no, el acuse de recibo de los tan ofendidos medios tradicionales? ¿Desde cuándo reaccionan así, mentando acometidas totalitarias contra el periodismo? Hasta ayer nomás, simplemente ignoraban a sus pocos críticos. Hoy, semejan asustados. Digamos que con sentimientos muy culposos. Algo les pasa porque algo novedoso ocurre.

Volvamos a aquello del detonante. Desde hace unas semanas, la irritación mediática alcanzó niveles desconocidos con, tal vez, la única salvedad de los picos cuando el debate por la ley de medios. Pero entonces había ese vector de obviedad escandalosa. En cambio, lo que viene sucediendo a partir de la interna del radicalismo bonaerense –elevada a status de noticia casi excluyente– es impresionante. Los movimientos de la oposición alcanzan una difusión descomedida. Nadie pretende indiferencia. Al fin y al cabo, ya se vive la desembocadura electoral de 2011. Empero, nadie tampoco debería creer que esa amplificación es inocente; y mucho menos al quedar empalmada con la sacudida que provocó el festejo masivo por el Bicentenario. Bien que a enormes regañadientes, los medios y figuras opositores tomaron nota de que algo no andaba bien en la “medición” de la realidad que esparcen o perciben. En un primer momento, el único palenque al que ir a rascarse fue el acrecentamiento de la imagen del hijo de Alfonsín y, de inmediato, potenciar la foto de la derecha peronista unida. No fue suficiente para fijar la agenda pública alrededor de esas construcciones porque, entre otros motivos, lo impidió la propia dinámica de los egos en esos espacios. Sobrevinieron el aval de los supremos a la ley de medios y el levantamiento del corte en Gualeguaychú. El fallo tribunalicio, como ya se comentó en esta columna, mostró una reacción cautelosa de los grupos multimediáticos, contestes de que la atmósfera pública y el prestigio de la Corte no daban para continuar descerrajando bronca sin más ni más. Y la esperanza blanca de represión a los asambleístas entrerrianos se frustró. Lo que quedaba para agitar provino de una noticia inesperada, producto de esos arrebatos que el kirchnerismo sirve en bandeja. Fue la renuncia de Taiana, auspiciosa para el apetito opositor. Y con ella la reactivación del affaire real, inventado o potenciado de los negocios con Venezuela.

Pero claro: una cosa es tomarse de algún episodio, enmarcado en las zonas entre grises y oscuras que oferta el oficialismo; y otra el grado de obsesión ya enfermiza con que los medios del grupo Clarín, en particular, despliegan información en su torno como si, junto con los avatares de la inseguridad urbana, fuesen virtualmente las únicas noticias relevantes. Vale aclarar, vista la susceptibilidad existente, que no estamos hablando de cuestionar el papel significativo que debe ejercer el periodismo de investigación o denuncia, aun cuando provenga de intereses políticos precisos. Todo gobierno democrático está obligado a dar cuenta de sus actos y a responder por los ilícitos que se le imputen, mientras emanen del rigor profesional. Y desde ya que las acusaciones sobre el entramado con Caracas entrarían en esa misma bolsa. El tema es lo evidente de que esa obcecación monotemática ya obedece a una lógica de periodismo de combate, con el pequeño detalle de ser, en consecuencia, idéntico método persecutorio que el endilgado al oficialismo. Porque además, la agudización de este proceder se dio en una semana que registró dos hechos de una notabilidad superior. Uno fue, nada menos, la salida del default en que el país estaba sumergido desde comienzos de siglo, y por la que tanto exigieron quienes ahora despacharon la noticia a lejanos rincones. Y el otro reveló una indiferencia más insólita que curiosa: la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que limita los superpoderes del Ejecutivo para reasignar partidas de dinero extraordinarias. En buen romance, le serruchó una parte sustantiva del manejo de la caja, aunque falta la dudosa aprobación del Senado. Una muy alta fuente gubernamental, citada por este diario, reveló que el caso Sadous no genera ninguna inquietud si se lo compara con el impacto de esa decisión parlamentaria. La paradoja es muy didáctica, porque el ensimismamiento periodístico opositor con la presunta “embajada paralela” le impidió advertir que la preocupación oficialista pasaba bien por otro lado. En otros términos, la ceguera por zarandear al Gobierno cruza el límite de hacerles perder de vista algunos elementos que podrían beneficiarlos mucho mejor.

Es imposible no relacionar estas desmesuras con la inminencia del dictamen judicial que determinará si Marcela y Felipe Noble son hijos de desaparecidos. Es llamativo que Clarín no haya desmentido que su directora ya no está en el país. Lo es también que el mandamás del grupo, Héctor Magnetto, haya puesto su firma, en la edición del viernes pasado, para refutar los durísimos epítetos que le dispensó Kirchner. No hay certeza absoluta sobre lo que establecerá la inspección genética. E incluso, si se comprobara la falta de parentesco con secuestrados en la dictadura, no variaría que las irregularidades en la adopción fueron oprobiosas. Sí cambiaría el impacto. Pero por lo pronto y como sea, está claro que hay gente muy nerviosa.

Y que ese es el contexto y la referencia específica, para interpretar la conmocionante instancia que vive el periodismo argentino.

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domingo, 27 de junio de 2010

CARCELES Y DERECHOS HUMANOS

Pagina12 (Foto de ezequiel Gil Soria)

Los treinta mil

La provincia de Buenos Aires ha vuelto a cruzar la raya de las 30.000 personas privadas de su libertad, sin que por ello mejore la seguridad. Que un oficial penitenciario sea ministro de Justicia y Seguridad es simbólico de la delegación en las propias fuerzas de la responsabilidad de su conducción. Sin un acuerdo suprapartidario la demagogia punitiva volverá a usar un tema angustiante en la próxima campaña electoral.

Por Horacio Verbitsky

La provincia de Buenos Aires ha vuelto a tener más de 30.000 personas privadas de su libertad, lo cual constituye la tasa de prisionización más alta del país y sólo es superada en Sudamérica por Chile, sin que por ello se aprecie un incremento de la seguridad, salvo una leve merma de los hurtos menores. En cambio, crecen los actos de brutalidad cometidos por la policía provincial y por su servicio penitenciario, de cuyas filas proviene el ministro de Justicia y Seguridad, el alcaide mayor Ricardo Casal. Esto a su vez coincide con mayores niveles de violencia por parte de quienes participan en robos, sin que pueda asegurarse a ciencia cierta cuál es la causa y cuál el efecto aunque es ostensible que se realimentan.

Uno de cada tres

El 76 por ciento, o casi 23.000 personas, no tienen condena firme. Según la estadística que el gobierno provincial suministró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando esos casos concluyan el 30 por ciento serán declarados inocentes. Es decir que la principal provincia argentina retiene en condiciones de alojamiento que altas instancias internacionales han definido como denigrantes a unos 7000 ciudadanos/as que no han cometido ningún delito. En lo que va de este año se han pronunciado sobre esas condiciones, incompatibles con la dignidad humana y con las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos que obligan a la Argentina, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 23 de marzo; el Comité de Derechos del Niño de la misma organización, el 10 de junio, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el lunes de esta semana. En las 54 unidades penitenciarias bonaerenses sobreviven 26.000 de esas personas en condiciones vergonzosas, con frío, sin buena alimentación, remedios ni cuidados médicos y sometidos a prácticas vejatorias como traslados constantes, duchas frías, palizas y hasta torturas con electricidad. Otras 4000 se hacinan en las comisarías, que no han sido concebidas para alojar personas en forma permanente. Sin intimidad alguna deben realizar todos sus actos fisiológicos en un mismo espacio minúsculo. Durante la campaña electoral del año pasado el gobernador Daniel Scioli había anunciado que vaciaría de presos las sedes policiales para volcar la totalidad de los efectivos a las tareas de prevención en la calle. De haber cumplido esa promesa la provincia sólo habría obedecido un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pero nada de eso ocurrió. Por el contrario, esos números que habían comenzado a descender luego de la decisión del máximo tribunal, volvieron a aumentar gracias a las reformas legislativas y al discurso represivo del actual gobierno bonaerense. Como alternativa a este enfoque ilegal y autoritario, una coalición de universidades nacionales, expertos en seguridad, organizaciones sociales y partidos políticos de todo el espectro democrático elaboraron un Acuerdo para la Seguridad Democrática, que se presentó en el Congreso Nacional en diciembre y en La Plata este mes y que fue entregado en la Casa de Gobierno a la presidente CFK y a su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak. La demagogia punitiva que practica el gobierno bonaerense, con permanentes reformas legislativas para ablandar garantías procesales, acrecer las facultades de la policía e impedir las excarcelaciones durante el proceso, convirtiendo la prisión preventiva no en la excepción sino en la regla, han incrementado los niveles de violencia pero no han sido eficaces. El Acuerdo afirma que esas políticas de mano dura “se han convertido en uno de los principales obstáculos para encontrar soluciones eficaces a las legítimas demandas de seguridad de la ciudadanía”. También destaca la “sospechosa incapacidad” de sus impulsores “para desarticular los grandes mercados delictivos, conviven con sectores que gozan de una impunidad que no puede ser casual ni producto de la mera ineficiencia y no desarrollan planes consistentes para prevenir la conflictividad violenta”.

La censura provincial

Casal fue entrevistado sobre este Acuerdo y acerca del detenido desaparecido Luciano Arruga en el programa La página del medio, de Radio Provincia. Arruga es un adolescente de 16 años que luego de su detención por fuerzas policiales fue golpeado en el destacamento de Lomas del Mirador y nunca más volvió a saberse de él. La entrevista fue realizada por las periodistas Margarita Torres y Silvina Garrido al mediodía del sábado pasado. El diálogo fue ríspido y Casal levantó la voz para negar que su política fuera de mano dura y que hubiera crecido la tasa de prisionización. Al terminar, Casal les dijo que eran terribles y estaban “en pie de guerra en la discusión”, por lo cual las felicitó. Pero las autoridades de la radio consideraron que interrogar al ministro sobre estos temas constituía una falta de respeto. “Es el patrón de ustedes”, les gritó el director de Producción Radial y Programación de la radio, Oscar Castañeda Alippi, según informaron los trabajadores. El 22 de junio, el mismo funcionario y el director de Gestión Comercial, Ricardo Luis Spaletti, comunicaron la cesantía de los periodistas Marcelo Chapay y Silvina Garrido. También prohibieron colgar la entrevista en la página de la emisora en Internet. Esto provocó un conflicto gremial en el que intervinieron el Sindicato de Prensa, la Asociación de Trabajadores del Estado y la CTA. Los trabajadores denunciaron este “nuevo acto de censura” para “ocultar y silenciar casos como el de Luciano Arruga que afectan la imagen de la Policía Bonaerense”. Ante una orden previa para bajar del portal otra noticia sobre Arruga, el jefe del servicio informativo, Rubén Cassano, comunicó al director de la radio, Roberto Zarlenga, que compartía el reclamo de los trabajadores, ya que la desaparición del chico “es un hecho gravísimo”. En su última nota a las autoridades, los trabajadores escribieron que “la radio pública que pretende la sociedad y que el gobierno nacional ha hecho suya a través del impulso que le ha dado a la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, está demasiado alejada del oficialismo obsecuente que propicia la dirección de LS 11”. Recién cuando el caso cobró volumen público y ante el reclamo epistolar a Scioli, la radio revocó las cesantías. Pero los trabajadores mantienen el estado de alerta, ya que los contratos precarios por tres meses vencen el 30 de junio y temen que no sean renovados. También reclaman que se extiendan por lo menos a seis meses.

La entrevista

Ante una pregunta de las periodistas sobre la fusión de los ministerios de Justicia y Seguridad, Casal prefirió responder que el Acuerdo para la Seguridad Democrática era un documento político del ex gobernador Felipe Solá y de su ministro de Seguridad Carlos Arslanian, cuyo contenido calificó como falso. En realidad, Arslanian no está alineado con Solá sino con el gobierno nacional y el ASD fue suscripto por dirigentes políticos y sociales de todas las fuerzas del arco democrático, como el presidente del bloque oficialista Agustín Rossi y los integrantes de esa bancada Remo Carlotto, Diana Conti, Héctor Recalde y Adela Segarra; los secretarios generales de la CGT y de la CTA, Hugo Moyano y Hugo Yasky, los diputados radicales Raúl Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra; los socialistas Rubén Giustiniani y Ariel Basteiro; los miembros de la CCL Griselda Baldata, Marcela Rodríguez y Elisa Carca; Horacio Alcuaz, del GEN; los dirigentes del centro izquierda Martín Sabbatella y Pino Solanas y organizaciones de derechos humanos como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, entre muchos otros. También participaron otros expertos, como el creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín; el secretario de seguridad de Santa Fe, Enrique Font; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni y el de la Suprema Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta. Cuando le preguntaron por la autonomización de la policía que vuelve a fijar su propia estrategia como en tiempos del comisario Pedro Klodyck, Casal dijo que había una “interacción absoluta entre la policía y la representación democrática” (sic). Cada vez más molesto, Casal se negó a dar información sobre la desaparición forzada de Luciano Arruga, porque dijo que estaba delineando una nueva estrategia para esclarecer el caso de acuerdo con el Poder Judicial, y mencionó a Margarita Núñez, de Los Hornos, desaparecida durante seis meses pero no por obra policial, sino de un familiar. Una de las periodistas afirmó que “la mano dura no sirve para prevenir el delito” y preguntó acerca de penas alternativas y sustitutivas de la privación de la libertad, que logren los fines de resocialización. Casal respondió que estaba de acuerdo en términos filosóficos pero que una “realidad criminal distinta”, con aumento notable de la violencia en el delito, “anula la posibilidad excarcelatoria”. Explicó que hay personas que han “decidido que el delito sea su forma de vida”, pese al “esfuerzo del tratamiento penitenciario”. La reincidencia de aquellas personas que según Casal “son realmente peligrosas y no hay un cambio de modalidad en su vida por más opciones que tengan es casi automática” una vez cumplida una condena o lograda la libertad. Otro momento de exacerbación ministerial ocurrió cuando dijo que no era cierto que tres cuartas partes de las personas privadas de su libertad lo estuvieran con prisión preventiva. Dijo que por el contrario, el 53 por ciento tenía condena de un tribunal de primera instancia. Estos datos no coinciden con los que las propias autoridades ministeriales y penitenciarias suministraron hace pocas semanas al Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad, el colombiano Rodrigo Escobar Gil. Su informe, aprobado por la CIDH, dice que “según las cifras oficiales, el 61 por ciento de los privados de la libertad en Buenos Aires no tiene sentencia en firme; sin embargo, la Relatoría observa que dicho porcentaje no incluye aquellos detenidos en dependencias policiales”, lo cual eleva el porcentaje por encima del 70 por ciento. Como ya lo había hecho la Corte Suprema en 2005, también la Relatoría considera preocupante “el uso abusivo de la detención preventiva”, que es “una medida excepcional, de naturaleza cautelar”. La CIDH también sostuvo que “entre febrero y junio de 2010 se reportaron 241 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales 115 fueron denunciados formalmente ante las autoridades. La Relatoría también recibió información por parte de diversas fuentes sobre la falta de voluntad del Estado para investigar y sancionar los actos denunciados, la impunidad imperante, y la falta de un registro oficial, que permita contar con información fidedigna sobre la dimensión real del problema y diseñar políticas de prevención”.

La demagogia punitiva

La cantidad de personas privadas de su libertad no guarda relación con los índices delictivos, sino con decisiones políticas que a su vez responden a estrategias electorales. Durante treinta años la tasa de prisionización creció sin pausas, hasta que en 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales las condiciones de alojamiento en comisarías, objetó el uso de la prisión preventiva como pena anticipada y ordenó una serie de reformas legislativas. Forzado por esa resolución, ante el reclamo de las organizaciones sociales que focalizaron la situación en las cárceles como la principal violación contemporánea de los derechos humanos y bajo la presión del Poder Ejecutivo Nacional, el entonces gobernador Felipe Solá cumplió con algunas exigencias de la Corte. De ese modo, por primera vez se redujo el número total de detenidos en la provincia y, en forma más señalada, en comisarías. Contra lo que pretende la agenda mediática, esas reformas racionales no produjeron rechazo social. Por el contrario, el oficialismo provincial se impuso en las elecciones de 2007. Lo contrario puede decirse con la contrarreforma emprendida por Scioli, cuya demagogia punitiva no fue acompañada por el éxito electoral. La cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia creció un 11 por ciento y en comisarías un 51 por ciento y sin embargo el oficialismo fue derrotado. Por supuesto, en los comicios influyen una gran diversidad de elementos, pero los resultados de 2007 y 2009 bastan para poner en cuestión la ciencia infusa que medios y políticos comparten sobre las bondades proselitistas de la ilusión penal. Si se observa desde los intereses generales de la sociedad y no de la dirigencia política, la esterilización de un enorme porcentaje de la fuerza policial para custodiar a los detenidos, 24 horas por día los 365 días del año, lejos de reforzar la seguridad la deteriora. La devolución de todo el poder a la policía, liberada de los controles civiles, se refleja en su ineficiencia investigativa (caso Pomar), su desinterés o incapacidad para enfrentar a las grandes bandas (caso Tigre), su corrupción (primero algunos jueces y luego el ex ministro Stornelli denunciaron que la policía recluta jóvenes y adolescentes para robar) y su violencia (caso Arruga y otras sesenta muertes en episodios en los que intervino la bonaerense. En algunos se ha comprobado el estado de indefensión de las víctimas y el uso desproporcionado de la fuerza). En el caso de Emiliano Martino, de Ramos Mejía, la policía disparó sobre el auto pese a que sus familiares habían alertado que se lo estaban llevando como rehén. Antes de cualquier peritaje de las armas, Casal declaró que las balas que mataron al ciudadano secuestrado no fueron policiales. Estas políticas se replican luego en los municipios. En Tigre comenzó a actuar una UCEP como la que Maurizio Macrì montó en la Capital, que en compañía de funcionarios policiales desalojan familias en la noche e incendian sus precarias carpas y frazadas. Los desalojados cortaron una ruta, pero por presión del intendente Sergio Massa ni las radios, ni el diario ni el canal de televisión local lo informaron.

La reforma como estafa

Las reformas anuales del Código Procesal no dan cuenta de la inutilidad de la reforma anterior, lo cual constituye una estafa a la sociedad. En consecuencia no se resuelve la inseguridad; aumentan la violencia y la impunidad policial en las calles; colapsan las cárceles, cuyo hacinamiento recrudece la violencia al interior de los penales y el Estado argentino termina sancionado por organismos internacionales como la OEA y la ONU por la situación en las cárceles y por los casos de violencia policial.




LA IGLESIA VS. SARAMAGO


www.elargentino.com y Revista Veintitres (alli la nota completa)

La guerra póstuma de Saramago

Por Diego Rojas

Es algo extraño lo que pasa cuando muere el autor de algún texto que marcó nuestra existencia. Quedan las palabras impresas, el sentido atrapado de esa narración o poesía, el recuerdo del placer o el goce de la lectura y, también, la certeza de que es imposible que aquello se repita con los mismos trazos, las mismas formas. Cuando la semana pasada se supo que José Saramago había muerto, a los 87 años, millones de lectores sintieron esa aprensión que sucede a las malas noticias. Ya no se podrían leer novelas como El año de la muerte de Ricardo Reis, El evangelio según Jesucristo o Ensayo sobre la ceguera, entre muchas otras. Saramago había muerto. Todos estaban afligidos, conmocionados. Es decir, casi todos.

L’Osservatore Romano, el órgano oficial del Vaticano, publicó un particular obituario del escritor. “Fue un hombre y un intelectual de ninguna admisión metafísica, hasta el final anclado en una proterva confianza en el materialismo histórico, alias marxismo”, decía el artículo firmado por Claudio Toscani. “Uncida como estuvo siempre su mente por una desestabilizadora banalización de lo sagrado y por un materialismo libertario que cuanto más avanzaba en los años más se radicalizaba, Saramago no dejó nunca de sostener una simplificación teológica inquietante: si Dios está en el origen de todo, él es la causa de todo efecto y el efecto de toda causa”, continuaba. El cadáver de Saramago todavía no estaba completamente frío.

Sin embargo, no habría que indignarse: las guerras de ideas no se detienen porque uno de los contendientes muera. Y Saramago, de creer en la vida después de la vida, hubiera disfrutado de este enfrentamiento póstumo con los ideólogos de la superstición religiosa. Aunque vale aclarar que es señal de honorabilidad rendir homenaje al enemigo en el momento en que cesa su existencia, si se considera que fue un digno oponente. El diario del papa Joseph Ratzinger estuvo lejos de esa actitud.

Tal vez tenía razones: Saramago no sólo se había convertido en un exquisito narrador, condición que le valió ganar el Premio Nobel de Literatura en 1998, sino que había hecho de la militancia una de sus pasiones. Convencido comunista, consideraba que una de sus tareas era sacudir de las conciencias al opio de los pueblos –tal como calificaba Karl Marx a las religiones–. No sólo apoyaba, entonces, a los movimientos políticos de liberación que se esparcen por el mundo, sino que reflejaba en obras o discursos una férrea oposición a la existencia de seres divinos o a la posibilidad de vida después de la muerte. En El evangelio según Jesucristo o en Caín, su última producción literaria, había plasmado sus obsesiones sobre el asunto y determinado que, en todo caso, los dioses recogían las peores características del ser humano, como la omnipotencia, la tendencia a la violencia, la rigidez de pensamiento o el autoritarismo.

“Saramago defendió a los palestinos con una claridad formidable, como pocas veces se mostró frente al Estado de Israel –señala el padre Luis Farinello a Veintitrés–. Se comprometió con su tiempo y siempre puso toda la carne al asador en sus argumentaciones, que a veces redundaban en posiciones que negaban todo valor a la religión, con lo que no acuerdo. Me siento más cerca de lo que dijo Ernesto Cardenal que lo que planteó esa nota, que refleja a una Iglesia conservadora, cerrada en sí misma, lejana de las angustias del hombre de hoy.” Cardenal, poeta que fue ministro sandinista durante la revolución nicaragüense, había afirmado: “Era un gran escritor, merecedor como pocos del Nobel, pero además un bello ser humano, un comunista profundamente honesto, defensor de todas las buenas causas, un hombre humilde”.

 

sábado, 26 de junio de 2010

LAS MENTIRAS DE CLARIN

En su enfermizo combate destituyente contra el Gobierno Nacional y contra Nestor Kirchner, el grupo Clarín y su CEO Hector Magnetto, por medio de su Diario Clarín y sus mas de doscientos medios de difusión, nos quiere imponer a los argentinos una realidad inexistente y una política exterior no votada por el pueblo. Se desespera al verificar que su poder no es el mismo de antes. El mismo poder que le permitió ser socio de los señores de la muerte de la dictadura, conseguir hijos de desaparecidos "de gauchada", según denuncia José Pirillo, ex dueño del Diario La Razón, y creerse con poder para tumbar gobiernos democráticos.


Magnetto editorializa y en su alocada guerra, la verdad  se esconde atras del velo de los intereses corporativos, con el coro de supuestos periodistas "independientes". Nelson Castro, en pose de "republicano", no cesa de referirse al ex-Presidente, diputado, Presidente del Partido Justicialista y Secretario General de UNASUR Nestor Kirchner como "el ex presidente en funciones". Un irrespetuoso importante. La historia va a recordar a estos personajes.




Pagina12

TIMERMAN RECLAMO QUE SE HAGA PUBLICA LA DECLARACION DE SADOUS

“Me preocupa la mentira”


Por David Cufré

Desde Toronto

El canciller Héctor Timerman se presentó en el lobby del hotel de Toronto donde se aloja Cristina Fernández de Kirchner para participar de la cumbre del G-20 y convocó a una conferencia de prensa. La expectativa era que entregara las primeras definiciones oficiales sobre cómo marchan las negociaciones previas a esa reunión, pero el ministro sorprendió. Dijo que frente a una ofensiva mediática con información falsa sobre lo ocurrido en la audiencia secreta que mantuvo el ex embajador en Venezuela Eduardo Sadous, a mitad de semana en el Congreso, había resuelto pedirle al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, que revelara el contenido completo de lo tratado en esa sesión tal como lo tomó el cuerpo de taquígrafos. “Puedo asegurarle que con dicha medida podremos minimizar el daño ya perpetrado a nuestro Servicio Exterior y tal vez, más importante aún, llevar tranquilidad a una sociedad bombardeada con información falsa vertida con un interés avieso y mendaz”, concluye la carta que Timerman remitió a Fellner con su solicitud. Esa decisión había sido acordada a media mañana con la Presidenta frente a la forma en que se viene exponiendo el tema en grandes medios de comunicación.
El anuncio ratificó que el estilo del nuevo canciller es más confrontativo que el que mostraba su antecesor, Jorge Taiana. Y tuvo toda la impronta del Gobierno, al pasar a la ofensiva con un tema en el cual el conglomerado opositor venía tratando de acorralarlo. Timerman, sin embargo, no cargó las tintas sobre la oposición, sino que responsabilizó directamente a un sector de la prensa, que con sus publicaciones estaría afectando o interfiriendo en las relaciones exteriores de la Argentina con los 182 países con los cuales tiene un vínculo directo. “Los trascendidos de una reunión secreta en el Congreso están siendo tomados como si fuera el affaire de una vedette”, comparó el funcionario.

¿Le preocupa el contenido de la declaración de Sadous? –le consultaron.

–Lo que me preocupa es la mentira. Entonces yo prefiero que a esta altura se sepa todo lo que se dijo en la audiencia y se termine de una vez con esta historia, porque realmente parece que se estuviera hablando del romance de una artista de teleteatro más que de las relaciones exteriores del país –respondió.

El canciller recordó que el sábado pasado, al llegar al país, se comunicó con Sadous para ratificarle que contaba con su autorización para participar de la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados. “Le pedí solamente dos cosas: que dijera todo lo que tenía que decir, pero también que tuviera en cuenta la Ley del Servicio Exterior de la Nación, que pide reserva sobre hechos que requieren cierta confidencialidad en las relaciones exteriores”, apuntó. “También que tratara de que su asistencia a la comisión no se convirtiera en un escándalo político –siguió Timerman–. Dejé pasar unos días y hoy a la mañana resolví pedirle al presidente de la Cámara de Diputados que revelara todo lo ocurrido, preocupado por el cariz que está tomando la difusión mediática del acontecimiento.”

El argumento oficial es que al no resguardarse la confidencialidad que marca la ley, los países que tienen relaciones diplomáticas con la Argentina podrían empezar a desconfiar de su trato con el país. “Los representantes de esas naciones van a informar a sus capitales lo que está pasando y eso me genera preocupación”, advirtió el canciller.

¿Puede haber sanciones para Sadous? –preguntó Página/12.

–No conozco el testimonio, él no ha hecho declaraciones públicas. Confío en que habrá respetado la ley. Primero voy a leer sus declaraciones cuando la Cámara de Diputados las dé a conocer.

¿Algún embajador de esos 182 países le ha hecho llegar a la Cancillería una consulta por lo ocurrido?

–No. Pero creo que se están usando temas de política exterior por parte de algunos grupos mediáticos que no paran de intentar debilitar al Gobierno y a toda la sociedad argentina para obtener ciertos beneficios.

La carta que envió a Fellner tiene ese mismo tono. Sostiene que tras el testimonio del embajador Sadous, “algunos medios comenzaron una ofensiva, pocas veces vista, para publicar supuestos dichos brindados por el funcionario”. “Debo confesarle que el lugar que dichos medios siguen concediendo a lo sucedido en una reunión secreta aumenta mi preocupación con el paso de los días”, continúa, para concluir con el pedido para que el Congreso haga públicas las declaraciones del ex embajador en Venezuela

viernes, 25 de junio de 2010

CUANDO LOS TOBAS JUEGAN AL RUGBY

Hilario vive en el Barrio Nam Qom de Formosa. Junto a un grupo de amigos, allá por el 2000 fundó el Qompi Rugby Club.

El equipo de rugby “Qompi” es un espacio de recreación e integración para los jóvenes Toba - Qom de Formosa, quienes desarrollan actividades deportivas y encuentran en la institución un lugar de participación y en muchos casos, una alternativa a la droga y a la marginación.
A fuerza de mucho compromiso se han ganado un lugar en la liga formoseña de rugby. Hoy nuclean alrededor de 200 niños y jóvenes originarios. Recientemente, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, consiguieron camisetas y equipo deportivo.

"Clarín está insultando y agraviando al Gobierno"





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El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que Clarín está "insultando y agraviando para beneficiarse en sus propios negocios y perjudicar al Gobierno", tras lo publicado hoy sobre las supuestas declaraciones efectuadas ayer por el ex embajador en Venezuela en Diputados.

El jefe de ministros se refirió a la información publicada hoy en el matutino donde se expone el supuesto diálogo que Eduardo Sadous mantuvo ayer con los integrantes de la Cámara baja cuando fue al Congreso a brindar detalles sobre su supuesta denuncia alrededor de las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela. 

“Todo esto es un gran verso que ayer se ha dilucidado y Clarín ha puesto en la tapa lo que los empleados del mes le cuentan para hacer de esto una mugre, porque no hay nada para decir de Néstor Kirchner, no hay nada”, subrayó el jefe de Gabinete.

“Si Clarín pretende mostrar con su tapa o (Héctor) Magnetto, ensuciar como hace permanentemente, como hace siempre con el Gobierno, no lo logra, porque eso no se puede saber porque fue secreto”, advirtió y agregó: “Sería torpe que yo me calle la boca porque se está tratando de diezmar a las instituciones argentinas”.

Para el funcionario, Clarín “quiere perjudicar al país y al Gobierno para beneficiarse con sus negocios, no pasa por el derecho a la información”.

“No están pensando como ofrecer la noticias en condiciones, todo lo que buscan es la mejor forma para distorsionar las noticias todo tiene que ser negativo y lo multiplican en TN y en todos los medios que tienen”, indicó.

Por otro lado, Fernández aclaró que no le preocupa que escrachen su figura: “A mi me honra que Magnetto me escrache, me produce placer personal, me honra porque mienten porque hacen daño a un montón de gente que en forma militante todos los días hacen saber sus verdades y que no tiene nada que ver con la mugre que escriben ellos”.

En cuanto a las relaciones comerciales entre la Argentina y Venezuela, por lo que ayer fue a declarar en reunión secreta Sadous, el jefe de Gabinete dijo que “en ninguno de los cables que se envió dice una sola palabra de esta situación”.

“Los he visto uno por uno, con lo cual los funcionarios tenemos la responsabilidad ante un delito de denunciarlo, o sea que si hubo algo debería haberlo hecho antes”, indicó y agregó: “Argentina nunca tuvo manejo de dinero, no existió eso”.

Para Kirchner, “al único que le interesa agitar lo de Sadous es al delincuente Magnetto”

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25-06-2010 /  Aseguró ayer sobre los dichos del ex embajador Eduardo Sadous respecto de que el ex mandatario estaba al tanto de supuestas maniobras de corrupción en la relación comercial entre la Argentina y Venezuela que “es evidente que al único que le importa promover eso es al delincuente de (Héctor) Magnetto, que es el dueño de Clarín”.

Néstor Kirchner, tras el encuentro con embajadores.
“He leído todo el expediente y en absoluto se puede decir eso, yo no le puedo dar mucha importancia a eso”, dijo Kirchner al ser consultado sobre una mención que habría hecho Sadous durante un encuentro con diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

Por otra parte, el ex presidente cuestionó los “festejos” de los diputados de la oposición tras lograr modificar un proyecto de ley que limita los superpoderes al Ejecutivo, y aseguró que si él estuviera en este momento al frente del Poder Ejecutivo, “vetaría” esa iniciativa.


Kirchner hizo estas declaraciones al periodismo, al cabo de un encuentro con 15 embajadores latinoamericanos en la sede de la embajada de Colombia, en su rol de secretario general de Unasur.


El jefe del PJ destacó que “cuando se tienen responsabilidades institucionales, festejar si eso puede servir o ser una máquina de impedir, es tener poca visión estratégica”. “Más que festejar, lo importante es cómo se ayuda a gobernar y a consolidar la transformación que la Argentina está llevando adelante”, agregó el ex mandatario, que insistió en que “la Presidenta tiene los atributos necesarios para profundizar la gobernabilidad; yo no recomiendo nada, pero la apoyo incondicionalmente”.


Luego, aclaró que “si me preguntan si me llegara un proyecto de este tipo (siendo jefe de Estado para transferir partidas) del 5% del presupuesto, si lo tuviera que vetar, lo vetaría sin problemas”.


Sobre el almuerzo con los embajadores remarcó que “fue una reunión muy productiva, importante y muy buena. Conversamos sobre la agenda de la Unasur y sobre cuáles eran los temas fundamentales.


Hicimos un repaso por los temas pendientes y la situación mundial”, y adelantó que viajará a Colombia para reunirse con el presidente saliente Álvaro Uribe y el electo Juan Manuel Santos.

LA MUERTE DE DIEGO BONNEFOI

Pagina12

“Disparó cuando el perseguido se hallaba de espaldas”

El juez consideró que se trató de un homicidio “alevoso” y que el policía abusó de sus funciones. El crimen de Diego Bonnefoi derivó en una protesta, represión y otras dos muertes en Bariloche, donde ayer hubo una nueva marcha para reclamar justicia.

Por Carlos Rodríguez
Desde San Carlos de Bariloche

Familiares, vecinos y gremios de Bariloche reclamaron ayer el esclarecimiento de las dos muertes ocurridas por la represión.
“Le quitó la vida de modo jurídicamente injustificable.” De esa forma lapidaria, el juez Martín Lozada calificó la actitud del cabo de la policía local Sergio Colombil, en la madrugada del 17 de junio pasado, cuando disparó por la espalda contra el adolescente Diego Bonnefoi. El magistrado convirtió ayer en prisión preventiva la detención que sufre Colombil desde el mismo día del hecho, por considerar que fue autor de homicidio “doblemente calificado por alevosía y por haber abusado de sus funciones” en el cargo que desempeñaba. En su resolución, Lozada sostuvo que el suboficial actuó “por fuera de las potestades que le fueron conferidas por el Estado democrático”, dado que “disparó su arma de fuego en contra de la cabeza de su perseguido, a punto tal que le impactó en la zona del cráneo, cuando ninguna circunstancia ameritaba que hiciera tal cosa”. De mantenerse la calificación cuando se llegue a la sentencia, en juicio oral y público, Colombil podría ser condenado a la pena máxima de reclusión perpetua. El caso de Diego Bonnefoi derivó en una protesta frente a la Comisaría 28ª de Bariloche que fue reprimida en forma violenta, lo que provocó otras dos muertes. Los episodios del jueves y viernes pasado conmocionaron la ciudad turística, sumida ahora en un debate que excede lo policial y que desnudó la dramática situación social de muchos de sus habitantes. También hubo dos marchas en apoyo a la policía.

Lozada resolvió la situación procesal del imputado, días después de haber rechazado la recusación en su contra presentada por la defensa del policía acusado. El trámite, que podría significar el apartamiento del magistrado por supuesto “prejuzgamiento” de Colombil, quedó ahora en manos de la Cámara de Apelaciones, que tendrá que resolver si acepta o rechaza los argumentos de la defensa del policía para tratar de separar a Lozada de la causa. Según el defensor de Colombil, el juez habría incurrido en “prejuzgamiento” porque se reunió con la familia de la víctima y por expresiones públicas en las que habría dado por hecho la participación del policía en el crimen. Ayer, en una nueva marcha para reclamar justicia, los familiares de Bonnefoi y distintas organizaciones sociales, políticas y gremiales expresaron su apoyo a la actuación del juez Lozada.

En principio, con las pruebas reunidas hasta el momento, el magistrado consideró que el cabo Colombil, que tiene apenas 22 años, es “autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía y por haber abusado de sus funciones en el ejercicio de su cargo de empleado policial”. El juez hizo una descripción detallada de los hechos, basándose, sobre todo, en los testimonios de los tres policías que acompañaban a Colombil la noche de los sucesos, cuando perseguían a un grupo de cuatro chicos que, presuntamemente, habían cometido un robo o un hurto, es decir un delito de escasa relevancia.

Dijo Lozada que “el día 17 de junio de 2010, siendo la hora 4.30 aproximadamente, personal policial afectado al funcionamiento de la Comisaría 28ª intentó demorar a cuatro jóvenes que habían sido advertidos en actitud sospechosa, a quienes probablemente impartieron una voz de alto que aquellos no acataron”. Esto dio lugar a que se iniciara “una persecución que, en lo que a la presente investigación atañe, tuvo al prevenido y a Diego Bonnefoi como protagonistas”. El disparo se produjo cuando el cabo corría “dos o tres metros” atrás del chico que resultó muerto por un impacto de bala en su cabeza.
Lozada analizó de la siguiente manera la forma en que actuó Colombil: “Su despliegue en la ocasión fue claro y ha sido objeto de relato por parte de sus compañeros (...) Consistió, puntualmente, en aprovechar la proximidad corporal de Bonnefoi para, mientras lo corría, sacar su arma de fuego reglamentaria, desplazar la corredera para posibilitar la concreción del disparo y apuntar en contra del nombrado. Tras ello, en plena carrera y mientras el perseguido se hallaba de espaldas, apretó el gatillo de su arma y efectuó el disparo mortal”.

Como dato de importancia, el magistrado señaló que “no pueden soslayarse las características y especificidades del comportamiento que protagonizó” el cabo de la policía local en razón de que ellas “se refieren al contexto puntual en el cual el prevenido efectuó la acción que se le reprocha, marcado por la absoluta innecesariedad funcional, puesto que si lo que pretendía Colombil era lograr” la detención de Bonnefoi “bien estaba a su alcance recurrir a otros métodos y recursos para lograr dicha finalidad”.

Subrayó Lozada en su resolución que “lo que tuvo frente a sí el encartado fue a una persona que corría adelante suyo, muy probablemente desarmada, quien ni siquiera lo había atacado de modo alguno, a la cual, aprovechando su calidad de empleado policial en funciones, en franco abuso de su cargo y por fuera de las potestades que le fueron conferidas por el Estado democrático y constitucional de derecho para velar por el orden público, le quitó la vida de modo jurídicamente injustificable”. En este punto hay que aclarar que, al principio, la versión que dio sobre el hecho el jefe de la Regional local, comisario Argentino Hermosa, fue que el cabo había disparado su arma “sin intención” de hacerlo, en el marco de “una pelea, una reyerta”, que el juez estima que nunca existió. Para desgracia de Colombil, la hipótesis se basaría en el testimonio de los otros policías que participaron de la persecución de los cuatro chicos, tres de los cuales no fueron alcanzados y se ignoran sus nombres.

Cuando describió el momento culminante del homicidio, el juez sostuvo que Colombil “disparó su arma de fuego en contra de la cabeza de su perseguido, a punto tal que el proyectil le impactó en la zona del cráneo, cuando ninguna circunstancia ameritaba que hiciere tal cosa. Se trata de un homicidio alevoso, cometido en ocasión en que la víctima se hallaba en una manifiesta inferioridad de condiciones fácticas, incapacitado para ejercer cualquier posible defensa o para intentar de cualquier modo paliar el mal que sobre su persona se avecinaba”.

Por lo expuesto, el magistrado resaltó que fue “un homicidio, en suma, cometido por el imputado cuando ningún riesgo se cernía sobre su integridad personal y respecto de una persona que, de acuerdo con la situación fáctica-corporal en la cual se hallaba, se encontraba a merced de su agresión mortal”.

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